Caso Nóos

El acercamiento entre Urdangarin y Torres y el 'caso Manos Limpias' marcan el visto para sentencia del juicio

Iñaki Urdangarin a su salida este martes de la sexagésima sesión del juicio del 'caso Nóos'.

Eclipsado en casi todos sus tramos por el vertiginoso interregno que abrieron las elecciones del 20 de diciembre, el juicio más esperado del año, el del caso Nóos, cuyo protagonista inicial, Iñaki Urdangarin, acabó desplazado por su esposa, Cristina de Borbón, quedará este miércoles visto para sentencia salvo dilaciones de última hora.

Dos factores inesperados y aún llenos de incógnitas han marcado los más de cinco meses en que se han repartido las sesiones. El primero de ellos ha sido el súbito acercamiento entre Iñaki Urdangarin y Diego Torres. El segundo, el golpe que para la acusación popular ejercida por Manos Limpias contra la infanta supuso la operación judicial que condujo a su jefe de filas, Miguel Bernad, a prisión por presunto chantaje. Para Cristina de Borbón, que todo ello haya ocurrido durante el juicio ha resultado objetivamente de una oportunidad providencial. 

Que Urdangarin y Torres han firmado la paz o, como mínimo, una sólida tregua parece incuestionable para todas las fuentes jurídicas y observadores independientes consultados por infoLibre. En la práctica, ambos han adoptado en el juicio una estrategia común de defensa tras haber permanecido inmersos durante más de tres años en una encarnizada guerra –la de los correos electrónicos- con la que el antiguo socio del duque de Palma puso en apuros a Juan Carlos I y a su equipo.

Esos correos no solo hicieron tambalearse la versión oficial de la Zarzuela sobre las órdenes impartidas a Urdangarin para que rompiese con Diego Torres sino que detallan cómo el anterior monarca estaba al tanto de los pasos de Urdangarin con Nóos y su ONG sucesora –Fundación DCIS-. Y cómo le ofreció incluso ayuda.

Y si lo anterior plantea múltiples interrogantes, también emerge cargado de incógnitas el segundo elemento de sorpresa, segundo al menos en orden cronológico: el mazazo que para la acusación contra la infanta han significado las escandalosas revelaciones sobre la supuesta extorsión a su entorno perpetrada por el grupo que capitaneaban Miguel Bernad y Luis Pineda. A la infanta la acusa en solitario Manos Limpias, que reclama aquí ocho años de cárcel por delito fiscal.

Fue a Pineda a quien la Policía cazó por teléfono contándole a un colaborador que las negociaciones para retirar la acusación contra la infanta eran “el tren de nuestra vida”. En castellano, esa frase hecha no admite más que una lectura: que había dinero, mucho, por medio. En juego estaban, según las investigaciones, entre dos y tres millones de euros. La operación estalló a mediados de abril, justo en el ecuador del juicio y cuando la infanta, que defendió a capa y espada a su marido y remarcó que todo lo que hacían estaba “controlado” por Zarzuela, ya había declarado.

Aunque el tribunal que juzga el caso haya reiterado hasta la saciedad que nada exterior a la vista le influye ni le roza, todas las fuentes consultadas coinciden en que la investigación sobre el tándem Ausbanc-Manos Limpias beneficia objetivamente a la infanta y sus intereses. “Si solo la acusa Manos Limpias y resulta que su jefe está en la cárcel por extorsión, es innegable que eso le viene bien”, resume una fuente jurídica ajena tanto a las defensas como, por supuesto, al pseudosindicato de Bernad.  

La abogada que representa a la organización, Virginia López Negrete, renunció a la declaración del perito en cuyas tesis sustenta su acusación y cuyo informe, no obstante, ha aceptado el tribunal. La letrada renunció tras el testimonio prestado por los de Hacienda.

Los funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) sostienen justamente la tesis contraria a la del perito de Manos Limpias: que la infanta no cometió delito pese a ser copropietaria de la empresa Aizoon, que fue la utilizada por Urdangarin para no declarar buena parte de los ingresos que, según Hacienda, debía haber reflejado en sus declaraciones de IRPF. La AEAT cifra en más de 326.925 euros la cuota defraudada por Urdangarin en el bienio 2007-2008. 

De los rayos y truenos a la charla amistosa

De no hablarse ni ellos ni sus abogados salvo para cruzar escritos jurídicos cuajados de rayos, truenos, reproches y amenazas, Urdangarin y Torres y sus respectivos abogados pasaron –al igual que Cristina de Borbón- a escenificar una relación cuando menos cordial. "Por momentos -relata un privilegiado espectador- parecía que Mario Pascual [abogado de Urdangarin] iba a remolque de González Peeters [defensor de Diego Torres]".

Ambos, Urdangarin y Torres, también, a defenderse con argumentos casi calcados. Por un lado, que el Instituto Nóos cobró siempre dentro de la ley –seis millones de fondos públicos fluyeron hacia sus cuentas- y que no habría podido ocurrir de otra forma dado que estaba bajo la constante supervisión de la Casa Real. Y por otro, que si algo irregular o ilegal hubo en la actuación de las dos parejas –Iñaki Urdangarin-Cristina de Borbón y Diego Torres-Ana Tejeiro- fue en todo caso culpa del asesor Miguel Tejeiro.

Defendido por uno de los penalistas más hábiles del panorama estatal, Cristóbal Martell, también abogado de los Pujol y del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, Tejeiro ya había alcanzado un pacto con la Fiscalía antes del juicio. Con la vista ya iniciada, Manos Limpias retiró su propia acusación contra él. Pero no había garantías escritas de que su nueva condición de testigo derivaría en una declaración incriminatoria para la infanta. Tejeiro, de hecho, no dijo nada que perjudique a la hermana de Felipe VI.

Del sarcasmo de acero a la suave ironía

Si durante la fase de instrucción el abogado de Torres, Manuel González Peeters hizo célebre sus afiladísimas dotes para la acusación con cada remesa de correos que enviaba al juez José Castro, ahora apenas si ha sacado algún pequeño dardo del carcaj para atacar a los duques.

En su informe final, presentado este martes, Peeters acusó a la Policía de haber maltratado psicológicamente a su cliente. Pero se limitó a ironizar cuando relató cómo en el registro policial de la sede de Nóos los agentes solo llevaban orden de hurgar en los ordenadores de sus clientes y no en los de “la otra pareja”. O sea, en los de Urdangarin y Borbón. Más allá de eso, se acabó lo que se daba. ¿Por qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta.

La Fiscalía mantiene su petición de 19,5 años de cárcel para Urdangarin y de 16 para Torres. Al cuñado de Felipe VI, el fiscal le atribuye malversación, prevaricación, falsedad en documento público y mercantil, fraude a la administración, estafa, dos delitos contra la hacienda pública y blanqueo. A su antiguo socio Diego Torres, Anticorrupción le acusa de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, delito fiscal, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

La dureza del tribunal

En el juicio ha habido un tercer elemento inesperado y generador de dudas de calado: la dureza con que el tribunal ha tratado a las acusaciones públicas, empezando por el fiscal Pedro Horrach y terminando por las abogacías balear y valenciana. Ninguno de los consultados se atreve a esbozar un diagnóstico sobre por qué, por ejemplo, el tribunal ha cortado una y otra vez a Horrach cada vez que interrogaba a un acusado. "Y eso -opina una observadora independiente- ha afectado a Horrach, que necesariamente estaba ya tocado en lo personal por todas las críticas que ha recibido no acusar a la infanta". Tocado o enfadado o ambas cosas, como demostró cuando convirtió su informe final en un durísimo ataque contra el juez instructor del caso, José Castro, cuyas decisiones fueron las que sentaron en el banquillo a Cristina de Borbón.

Sobre el comportamiento del tribunal circulan dos hipótesis: la primera, que la dureza exhibida contra las acusaciones anticipa una sentencia más suave de lo esperado, aunque este diario no ha localizado a nadie que, salvo las defensas, confíe en la absolución de Urdangarin y Torres.

La segunda opción apunta a todo lo contrario: a que el tribunal ha refrenado una y otra vez a Horrach, a la Abogacía del Estado y a las de los gobiernos balear y valenciano precisamente para evitar que los acusados puedan alegar que su derecho de defensa se ha visto vulnerado si la condena termina siendo tan drástica o casi como pide la Fiscalía en el caso de Urdangarin y Torres o como reclama Manos Limpias para Cristina de Borbón. Los otros acusados hasta un total de 17, incluyendo al expresidente Jaume Matas y al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, han pasado definitivamente al segundo plano de la escena.

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