El alcalde al que un juez le embargó una vaca por abrir una fosa común

Candelabro hecho a mano por Saturnino Nieves para el panteón de víctimas del franquismo del cementerio de Torremejía. Hay 33 velas rojas, una por cada víctima homenajeada.

En 1979 era impensable pedir justicia por las masacres franquistas. Pero algunos –no muchos, ni con muchos apoyos– pedían al menos dignidad. No era fácil: la dignidad que pretendían exigía escarbar en un tiempo de secretos enterrados. Cuando se lograba una exhumación de víctimas del franquismo, por la obstinación o valentía o desesperación de un grupo de familiares, tocaba asumir consecuencias. Amenazas, represalias, demandas. Lo comprobó Benito Benítez Trinidad, que en justicia debería ser un nombre propio de la Transición por el valor icónico de su peripecia. Este alcalde de izquierdas en Torremejía (Badajoz) desde 1979 hasta 2003 protagoniza la historia recién rescatada por Paloma Aguilar y Guillermo León, dos investigadores especializados en memoria histórica, que resulta ilustrativa sobre los límites de la Transición pero que también demuestra que a veces el destino reserva carambolas favorables a los pioneros. En este caso, el inopinado elemento que libró al alcalde Benítez de una condena fue una vaca.

Más concretamente, una vaca embargada por un juez.

El calvario de los pioneros

El relato idílico de la "pacífica Transición" no resiste la prueba de la realidad. Más allá de clichés, está acreditado que el tránsito a la democracia costó cientos de muertos. Fue tenso, conflictivo, violento. Estuvo sobrevolado por el miedo y la amenaza, con la circunstancia agravante de que a sus víctimasGarcía Caparrós, María José Bravo, Germán Rodríguez, Fernández Quesada, Rodríguez Ledesma, Juan Mañas– se les hurtó el reconocimiento para proteger el mito fundacional del abrazo entre hermanos del 78. Sólo unos pocos acontecimientos disonantes han quedado sellados en la memoria colectiva, como los atentados terroristas contra medios –El País, El Papus– o la matanza de Atocha. Pero miles de pequeñas historias de represión siguen sepultadas.

Las que más abajo quedaron son las que narran los esfuerzos de los pioneros de lo que hoy llamamos "memoria histórica" y que a finales de los 70, cuando ese sintagma aún no se usaba, era la desconocida lucha de hijas, nietos, esposas y hermanos por recuperar a sus muertos. Paloma Aguilar, catedrática de Ciencia Política en la UNED, y Guillermo León, doctor en Historia y profesor-tutor en la misma universidad, acaban de publicar Los orígenes de la memoria histórica en España: los costes del emprendimiento memorialista en la transición, un artículo que recupera unos hechos que dan fe del alto coste que tenía lanzarse contra el olvido [aquí el artículo].

El trabajo se detiene en la Torremejía de 1979 para ilustrar la resistencia a la que se enfrentaban estas iniciativas, desatendidas por la mayoría de medios –con Interviú como excepción principal–, rechazadas por algunos gobernadores civiles y partidos de derechas y a menudo ignoradas por los de izquierdas. Aguilar lleva años desvelando estas dificultades en investigaciones pueblo a pueblo en Navarra, La Rioja, Badajoz y Cáceres, si bien conoce otros casos de exhumaciones tempranas en Castilla y León y Andalucía. Se trata de iniciativas que se enfrentaban no sólo al pacto de olvido, sino también a la dificultad de una sociedad civil desestructurada y a la política de dispersión de restos que el franquismo realizó para borrar huellas del crimen.

"Apenas se sabe nada de las presiones, amenazas y acciones intimidatorias que tuvieron que soportar los pioneros" de la lucha memorialista, anotan los autores, que citan demandas, suspensiones de funerales y agresiones. Aguilar, en conversación con infoLibre, recuerda el caso de un sacerdote riojano que, tras participar en actos de homenaje y dignificación de víctimas, recibió una paliza y tuvo que abandonar estas tareas. Para numerosos gobernadores civiles era prioritario asfixiar este tipo de iniciativas, llegando al extremo insólito de llamar a capítulo a una humilde vecina de Casas de Don Pedro (Badajoz), hermana de dos asesinados, que en 1978 se puso al frente de la lucha por lo que acabó siendo la primera exhumación de Extremadura. Aguilar ha acreditado casos en que los familiares que se atrevían a abrir las fosas portaban armas antiguas, temerosos de que se presentasen allí comandos de extrema derecha.

Un pueblo de represión y jornaleros

Torremejía no escapaba al espeso ambiente de la época. Pueblo de jornaleros, en abril de 1979 fue elegido alcalde Benito Benítez Trinidad, un peón agrícola de 30 años que se presentaba por la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), el partido más votado con 388 sufragios, por delante de la UCD (371).

Su mandato fue convulso desde el principio. En junio UCD presentó una moción de censura por la retirada de una lápida en honor a "los caídos" de la fachada de la iglesia. En septiembre fue arrestado durante tres días como instigador de una huelga. Es en ese contexto, agosto de 1979, en el que los familiares de los muertos deciden acudir al alcalde. No eran momentos fáciles. Situémonos: cerca de dos años antes del 23F.

Familiares en busca de una fosa

Ahí aparece la cuestión de la fosa común. Ese secreto a voces. Contando víctimas de varios pueblos, el historiador Francisco Espinosa, especialista en la represión en Andalucía y Extremadura, cifra en unos 40 los asesinados y enterrados en Torremejía. Los familiares ya habían hecho una primera solicitud de apertura de la fosa en 1977, muerto Franco, pero el alcalde predemocrático sólo había ofrecido recoger los restos con una pala excavadora, idea que fue rechazada. Su segunda tentativa, ya con Benítez Trinidad como regidor, sí tuvo éxito. Pero no fue fácil.

La recuperación de restos no era un asunto prioritario en la agenda de ningún partido, tampoco de los más izquierdistas, centrados en el caso de Torremejía en el acuciante problema de los jornaleros sin tierra. "Tanto en Torremejía como en otros pueblos, lo que ocurría era que, al terminar los mítines, se acercaba la gente a los líderes de los partidos de izquierdas y les decían: 'Vale, pero, ¿y a los nuestros cuando los sacamos?'. Ahí tomaban conciencia del problema", explica Aguilar. Tras embarcar al alcalde en su empeño, los familiares se valieron de la memoria del sepulturero del cementerio para dar con la fosa, en la que durante la dictadura estuvo prohibido poner flores. Una vez localizada, el pleno de 28 de julio de 1979 aprobó la exhumación. No hubo oposición. Tampoco de UCD, uno de cuyos concejales era familiar de represaliado.

Los trabajos tuvieron lugar entre el 16 y el 17 de agosto. El proceso careció de cualquier asomo del rigor científico con el que hoy se hacen estas tareas. Aguilar lo ha comprobado no sólo en Torremejía, sino en múltiples pueblos. "No había forenses, por lo que no se podía saber el número de cadáveres que realmente se exhumaban. Tampoco se acotaban las fosas con criterios profesionales. Excavaban los familiares con sus propios medios, a veces con las manos o con aperos de labranza. Ellos mismos trataban de identificar a sus familiares por detalles como una muela, un anillo... A veces los restos se repartían de forma proporcional entre los familiares de distintos pueblos afectados por la matanza", señala Aguilar. El rigor técnico no era, claro está, lo más importante. La recompensa emocional para los familiares era desbordante, como muestran los testimonios de alivio y cierre de duelo recogidos por los autores.

El nombre de 33 víctimas

En Torremejía un cortejo a pie acompañó el traslado de los restos en sacos con lazos rojos. Los huesos fueron enterrados dentro del cementerio, donde se construyó un panteón pagado por los familiares. Ayudaron trabajadores del plan de "empleo comunitario", lo que más tarde sería el PER. Aunque no hubo misa, en la lápida se puso una cruz. A ambos lados figuran los nombres de 33 víctimas –sin certeza de que fueran sus restos los allí inhumados– y en la cabecera esta frase: "A las 15 horas del día 14 de septiembre de 1936 fueron fusilados por el fascismo". No hubo banderas de partidos ni sindicatos. Las únicas intervenciones fueron del alcalde y de Ángel Calle, dirigente de la ORT, que defendió el "perdón" pero sin "olvido". La Guardia Civil, que grabó disimuladamente el acto, presentó una denuncia contra él, que no fructificó.

Lo recuerda ahora Ángel Calle. "El pueblo tenía 1.200 habitantes, más o menos. Pues allí había mil. Era impresionante". Su testimonio acompaña la conclusión de Aguilar y León: ni siquiera los militantes de la ORT se planteaban como eje de actuación el apoyo a las exhumaciones. "Aquella era la primera vez que iba a una. Era emocionante, pero muy duro. Piensa que los asesinos estaban allí, en el pueblo. Había rabia. Tanto el alcalde como yo teníamos que calmar los nervios, porque había gente que quería manifestarse y temíamos problemas", recuerda Calle, que con el tiempo fue alcalde de Mérida con el PSOE.

Una vaca embargada

Algo había crujido en la derecha local, que pudo leer la noticia de la "impresionante manifestación silenciosa" en el periódico Hoy del 26 de agosto.

Aparecieron pintadas con amenazas al alcalde en lugares muy transitados. Y luego llegó el movimiento clave: las denuncias. Sí, en Torremejía la oposición a la memoria jugó la carta de lo que hoy conocemos como lawfare, la utilización de los tribunales con fines políticos. Las denuncias salieron del gobernador civil de Badajoz y de un concejal de UCD, médico y jefe local de Sanidad. Su presentación desencadenó los acontecimientos, que "trascienden lo meramente local y sirven para ilustrar tanto las posibilidades como los límites de la Transición", escriben los autores, que reconstruyen los hechos a través del expediente judicial, el archivo municipal, 13 entrevistas y los debates en el Congreso.

¿El Congreso? Sí, el caso llegó al Congreso. Y en parte fue gracias a una vaca.

Veamos. Impulsado por la Fiscalía Provincial, el caso llegó a un juez de Mérida, que en enero de 1980 dictó auto de procesamiento contra Benítez Trinidad por dos delitos. El primero era contra la salud pública, por no haber pedido permiso para el traslado de los restos a la Jefatura Provincial de Sanidad, dependiente del Gobierno Civil. El segundo era malversación de caudales públicos, al haber hecho el alcalde uso de los obreros del programa de empleo. Al banquillo.

El juez le impuso además una fianza de 50.000 euros, que le costó el embargo de uno de sus dos únicos bienes: una vaca. ¿Cuál era el otro bien? Una segunda vaca. Antonio Benítez, hijo del alcalde, cita en el artículo como su "primer recuerdo" el "alboroto que se organizó en la puerta de su casa cuando las autoridades vinieron a llevarse" el animal. "Muchos se plantaron en la casa del alcalde para darle apoyo y protestar", recuerda Calle. El embargo resultaba indignante para los vecinos, que lanzaron una colecta de "bonos de ayuda" de cien pesetas para desembargar la vaca, cosa que finalmente lograron.

La historia de la vaca saltó además a un medio de gran importancia, El País, que por entonces rara vez se ocupaba de lo que hoy llamamos "memoria histórica". El desinterés de la prensa no era sólo producto del clima sociopolítico, sino también de los ataques que suscitaban las excepciones. Como recuerdan los autores del artículo, Cuadernos para el Diálogo, tras un reportaje sobre una exhumación en 1976 en Fonelas (Granada), recibió un toque de atención en forma de notas amenazantes. Aquel mismo año, la Hoja del Lunes de Badajoz incluía un artículo sobre la matanza de la plaza de toros que le costó al autor un procesamiento por injurias al ejército. Sí, es cierto que en 1979 ya había Constitución. Pero también lo es que no era raro que fuera ignorada. Lo prueba el caso de Benítez Trinidad, en cuyos interrogatorios era vulnerado el derecho constitucional a guardar silencio –era advertido de las consecuencias penales de no declarar– y se le preguntaba sobre su filiación política.

El efecto de la presión social

El alcalde fue juzgado en la Audiencia de Badajoz. Uno de los encargados de su defensa fue Alfonso Rojo, abogado del Sindicato Unitario y militante de la ORT, que hoy recuerda para infoLibre aquellos días. A su juicio, el carácter "humillante" del embargo, la sala del juicio abarrotada de gente apoyando al alcalde –fueron dos autobuses llenos desde Torremejía– y el riesgo de que una condena causara un escándalo fueron determinantes para la absolución en junio de 1980. "Con el Código Penal en la mano, había delito", señala. Si el juicio hubiera sido "discreto", cree que lo hubieran condenado. "Además, le tenían ganas", añade Rojo, que en una de sus visitas a Benítez fue atacado por unos ultraderechistas que al salir de una cantina lo siguieron, insultaron y golpearon. Su estrategia de defensa, rememora, fue "ir a por todas y plantar cara, contando todo lo que hizo" el alcalde sin refugiarse en excusas. ¿Qué hizo el tribunal? "Lo absolvió, pero no por lo que nosotros alegábamos, sino sacándose un argumento de falta de dolo que ni habíamos citado. El mensaje fue: 'Lo absolvemos pero no por lo que usted dice, sino porque nos da la gana'. La realidad es que no se atrevían a condenarlo".

José Folguera, otro militante de la ORT que asistió al juicio, le contó a Aguilar y León que el juez de Mérida le había afeado a Benítez "de muy malos modos" que hubiera hecho pública la medida adoptada sobre la vaca. Los autores se refieren al "desconcertante" y "rayano en lo ridículo" embargo como desencadenante "un elevado nivel de indignación y rechazo social", que acabó granjeando a Benítez inesperados apoyos. Ahí entra el diputado de Euskadiko Ezquerra Juan Mari Bandrés, que llevó al Congreso un caso que, anotan los autores, ofrecía un "hiriente contraste entre moral y derecho".

La viuda de Benítez, Josefa Corbacho, contó a los dos investigadores que aquel doloroso caso le proporcionó dos satisfacciones, a pesar de los desvelos: la alegría de los familiares de las víctimas y el que desde entonces haya un lugar al que ellos –y sus hijos, nietos y mañana biznietos– tengan un lugar al que llevar flores frescas en el Día de Todos los Santos. Antonio, hermano menor de Benito, tiene un recuerdo más sombrío. "Lo que tenía eran dos vacas y le quitaron una. Mis padres, ya mayores, lo vivieron con angustia", explica. Antonio afirma que el caso avivó la popularidad de su hermano, que fue 24 años alcalde, hasta 2003, primero con la ORT, después con el PCE y desde 1991 con el PSOE. Una vez fuera de la alcaldía, el partido "lo dejó tirado", dice Antonio. "Con 54 años, cogió la talega, la fiambrera y volvió a los olivos". Falleció en 2013.

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