Educación

El 93% de los concertados que segregan por sexo están vinculados al Opus

José Ignacio Wert, durante una de sus intervenciones en el Senado el pasado 5 de noviembre.

45 de los 48 colegios que reciben dinero público a pesar de que segregan a niños y niñas en clase están vinculados al Opus Dei. Para el actual curso académico, nueve autonomías mantienen los conciertos a estos centros a pesar de que varias sentencias del Tribunal Supremo señalan que la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) –en vigor hasta que se apruebe la nueva reforma– no permite que se financien con fondos públicos.

De hecho, al menos 70 millones de euros saldrán de las arcas del Estado para financiarlos. De los 48 centros, sólo tres –Juan Pablo II, Monte Tabor y Stella Maris, todos en Madrid– no están relacionados con esta institución de la Iglesia católica. El primero pertenece a la Fundación Educatio Servanda, el segundo está vinculado al movimiento apostólico de Schoenstatt y el tercero a los Discípulos de Jesús y María. 

Del resto, 16 son de la empresa Fomento, una institución educativa vinculada al Opus. Según puede leerse en su página web, la compañía, que tiene 35 centros en once autonomías, fue "impulsada por un grupo de padres y educadores que promovieron la creación de colegios en los que se considera esencial la colaboración de las familias". En Cataluña, su empresa homóloga es la Institució Familiar d'Educació, también relacionada con el Opus y que cuenta con nueve centros segregadores en esta comunidad. 

Más vinculados todavía con esta institución católica, según explica Alfonso Aguiló, vicepresidente de la patronal de la enseñanza privada y concertada CECE, están las Obras corporativas del Opus Dei. Se trata de instituciones promovidas por fieles de esta organización y que tienen la "garantía moral" de la prelatura. En ellas el Opus Dei se encarga de lo relativo a la orientación cristiana. Hay once centros de estas características que separan por sexo y reciben dinero público ubicados en Madrid, Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y la Comunitat Valenciana. Además, en el País Vasco y La Rioja hay otros cinco centros que separan a niños y niñas titularidad del Grupo Educativo COAS, también vinculado al Opus. Menos los tres citados anteriormente, el resto de los 45 centros segregadores con patrocinio público también están relacionados con esta institución de la Iglesia católica. 

¿Pluralidad? 

Entre los que ensalzan la "educación diferenciada" y su sostenimiento público el argumento principal suele ser su alto rendimiento académico. Además, se apoyan en que niños y niñas son distintos y maduran y aprenden a ritmos desiguales y la ventaja que, dicen, supone para ellos estudiar sin la presión del sexo opuesto. Señalan que evitar el contacto físico o social en las aulas entre ambos durante sus años más importantes de aprendizaje escolar y humano garantiza la "eficacia docente" y es "más justo" con los diferentes ritmos de maduración cognitiva.

Aguiló, que durante once años fue director del colegio Tajamar, uno de los 13 concertados que ofrecen educación separada por sexos en Madrid, añade un asunto que considera "crucial". "El marco legislativo tiene que garantizar la libertad de pensamiento, la decisión de qué centro es mejor es de la familia. Si sólo se subvencionan unos y no otros no se está garantizando la pluralidad ni la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. De esa manera sólo los que tienen dinero podrían elegir", señala. Y hace una comparación: "Es como si un Gobierno sólo financiara a los partidos o los medios de comunicación que le gustan. No habría ni libertad ni pluralidad, esto es lo mismo", amplía. 

Sin embargo, sobre estos centros caen otra serie de críticas como que fomentan la exclusión y generan un retroceso incompatible con una sociedad que es cada vez más diversa. Sobre los buenos resultados, los defensores de la coeducación señalan que los datos están viciados porque, en general, estas son escuelas de élite a las que acuden familias de entornos socioeconómicos favorables. Aguiló también rebate este argumento. Asegura que el centro que él dirigió, ubicado en Vallecas, uno de los barrios con menor renta de Madrid, está entre los mejores 250 colegios de la Comunidad. 

El blindaje de la 'ley Wert'

El proyecto de reforma educativa del Gobierno del PP no sólo blinda esta opción educativa sino que garantizará el retorno de los conciertos a los centros que los perdieron tras las sentencias del Supremo que consideraban el modelo discriminatorio. El PP, en su paso por el Senado, aceptó dos enmiendas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) encaminadas a beneficiar la educación separada por sexos. Gracias a la primera de ellas la reforma incluirá una disposición transitoria por la que permitirá volver a solicitar el concierto a los centros a los que se les denegó en 2013 por el "único motivo" de tener un modelo segregador.

La segunda hará que estos colegios no tengan que justificar su proyecto para suscribir el concierto. En el texto que el Gobierno remitió al Congreso se recogía que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" y añadía que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". 

Tras el cuestionamiento que de este punto hizo el Consejo de Estado en un dictamen no vinculante, el Gobierno introdujo en el texto una cláusula por la que los centros educativos que segregan por sexo que soliciten financiación pública tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El órgano consultivo del Estado había reclamado que se exigiera "una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación", a la vez que imponía a los centros medidas académicas a favor de la igualdad. Ahora, tras la enmienda de UPN aceptada por el PP, este punto será eliminado. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE), actualmente en vigor, no se pronuncia claramente sobre este asunto. Detalla que en la admisión de alumnos no podrá haber “discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición". Y aunque en una disposición adicional establece que los colegios mixtos "serán objeto de atención preferente y prioritaria", en realidad deja el asunto en manos de las autonomías.

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