Un año de periodismo sin miedo al servicio de las socias y socios de infoLibre: 25 de las exclusivas de 2021
Desde las nuevas revelaciones de FootballLeaks que diseccionan cómo funciona el fútbol por dentro a las de The Code, que relatan la opacidad y trabas fiscales en la Unión Europea. Todo con centenares de documentos secretos, que salieron a la luz por primera vez gracias a infoLibre. Desde la mediación del presidente de Murcia en una operación de un familiar del número dos del PP, Teodoro García Egea, a los beneficios de la Iglesia y su evolución. Para despedir el año, seleccionamos a continuación 25 informaciones desveladas por infoLibre en 2021 que prueban el compromiso editorial de este periódico, cuyos ingresos dependen de forma mayoritaria de las cuotas que abonan los suscriptores.
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El 7 de junio de este año, infoLibre publicaba esta fotografía que figura bajo el titular de este recopilatorio. En ella, se ve al presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP, mensajeándose con el número dos de los conservadores y secretario general del partido, Teodoro García Egea. En los mensajes se ve cómo el líder del Ejecutivo regional mediaba en una operación quirúrgica a un familiar de su compañero de formación. “Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde”, escribió. “Cojonudo”, reaccionó el secretario general del PP en cuanto López Miras le transmitió, literalmente y como en un copia y pega, la información que acababa de facilitarle un alto cargo de la sanidad murciana: el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente. "Asegúrate de que lo citan, por favor", se ve teclear a López Miras al alto cargo de Sanidad sobre el familiar de García Egea en un mensaje a medio escribir. Los whatsapps fueron captados durante el pleno parlamentario del 14 de abril.
Tras la publicación de la información, los protagonistas de la misma denunciaron a infoLibre (no tardaron ni 48 horas) y a la autora de la información, la periodista Alicia Gutiérrez, que fue citada a declarar ante el juez junto al director del periódico, Daniel Basteiro, por un supuesto delito de revelación de secretos —según la denuncia de los conservadores—, que podría suponer una pena de prisión de hasta cinco años. Desde el PP prefirieron denunciar antes a infoLibre por revelar su secreto en una España asolada por la pandemia y con dudas sobre la ejemplaridad de los cargos públicos que rectificar la información, señal de que era cierta de principio a fin. En estos momentos, el proceso sigue en curso y en infoLibre costeamos los abogados. Pero seguimos informando frente a cualquier presión.
El fundador y accionista mayoritario de Inditex, Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos de España —y del mundo—, quiso ahorrar en el pago de impuestos de un yate de lujo que le costó 95 millones. Para ello, creó una estructura societaria en Malta para abanderar allí la embarcación. Si lo hubiera hecho en España, Ortega habría tenido que pagar unos 24 millones más en concepto de IVA y de impuesto de matriculación. También tendría que haber pagado a un mayor precio la cotización de los 18 tripulantes contratados. La compañía principal que le permitió este ahorro se llama Crepusculum, que creó dos filiales, Drizzle Yachts XXI y Claritas Company, dueñas de los dos barcos que Ortega abanderó sucesivamente en Malta.
Micampus es el segundo grupo más grande en España de residencias de estudiantes. Tiene, concretamente, 16 centros operativos y otros cuatro en construcción. Está controlada por el fondo luxemburgués Stoneshield y uno de sus dueños es Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola, el mayor de los tres hijos de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que ha conseguido, gracias a la estructura societaria que ha creado, reducir al mínimo el pago de impuestos durante la vida del fondo y también cuando se produzca la venta de la sociedad que es dueña de las residencias. infoLibre publicó esta información porque ha tenido acceso a la documentación sobre las cuatro sociedades controladas por Morenés y su socio, Juan José Pepa, en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP y gracias al apoyo de la mayoría de diputados del PSOE y Unidas Podemos, ocultó información al Congreso. Como desveló infoLibre, el jurista entregó un currículum en el que comunicaba a la Cámara que su relación como socio de Estudios Jurídicos y Procesales SL había acabado en mayo de 2017. Desde esa fecha, dijo, ejercía "la abogacía autónomamente". Pero no era cierto. Un contrato suscrito por la empresa, que obtuvo múltiples contratos públicos, en noviembre de 2019 con el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) demuestra que en esa fecha seguía al frente de la firma. Además, los datos mercantiles oficiales y las cuentas de la sociedad del ejercicio 2019, como comprobó infoLibre, demostraron que hasta 2020 figuraba como administrador solidario de la firma. Y que en esos tres años que aparecen casi como un agujero negro temporal la empresa mantenía vivas adjudicaciones de "servicios" para el sector público.
Tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes Generales prohíben a todo funcionario desempeñar "cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros". Pero, ante las preguntas de este periódico, Arnaldo sostuvo el pasado jueves que tal prohibición no le afectaba. Según dijo, los contratos obtenidos por su empresa no eran contratos de servicios, sino de "asistencia y consultoría jurídica".
infoLibre es uno de los medios (el único en España) que tiene acceso a los documentos de Football Leaks compartidos por Der Spiegel con el consorcio European Investigative Collaborations (EIC). Gracias a ellos, este periódico pudo desvelar en febrero de este año que el Real Madrid aceptó que el fondo Providence Equity Partners, que tiene presencia en España desde hace años, le pagase 200 millones desde las Islas Caimán sabiendo que podía incurrir en “fraude de ley”. "¡Dos compañías radicadas en las Islas Caimán y domiciliadas en un edificio de George Town donde hay miles de empresas domiciliadas garantizan el pago al club de 200 millones por parte de una sociedad luxemburguesa de 20.000 euros de capital social! Parece una broma pero me temo que va en serio", advirtió por escrito el director financiero del club, que era consciente de los riesgos tributarios por estar aceptando dinero procedente de las Islas Caimán. “Esta estructura será cuestionada con casi total seguridad por Hacienda”, añadió el director financiero. Fue parte de nuestra cobertura de Football Leaks, la investigación sobre las interioridades, no siempre confesables, del fútbol.
La administración del Valle de los Caídos está en manos de Patrimonio Nacional. Sin embargo, tal y como desveló infoLibre, este organismo público no dispone en sus archivos de la información más básica que permitiría comprobar que en todo momento se ha respetado en Cuelgamuros el marco normativo sobre el que se apoya el mausoleo franquista que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resignificar. Dicho de otro modo: el Estado no comprueba que el Valle cumpla con la ley. infoLibre, que tuvo que acudir a los tribunales para obtener la información referida a Cuelgamuros, tuvo acceso a un certificado de Patrimonio Nacional en el que reconocía que ni hay memorias justificativas de las subvenciones concedidas a los monjes en los ejercicios anteriores a 2014, ni constan en sus archivos datos sobre la evolución del número de religiosos o los ingresos y gastos de la Hospedería y la Casa de Ejercicios Espirituales de la última década. Todos estos datos son esenciales para saber cuánto dinero público había que entregar cada año a los monjes y si estos estaban cumpliendo con la normativa legal que regula su presencia en el Valle de los Caídos. Esta información formó parte de una serie sobre el Valle de los Caídos llena de información y datos exclusivos.
El Gobierno de José María Aznar decidió que era buena idea que el AVE de Madrid a Barcelona, en vez de detenerse en Guadalajara capital, lo hiciera en un descampado a 13 kilómetros de distancia y mal comunicado por carretera. Así se construyó la estación de Yebes y se planificó una nueva ciudad para 34.000 habitantes, Valdeluz. Los terrenos en los que se hizo pertenecían a una sociedad de Micaela Valdés Ozores, la tía política de Esperanza Aguirre, denominada El Arverjal SL. El resultado final: la familia política de Aguirre dio de forma inmediata un pelotazo de 197 millones de euros, una de las ramas de la Púnica se lucró con la construcción de un colegio, la estación del AVE de Yebes no tiene prácticamente pasajeros y Valdeluz se convirtió en una especie de ciudad fantasma símbolo del hundimiento del ladrillo en España durante la Gran Recesión.
Tras la recalificación en urbanos de los terrenos rústicos en Yebes, El Arverjal ingresó 200,4 millones de euros entre 2003 y 2006, de acuerdo con la documentación mercantil de la compañía consultada por infoLibre. Y una parte de ese dinero lo sacó inmediatamente de España con destino a Luxemburgo. En ese año, en 2006, Micaela Valdés y su hijo crearon en 2006 Eprec SA y suscribieron 20 millones de capital. Un año antes, en 2005, la familia Valdés invirtió en un fondo creado por el Deutsche Bank en el Gran Ducado y, ya en 2013, la tía política de Aguirre entró en una tercera sociedad de Luxemburgo llamada Shark Capital SA, cuyo principal accionista era una firma controlada desde Belice y que ahora pertenece al empresario malagueño Andrés Martín Caba.
Proyectos Hospitalarios Internacionales SA (Prhoinsa) es una compañía controlada por el segundo de los antiguos socios de la familia Ayuso. Y ha recibido, por parte de su Gobierno, contratos por al menos 129.739 euros. Todos ellos de forma directa, por la vía de las adjudicaciones menores o el procedimiento de emergencia, según consta en los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid consultados por infoLibre. Han sido 48 contratos adjudicados a la compañía de Juan Carlos Herrero Casasola, uno de los fundadores de Sismédica SL, la empresa que pertenece al 50% a la presidenta regional, que no presenta cuentas desde 2014 y cuyo nombre ocultó a la Asamblea de Madrid al actualizar su declaración de bienes al cierre de la legislatura. Todos estos contratos se adjudicaron después de que este periódico hubiese desvelado, en el verano de 2019, la relación de Ayuso y su familia con el caso Avalmadrid (puedes consultar aquí el dosier completo). Es decir, el Gobierno de Ayuso adjudicó 129.739 euros a la empresa de una de las personas que más información tiene sobre todo lo ocurrido con el Grupo MC, a pesar de que según la versión oficial de la presidenta madrileña había traicionado a su familia.
La Iglesia tiene una importante red de influencia en nuestro país, como ha publicado infoLibre en distintas ocasiones. Lo hace también en derechos reconocidos por las leyes españolas, como son el aborto y la eutanasia —aprobada este año, precisamente—. El Comité de Bioética, que asesora al Gobierno sobre estos temas, está formado por 12 miembros, 11 de los cuales tienen derecho a voto. Pues bien, siete de ellos tienen destacada relación profesional o como fieles con entidades católicas. Sin ir más lejos, el presidente del órgano es Federico de Montalvo, vicerrector de una universidad católica que explica la elevada presencia de figuras con vínculos católicos por el histórico nexo de la teología con la ética. Pero además, según desveló este periódico, cuatro miembros del comité, de los 11 con derecho a voto, figuran como relacionados profesionalmente con organizaciones de la Iglesia católica, que mantiene una dura oposición a la ley de eutanasia y a otras materias sensibles desde el punto de vista bioético, como el aborto. Al menos cinco han participado en actos o iniciativas planteados de forma claramente contraria a la Ley de Eutanasia. Cuatro pertenecen o apoyan a grupos del ámbito ultracatólico y provida.
En 2021, infoLibre siguió trabajando en la investigación de lo ocurrido en las residencias de mayores durante las residencias. Si en 2020 desveló el protocolo de la vergüenza de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en 2021 reveló que Alberto Reyero (Cs), responsable de la Consejería de Políticas Sociales —el departamento encargado de la gestión de esos centros hasta que la Comunidad le dio la competencia a Sanidad—, remitió dos misivas el 31 de marzo y el 11 de abril reclamando medidas para que los mayores no muriesen en los centros sin asistencia médica. Pero Sanidad no hizo caso. Reyero advirtió entonces que el Protocolo que prohibía la derivación hospitalaria de muchos ancianos podría tener consecuencias legales y criticó que la anunciada “medicalización” no se llevara a cabo. Desveló también que el titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), se negó también a trasladar mayores al hospital del Ifema o a los hoteles medicalizados.
Solo en marzo y abril fallecieron 9.470 residentes en Madrid. En las tres semanas críticas de la pandemia, entre el 22 de marzo y el 10 de abril, murieron 5.343 ancianos en el propio geriátrico (el 84% del total en ese periodo), sin ser trasladados a un hospital y en la inmensa mayoría de los casos sin recibir tampoco atención médica en el centro donde vivían.
2021 ha sido, por excelencia, el año de las vacunas. Cuando empezaron a generalizarse, las redes sociales se llenaron de fotografías que inmortalizaban el momento, también en el caso de los perfiles de los políticos. Sin embargo, Vox no lo hizo. La formación de extrema derecha, parte de cuyos seguidores son negacionistas y que enarbola como bandera su objeción a primar a quienes han recibido el pinchazo así como a toda vacunación obligatoria, o guardó silencio o no aclaró si su cúpula se había vacunado o no. infoLibre investigó si 15 de sus dirigentes 25 dirigentes –bien por su peso interno, bien por su visibilidad como cargos públicos– lo habían hecho. De ellos, solo en cinco casos hubo resultado. Los cinco admitieron públicamente que sí, que se habían vacunado: el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que lo anunció en junio —aunque en septiembre lo dejó en el aire—; la viceportavoz, Macarena Olona; el eurodiputado Hermann Tertsch; el portavoz de Sanidad en la Cámara Baja, Juan Luis Steegman, y su homóloga y colega de profesión –ambos son médicos– en la Asamblea Regional de Madrid, Gádor Joya. El resto todavía guarda silencio o no lo aclara.
La gestión del Servicio Madrileño de Salud también ha sido objeto de exclusivas en infoLibre, que desveló el destacado superávit que obtuvo en el año 2020, el año negro de las residencias, los hospitales y sanitarios. En esos 12 meses, el Sermas consiguió el ejercicio con el mejor resultado económico desde hace años. Un superávit de 821,3 millones de euros, según las cuentas anuales que el viceconsejero Zapatero presentó en el consejo de administración del organismo el pasado 24 de mayo y a las que tuvo acceso infoLibre. Un año antes, el organismo cerró el ejercicio con unos números rojos de 886,85 millones. El Sermas no había cerrado con unas cifras tan abultadas ni siquiera en los años en que acabó el ejercicio en negro. Según los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, en 2018 ganó 43,85 millones, en 2017 57,27 millones y en 2016, 11 millones de euros. En 2015 perdió 192 millones.
infoLibre tuvo acceso este año a la documentación sobre la empresa Wheelerdale en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, gracias a la que pudo revelar que el traficante de armas El Assir se declara dueño de una empresa en Luxemburgo con 77 millones que Anticorrupción atribuye a Rodrigo Rato. En los registros del domicilio de Rato se encontraron “escrituras, certificados, estatutos, documentos y mails” que lo vinculan con la sociedad luxemburguesa Wheelerdale Corporation, una compañía de la que Abdul Rahman El Assir, fugado de la justicia española, aseguró ante el Registro de Luxemburgo que controla el 75%. Su hermano Rabih dice ser propietario del otro 25%. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción española considera que esa empresa de Luxemburgo forma parte del patrimonio oculto en el extranjero de Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno con el PP, antiguo director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y máximo mandatario de Bankia cuando la caja fue rescatada con dinero público.
El Assir es un ciudadano español de origen libanés que fue durante años un gran amigo del entonces rey Juan Carlos I, con quien compartía asiduamente monterías. Una idea de sus relaciones la da el hecho de que asistiera a la boda del actual monarca, Felipe VI, y también al enlace de la hija de Aznar, Ana, con Alejandro Agag.
El caso Serrano, desvelado por infoLibre en octubre de 2019, también tuvo un hueco este 2021 entre las mejores exclusivas ofrecidas por este periódico. El juez, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, vio tambalear el argumento central de su defensa, según la cual apenas se implicó en el proyecto que terminó en un posible fraude de subvenciones, siendo simplemente engañado por sus socios. Ese posible fraude de subvenciones tiene su origen en el pago del Ministerio de Industria, que dio en diciembre de 2016 a Bio Wood Niebla, una empresa de Serrano y su socio, Enrique Pelegrín, una ayuda de casi 2,5 millones. La sociedad logró la ayuda gracias a un documento falso, ya que se atribuía una maquinaria industrial para realizar el proyecto –una fábrica de biocombustible en Niebla, Huelva– que en realidad no poseía. Como desveló infoLibre el pasado mes de febrero, fue el propio Serrano el que se llevó esa ayuda a un fondo que precisamente la Policía Nacional había pedido bloquear en busca del dinero de la ayuda. El director de la sucursal sevillana de Ibercaja le situó directamente en su apertura.
En abril, el tablero del fútbol agitó todas sus piezas. Doce de los mayores clubes de fútbol de Europa lanzaron la iniciativa de crear una nueva competición europea al margen de la UEFA. Pero no fue algo improvisado, según desvelaron los documentos de Football Leaks a los que tuvo acceso infoLibre. Los planes y las reuniones secretas comenzaron seis años antes, en diciembre de 2015. Entonces ya estaba planeado que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, iba a ser el presidente de la Superliga, y que la empresa que iba a gestionar la competición iba a estar radicada en España. La idea era crear un campeonato donde jugarían sólo 20 clubes, entre ellos 15 de los más ricos de Europa. Sus creadores lo vendieron una apuesta por el fútbol de calidad y un mecanismo para maximizar beneficios, mientras que la UEFA y las Ligas nacionales lo atacaron como un “planteamiento egoísta” de los clubes de élite que ponía en peligro a todos los demás. Por ahora, el proyecto no ha salido adelante.
La de la intrahistoria de la Superliga no fue la única exclusiva desvelada por infoLibre. También gracias a los documentos de Football Leaks este periódico pudo publicar que el entrador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, había usado una sociedad del paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas para ocultar a Hacienda sus derechos de imagen. El fisco español había denunciado al entrenador del club blanco porque utilizó un “entramado de sociedades instrumentales”, algunas de ellas ubicadas en paraísos fiscales, para no tributar por sus derechos de imagen, tal y como recoge el escrito de acusación. Gracias a ese esquema, eludió el pago de 1,06 millones de euros a la Hacienda española, la cantidad que debería haber abonado en impuestos por los 3,6 millones que cobró del club en 2014 y 2015 por ese concepto. Ancelotti utilizó para ello una sociedad instrumental ubicada en Reino Unido, Vapia LLP, que sólo era la pantalla de otras dos sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
La Fundación Jiménez Díaz (FJD), el mayor hospital del grupo sanitario Quirón, recibe fondos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no se sabe ni cuántos ni cómo. Tal y como desveló infoLibre, el sistema de pagos es oculto e impide saber en tiempo real cuántos millones le cuesta el FJD al sistema público madrileño y a cambio exactamente de qué. La última liquidación contable conocida se remonta a 2015, año final del quinquenio para el que un informe de la Cámara de Cuentas madrileña eleva a más de 1.721 millones lo desembolsado al FJD a lo largo de ese periodo. Fechado en marzo de 2019, el examen del organismo fiscalizador cuantifica en 373.544.277 lo desembolsado en 2015 al FJD. Portavoces de la Consejería de Sanidad de Madrid aseguraron a este diario que las liquidaciones de 2016 y 2017 "se están cerrando".
No obstante, desde enero de 2020 hasta al menos octubre de 2021 la Comunidad de Madrid realizó "pagos a cuenta" fuera de contrato de casi 500 millones de euros. El Jiménez Díaz opera como la punta de lanza de un ejército sanitario controlado por el grupo alemán Fresenius y que solo en Madrid explota además otros cuatro hospitales de titularidad pública. Esos cuatro son fruto del plan de privatización sanitaria impulsado por Esperanza Aguirre en la primera década del siglo. De titularidad netamente privada, el FJD se mantiene desde 2003 sujeto a lo que se conoce como un "concierto singular" con la Consejería de Sanidad y que fue renovado en 2006.
Código de (Mala) Conducta: la historia de los 24 años de fracaso europeo en política fiscal
Los países europeos burlan las decisiones del grupo que fue creado para combatir la competencia fiscal desleal dentro de la UE. Pueden hacerlo porque el Código de Conducta, nombre que recibe el órgano de vigilancia fiscal de la UE, no puede adoptar decisiones vinculantes, porque sus deliberaciones son secretas y porque su mandato se ha quedado corto y obsoleto. Así lo revelaron los documentos obtenidos por Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, en el marco de la investigación The Code. El grupo, encargado de elaborar la lista de paraísos fiscales de la UE, desde su creación en 1997 ha analizado 480 regímenes fiscales, de los cuales sólo ha declarado perjudiciales 130.
Los ingresos de la Iglesia también han sido objeto de exclusivas de infoLibre. Tal y como desveló en el mes de septiembre tras examinar las memorias económicas de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Iglesia católica ha acumulado 51,7 millones de euros de superávit en cuatro años gracias al dinero público que recibe cada año por las equis marcadas en la declaración de la renta. Casi el 60% de este superávit fue a parar a Trece, brazo televisivo del grupo mediático de la Iglesia. Este envío de dinero de origen público a una sociedad mercantil es una práctica cuestionada por el Tribunal de Cuentas, que cree que podría vulnerar la normativa europea sobre libre mercado. El resto, algo más del 40%, ha pasado a engordar el llamado "fondo de reserva" de la institución católica.
Hay un tipo de demandas, que no son poco habituales, que se denominan SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation, por sus siglas en inglés, y Demanda Estratégica contra la Participación Pública, en castellano). Se trata, tal y como explicó infoLibre, de un acoso en forma de abuso del Derecho dirigido a intimidar y, como fin último, a silenciar a las voces críticas con el poder que alcanza a periodistas y a ONG y ha afectado, por ejemplo, a Manuel García, un agricultor de la comarca de A Limia, en Ourense, que denunció en televisión y luego en los juzgados supuestas prácticas contaminantes del Grupo Coren. La respuesta de la compañía fue reclamarle un millón de euros en daños y perjuicios por sus declaraciones.
Actualmente la Comisión Europea tiene abierta una consulta pública –hasta enero de 2022– para recopilar opiniones de ciudadanos, periodistas, Estados miembros, ONG, sociedad civil, jueces, profesionales del Derecho y otras partes interesadas en relación con las demandas y qué medidas deben tomarse para abordarla en el marco de la UE. También ha elaborado un cuestionario específico para recabar la visión de los jueces de los Estados miembros, con cuestiones específicas sobre procedimientos que pueden tener relación con demandas SLAPP. También se ha nombrado un comité de expertos (sus nombres no se han comunicado) que está estudiando las propuestas que han elaborado organizaciones de la sociedad civil, sobre todo relacionadas con la defensa de la libertad de expresión como Artículo 19. Se espera que el futuro borrador se envíe al Parlamento Europeo para su tramitación.
El precio de la luz ha sido una noticia recurrente en todo 2021. La factura, que ha engordado día a día, ha batido récords diarios y ha supuesto, también, una batalla política entre Gobierno y oposición. Sin embargo, tal y como desveló infoLibre, ha importado poco a Iberdrola, un gigante de la electricidad. En una carta enviada a sus accionistas el 17 de septiembre, la empresa consideró que la subida de la factura eléctrica en el mercado regulado, fruto de los resultados de una subasta marginalista en máximos históricos, es menor y no justifica la "confiscación" aplicada por el Gobierno en su último decreto. "Se ha realizado para solucionar un incremento de facturación de poco más de 10 céntimos de euro al día para un tercio de los clientes españoles. ¿Cuánto cuesta esa caña de cerveza, ese café o ese periódico que consumimos diariamente?", se preguntó la empresa. Iberdrola, además, aseguró que no estaba justificada la "confiscación" del decreto anunciado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el que pone fin a una parte de los conocidos como "beneficios caídos del cielo": la sobrerretribución que reciben centrales hidroeléctricas y nucleares amortizadas al cobrar lo mismo que cobran las centrales de gas natural sin tener que hacer frente a sus gastos.
La transparencia de la UE es fabricada por el propio organismo a su medida y para sus beneficios. Así lo desveló infoLibre a partir de los documentos obtenidos por Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) en el marco de la investigación The Code. Según esos documentos, la Comisión podría estar incumpliendo sus propias normas sobre tratamiento de la información excluyendo miles de archivos del sistema europeo de gestión de documentos y borrando de forma masiva y automática miles de correos electrónicos. Según el reglamento de 2001, “todos los documentos” de las instituciones europeas deben ser, “en principio”, accesibles al público. Un derecho que debe ser garantizado “de la manera más completa posible”. Sin embargo, como publicó infoLibre, no ocurre con lo que dirime y decide el llamado Código de Conducta, que lleva ya 24 años de opacidad. “El Código de Conducta es posiblemente el grupo de trabajo más opaco del Consejo de la UE”, criticó el eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun. Los Estados miembros, advierte, “se escudan en el hecho de que las cuestiones tributarias son competencias exclusivas suyas para evitar el escrutinio, pero esto no tiene ningún sentido, ya hemos visto la naturaleza transnacional y europea de los esquemas de evasión fiscal más comunes”.
La familia del expresidente Joseph Kabila, que gobernó la República Democrática del Congo (RDC) con mano de hierro durante 18 años, utilizó la complicidad del banco BGFI para malversar 138 millones de dólares de las arcas del Estado entre 2013 y 2018. Mientras más del 70% de los congoleños sobreviven con menos de dos dólares al día, Kabila y familia han acumulado una fortuna colosal. Según una investigación publicada por Bloomberg en 2018, el clan presidencial posee 120 licencias mineras y más de 70 empresas, todo ello por valor de cientos de millones de dólares. Gran parte de este dinero procede de la corrupción y de la malversación masiva de fondos públicos. Esto es lo que Mediapart (socio editorial de infoLibre) y sus socios del proyecto Congo Hold-up (El expolio del Congo) revelaron en noviembre gracias a la mayor filtración de datos de África. La hermana de Joseph Kabila y, sobre todo, su hermano controlaban tanto el banco como la sociedad instrumental. Así pudieron saquear las arcas del Estado.
España es el segundo país de la Unión Europea que más derechos de emisión de gases con efecto invernadero compró entre 2008 y 2012. Sólo superada por Alemania, la gran potencia industrial del continente, que adquirió 303,9 millones de toneladas de CO2, España se hizo en esos años con 107,66 millones. El cuarto mayor vendedor a España fue Rusia, con 8,31 millones de toneladas. Se trataba de un sistema perfectamente legal, certificado y bendecido por Naciones Unidas y la Unión Europea. Pero que ha recibido múltiples críticas no sólo por fracasar en su propósito de reducir las emisiones de estos gases nocivos, sino también por fomentar el fraude. Más de una tercera parte de esos muchos millones de toneladas en créditos comprados por empresas españolas –un 36%– corresponde a tres proyectos señalados desde 2015 como una estafa que hizo ricos a empresarios rusos y, para más escarnio, incluso aumentó la expulsión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, según publicó infoLibre en el mes de enero gracias a la de la base de datos con información sobre 5.000 empresas creada por el diario danés Politiken, miembro de European Investigative Collaboration (EIC).
El Gobierno del PP desarrolló a partir de 2013 una macrooperación inmobiliaria de carácter estatal que en Sevilla condujo a que inquilinos de familias de la jet local y que residían desde el franquismo en inmuebles públicos de lujo se hicieran con la propiedad de cinco viviendas entre 2014 y 2018. Situadas frente a la Giralda, en la zona noble del casco antiguo, las adquirieron mediante enajenación directa, sin subasta y a bajos precios, tal y como desveló infoLibre. Entre los afortunados compradores se hallan personajes como Soledad García-Conde Tartiere, viuda del que fue presidente de honor de Abc, Guillermo Luca de Tena, o los herederos de María Antonia Sánchez Arjona Ortega, pertenecientes a una saga en la que destacó José María Martínez Sánchez Arjona, ministro franquista de Vivienda entre 1960 y 1969.
