Amnistía y siete ONG más denuncian que España usa fondos de la UE en políticas migratorias que vulneran los DDHH

Una voluntaria acompaña a dos migrantes, tras saltar la valla de Melilla.

España podría estar usando los fondos europeos para financiar acciones que atentan contra los derechos humanos. Eso manifiestan varias organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan Amnistía Internacional, red Acoge y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que han denunciado ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) la utilización por parte de España de ese dinero para sufragar acciones violentas de las fuerzas policiales contra inmigrantes que intentan entrar en nuestro país por la frontera sur. En concreto, se adule a la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y la falta de acceso al procedimiento de protección internacional y la vulneración del principio de no devolución.

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Las organizaciones se refieren a los fondos que España estaría utilizando para llevar a cabo la "política de lucha contra la inmigración irregular", entre los que se nombran el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV). Estos podrían estar empleándose para acciones "violentas y desproporcionadas", como las llevadas a cabo por la policía española y marroquí en los sucesos del 24 de junio en Melilla, donde al menos 23 personas murieron.

De igual manera, también denuncian la falta de transparencia en la ejecución y en la gestión de los fondos europeos por parte del gobierno, que prácticamente no ha contado con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la inmigración ni ha establecido mecanismos de vigilancia sobre el uso de esos fondos. Por todo ello, y por la posible vulneración de la normativa de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, Amnistía Internacional y el resto de organizaciones reclaman a la OLAF que analice la cuestión.

La denuncia la firman Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Pro-Derechos Humanos de España, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Iridia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Stop Mare Mortum, Red Acoge y Amnistía Internacional.

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