Elecciones a la vista

El adelanto electoral impedirá aprobar una docena de medidas prometidas por Sánchez

Una manifestante protesta contra la 'ley mordaza' en una imagen de archivo.

En apenas unos meses, el Gobierno ha pasado de presentar un plan de propuestas para toda la legislatura a estar al borde de adelantar las elecciones. La decisión de los independentistas catalanes de tumbar el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo sin que éste hubiera comenzado siquiera a tramitarse en el Congreso ha colocado al presidente Pedro Sánchez entre la espada y la pared, y el fin anticipado de la legislatura no solo le impediría poner en marcha su proyecto económico: hay al menos 14 medidas relevantes, prometidas por Sánchez y que no podrá poner en marcha si decide disolver las Cámaras en las próximas semanas.

La mayor parte de esas medidas estaban incluidas en el acuerdo que el líder del Ejecutivo suscribió el pasado mes de octubre con Unidos Podemos, un pacto que, además de propuestas de carácter meramente presupuestario, también contenía planteamientos como la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral de 2012, la reforma de la conocida como ley mordaza, la limitación de los precios del alquiler o la inclusión en la ley de la obligatoriedad de actualizar anualmente las pensiones con el IPC. Todas esas medidas no podrán ponerse en marcha si Sánchez decide anunciar este viernes la convocatoria de elecciones generales. Estas son las fundamentales:

  Las que más afectan al bolsillo

La limitación de precios del alquiler

El acuerdo suscrito por Gobierno y Unidos Podemos contemplaba la necesidad de "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", dando a los ayuntamientos la capacidad de regular excepcionalmente los precios en una o varias zonas concretas de su localidad.

El Gobierno aprobó el pasado diciembre un decreto de medidas urgentes para el mercado del alquiler entre las que se encontraban la ampliación del plazo mínimo de los contratos de tres a cinco años y la limitación de las fianzas a un máximo de dos mensualidades, otros de los puntos que se encontraban en el acuerdo, pero Unidos Podemos se negó a apoyar la convalidación del decreto en el Congreso porque no incluía la posibilidad de limitar de precios, pese al compromiso del Ejecutivo. Por lo tanto, ninguna de las medidas –ni la limitación de precios, ni la ampliación del plazo de los contratos, ni la acotación de las fianzas– se encuentran ahora en vigor.

La vinculación de las pensiones al IPC

El documento suscrito en octubre por el Gobierno y Unidos Podemos establecía el compromiso de incorporar "a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real" en "el marco de la reforma integral del propio sistema". Es decir, que el Ejecutivo y la coalición morada prometieron reformar la ley para que el aumento de las pensiones con el IPC no dependiera de la voluntad de Gobierno de turno –Sánchez decidió subirlas para este año entre un 1,6% y un 3%–, sino que se aplicara a través de un mecanismo automático. Pero la reforma no ha comenzado siquiera a tramitarse, pese a que la comisión del Pacto de Toledo ha acordado recomendar por escrito al Gobierno que las pensiones tengan que revalorizarse conforme a la inflación.

La cuota de autónomos progresiva

El acuerdo de Presupuestos era muy poco concreto en lo relativo a los autónomos. Sobre la cuota que tendrán que pagar los trabajadores por cuenta propia, el pacto únicamente planteaba la necesidad de "reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja". No obstante, no ha habido ningún avance en este sentido: la única modificación con respecto a los autónomos ha sido la subida de la cuota mínima en 5,36 euros al mes, tras un acuerdo del Gobierno con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA, Uatae y CEAT.

  Las de mejora de la protección y los servicios sociales

La derogación de algunos puntos de la reforma laboral

Unidos Podemos y el Gobierno acordaron que las horas extraordinarias vuelvan a cotizar a la Seguridad Social, y además se estableció la necesidad de modificar de manera urgente "el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador" y combatir las horas extra no cobradas. Asimismo, el pacto establecía la necesidad de "revisar las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquellas que tienen como finalidad la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad".

El Gobierno ha pactado con los sindicatos impulsar una reforma para que obligue a las empresas a registrar la jornada de cada trabajador y para que la compañía esté obligada a informar al propio trabajador y a sus representantes sindicales mensualmente al respecto. Aunque el Congreso aprobó comenzar a tramitar esa medida, aún se encuentra dando sus primeros pasos y le faltarían meses para ser aprobada definitivamente. No obstante, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, afirmó hace unos días que sigue siendo perfectamente posible modificar la reforma laboral, incluso aunque Sánchez decida convocar elecciones.

La derogación de la Lomce

Otra de las promesas del Ejecutivo que podrían quedar en el limbo es la derogación de la actual ley educativa, conocida por sus detractores como ley Wert, y la puesta en marcha de una nueva norma. Pese a que este viernes el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley en este sentido para presentarlo al Congreso, si las cámaras se disuelven no habrá tiempo para que las Cortes lo aprueben. La reforma suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno, e incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en los tres primeros cursos de ESO, aunque no implanta la asignatura de Ética como obligatoria en el cuarto curso. Además, el proyecto recoge la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa.

El fin progresivo del copago farmacéutico

El pacto Gobierno-Unidos Podemos incluía entre sus propuestas la derogación del "copago farmacéutico introducido en el Real Decreto-Ley 16/2012 del anterior Ejecutivo" de manera progresiva. Para este año estaba previsto empezar "por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad –pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales, en 14 pagas), es decir, unos cinco millones de pensionistas– y personas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9000 euros con un hijo o más a cargo (1,8 millones de personas)", señalaba el acuerdo. No obstante, esta medida aún no se ha puesto en marcha.

La despenalización de la eutanasia

Si Sánchez decide este viernes la disolución de las cámaras en las próximas semanas, otra de las propuestas que caería en saco roto es la despenalización de la eutanasia, que a diferencia de otras de las medidas sí que ha iniciado su tramitación en el Congreso. El pasado mes de octubre, una amplia mayoría de la Cámara baja decidió rechazar el veto del PP a la norma y continuar tramitando una proposición que fue planteada por el PSOE en junio. Hace apenas unos días, las familias de dos enfermos entregaron en el Congreso más de 280.000 firmas de ciudadanos que apoyan la despenalización de la eutanasia. Pero la tramitación de la reforma legal ya iniciada decaería si Sánchez decide convocar elecciones.

La regulación de las casas de apuestas

El pacto presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno planteaba la necesidad de poner coto a "la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía", y para ello se proponía aprobar "una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco". Esta norma promovería las "medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos" para concienciar a la sociedad de los riesgos que tiene la adicción a este tipo de prácticas, y planteaba que una parte de los impuestos pagados por los operadores de apuestas por internet se destinara a "iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego". No obstante, ni siquiera ha comenzado a tramitarse esta reforma.

  Las que afectan a los derechos civiles

La modificación de la ley mordaza

El documento suscrito en octubre por el Gobierno y Unidos Podemos planteaba la modificación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP, conocida por sus detractores como ley mordaza. Según el texto, la reforma buscaba proteger el derecho de reunión aun sin comunicación previa, limitar las competencias de la Policía para cachear a manifestantes o reducir la cuantía de las multas y los supuestos por los que pueden aplicarse. Asimismo, se promovía la "restricción del ejercicio de funciones públicas por parte de empleados de seguridad privada, en especial, las que se realizan en la vía pública". 

La modificación de la polémica norma lleva tramitándose en el Congreso desde 2017 a través de una iniciativa del PNV que el Gobierno y Unidos Podemos acordaron utilizar como base para su reforma. Pero si Sánchez decide disolver las cámaras, esta propuesta tendría complicado ser aprobada, ya que la comisión de Interior del Congreso no ha entregado aún su informe sobre ella.

La limitación de los aforamientos

Cuando cumplió cien días en la Moncloa, Sánchez anunció que iba a poner en marcha una reforma constitucional para acotar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo al ejercicio del cargo público. La presentación de esa reforma al Congreso fue aprobada en Consejo de Ministros a finales de noviembre, y entonces la vicepresidenta Carmen Calvo estimó que el tiempo necesario para sacarla adelante iba a ser de un año. Pero la medida –que, en cualquier caso, tendría un alcance muy limitado– sería otra de las que decaería si Sánchez disolviera las Cortes.

La derogación del voto rogado

La semana pasada, PSOE y Unidos Podemos presentaron conjuntamente en el Congreso una iniciativa para acabar con la obligación de los españoles residentes en el extranjero de rogar el voto para poder participar en las elecciones. Para ello, se plantea una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), y el pasado martes la Mesa del Congreso aprobó tramitarla por el procedimiento de urgencia y de lectura única. Pero, si las elecciones se adelantan a abril, la reforma no estaría lista, y los residentes en el extranjero no podrían tampoco votar en las elecciones autonómicas, municipales y europeas de mayo sin solicitarlo previamente.

  Las relativas a la igualdad

La reforma del delito de agresión sexual

El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos incluye entre sus propuestas la reforma del Código Penal para establecer que toda relación sexual que se produzca sin consentimiento explícito de la mujer se considere un delito sexual. Un grupo de expertos recomendó hace unos meses retirar de la ley el término "abuso" y considerar agresiones todos los atentados contra la libertad sexual, pero la reforma del Código Penal todavía no se ha puesto en marcha.

La ampliación del permiso de paternidad

También va a quedar detenida la ampliación del permiso de paternidad de las cinco semanas actuales para pasar a ser de ocho semanas. El Gobierno no incluyó esta medida en su decreto de subida de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, aunque había reservado 302 millones de euros en el proyecto de Presupuestos para poder financiar la medida, por lo que estaba en sus planes ponerla en marcha.

  La renovación de RTVE

El proceso de elección de una nueva dirección para Radiotelevisión Española (RTVE) pende, igualmente, de un hilo. El concurso público a través del cual se busca elegir a los nuevos integrantes de esta dirección ha superado ya su primera fase, la selección de los candidatos finalistas, de los que tendrán que salir diez consejeros y el presidente de la corporación. Pero son el Congreso y el Senado quienes deben escoger, de entre este grupo, a los nuevos integrantes de la dirección de RTVE. Y, si las Cortes se disuelven, la Diputación Permanente –el órgano que opera entre legislatura y legislatura, compuesto por apenas unas decenas de parlamentarios– no tiene competencias para hacerlo, ya que se limita a gestionar las funciones más básicas de la cámara en cuestión cuando se encuentra cerrado el periodo de sesiones.

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