Real Academia Española

El 23% de los fondos de la RAE son de origen público y sus cuentas poco transparentes

Mario Vargas Llosa felicita a Félix de Azúa por su ingreso en la RAE el pasado 13 de marzo.

Las declaraciones del académico de la Real Academia Española (RAE) Félix de Azúa, que en una entrevista en la revista Tiempo comentó que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "debería estar sirviendo pescado" porque "no tiene ni idea de cómo se lleva una ciudad ni le importa", han puesto el foco sobre la institución que, según recoge su propio lema, tiene encomendada la función de limpiar, fijar y dar esplendor al idioma español. 

La RAE –así se detalla en su Reglamento– es una institución de carácter "asociativo y privado". No obstante, recibe en cada ejercicio una asignación ordinaria vía Presupuestos Generales del Estado que, en 2015, fue de 1.618.910 euros. Esta cantidad se ha recortado de forma considerable en los últimos años. En 2010 la partida fue de 3.721.080 euros. El descenso es, por tanto, del 56%. 

A preguntas de infoLibre, un portavoz autorizado de la RAE confirma que el presupuesto anual de la corporación ronda los siete millones de euros. Por lo tanto, la subvención del Estado supone el 22,8% de ese presupuesto. El resto proviene de la venta de libros, de los rendimientos por derechos de autor, así como de las cantidades que aportan patrocinadores y donantes particulares, que se canalizan a través de la Fundación pro-RAE. A pesar de la petición de este periódico, la corporación declinó concretar el volumen de estos ingresos y qué peso tiene cada uno de estos conceptos sobre el total. 

En el departamento de comunicación del Tribunal de Cuentas confirman que el órgano fiscalizador del Estado no audita las cuentas de la RAE porque se trata de una entidad de derecho privado. No obstante, la corporación sí remite, en cada ejercicio, un informe a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es el organismo que se encarga de vigilar el destino de las ayudas públicas. Estos informes, no obstante, no son de libre consulta, tal y como confirma a este diario una portavoz del Ministerio de Hacienda. 

Por otro lado, el Estado, también a través del Ministerio de Educación y Cultura, financia la comisión permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) –que reúne a las 22 academias de la lengua de cuatro continentes– y que está presidida por la misma persona que ocupa la dirección de la RAE, que en la actualidad es el filólogo Darío Villanueva. El año pasado la aportación pública para esta asociación fue de 171.390 euros.

120 euros por reunión 

Los 46 académicos de número –entre los que se encuentra el escritor Félix de Azúa– no cobran un sueldo como tal por su condición de miembros de la RAE. Sí reciben una dieta de 120 euros por la asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno, el máximo órgano de gobierno de la Academia, que se reúne cada jueves. Si no acuden, no se les paga ese dinero. Además, a los que residen fuera de Madrid, donde se encuentra su sede, se les abonan los viajes y la estancia en la capital. 

La Junta de Gobierno –el órgano ejecutivo ordinario de la Academia– está integrada por nueve miembros: director, vicedirector, secretario, censor, bibliotecario, tesorero, vicesecretario y dos vocales adjuntos. Todos ellos son académicos de número. El director, el filólogo Darío Villanueva; y el secretario, cargo que actualmente ocupa el jurista Santiago Muñoz Machado, reciben una compensación extra también en concepto de dieta como contraprestación a su dedicación "casi permanente". No obstante, a preguntas de este periódico, la RAE también declinó especificar la cuantía exacta de esas retribuciones.

La plantilla de la corporación la integran un total de 71 empleados. 22 de ellos están directamente contratados por la Academia y son fundamentalmente lingüistas, filólogos, lexicógrafos, informáticos y administrativos. Estas personas trabajan, por ejemplo, en la elaboración o actualización de diccionarios y gramáticas; el mantenimiento del servicio gratuito de consultas "Español al día" en el que, cada día, se reciben entre 200 y 300 dudas de los hablantes sobre el uso correcto del español; o en la gestión de las redes sociales a través de las cuales la corporación también resuelve cuestiones de los usuarios de la lengua. 

Los otros 49 trabajadores están en nómina de la sociedad RAE Gestión SLU –100% propiedad de la Academia– que fue creada en 2010 con el objetivo de promocionar la explotación de los productos de la corporación. La RAE mantiene abierta una tienda onlineen la que se pueden comprar diccionarios, gramáticas, ortografías, así como otras obras literarias y variado merchandising de la institución. 

Patrocinio privado 

Fundada en 1713 con el propósito de elaborar un diccionario que contribuyera a mejorar y divulgar el conocimiento de la lengua española, la RAE ha contado tradicionalmente con patrocinios de origen privado. No obstante, la implicación de empresas y bancos fue impulsada principalmente a partir del año 2000, tras el el llamamiento de ayuda a las principales entidades bancarias que Luis Ángel Rojo hizo al dejar la presidencia de la Fundación Pro RAE, creada en 1993 como instrumento de apoyo a la ejecución de proyectos de la Academia.

Estas aportaciones se han hecho, si cabe, más relevantes en los últimos años, cuando la corporación se ha enfrentado, al mismo tiempo, a un fuerte tijeretazo público y al reto de mantener productos de elaboración compleja y costosa que se consultan de forma gratuita a través de internet. Por ejemplo, La Caixa patrocina la consulta en línea de su principal obra de referencia, el Diccionario de la lengua española, que sólo el mes pasado recibió 63 millones de visitas, principalmente, provenientes de España, México, Argentina y Colombia. El 21 de octubre de 2015 se presentó oficialmente ese convenio, que tendrá inicialmente una duración de tres años. 

La fundación también tiene firmados en la actualidad acuerdos de colaboración con alguna de las principales empresas del Ibex 35. Por ejemplo, Endesa mantiene desde 1999 un convenio cuyo objetivo es la revisión de los americanismos que aparecen en el Diccionario de la lengua española. El Banco Santander, por su parte, acordó en febrero del año pasado contribuir con 700.000 euros a la continuación de las actividades de investigación vinculadas al desarrollo del Corpus del Español del Siglo XXI. 

Iberdrola también ha suscrito otro acuerdo que tiene como objetivo "desarrollar un producto tecnológico de calidad industrial para el acceso digital a las obras de referencia de la Real Academia Española y, en particular, al Diccionario"; OHL patrocina la revisión de los tecnicismos contenidos en el diccionario académico; e IBM aporta una ayuda que se concreta en diversos programas y material informático, además del mantenimiento de los equipos. Anteriormente, la fundación también ha encauzado las aportaciones de Repsol, Mapfre, Caja Madrid, Inditex, Altadis, Civitas Ediciones, Espasa y Prisa a distintos proyectos. El único acuerdo de cuyo importe informa la RAE en su página web es el suscrito con Telefónica

Venta de publicaciones 

Otra vía de ingresos de la Academia tiene su origen en la venta de sus publicaciones: diccionarios, gramáticas, ortografía, ediciones conmemorativas, facsímiles... A preguntas de infoLibre, un portavoz de la corporación declinó cuantificar cuál era el volumen de estos ingresos. La página web oficial de la RAE, no obstante, sí recoge cierta información al respecto. Del análisis del catálogo de publicaciones se deduce, por ejemplo, que la corporación mantiene una privilegiada relación las editoriales Espasa (Grupo Planeta) y Santillana (Grupo Prisa), que vienen editando los principales volúmenes que publica. Círculo de Lectores, por su parte, ha editado, al menos desde 2011, todos los títulos de la Biblioteca Clásica. 

En este sentido, resulta llamativo es que la Academia Española, financiada al 22,8% por el Estado, no convoque concursos públicos para adjudicar sus contratos. No obstante, no está obligada a hacerlo porque las reales academias son "corporaciones científicas de derecho público", lo que la exime de cumplir la legislación de contratos de las administraciones públicas.

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