Caso ERE

Anticorrupción urge a Alaya a citar a todos los imputados que no han declarado

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta, que fije un calendario para las declaraciones de todas las personas imputadas en la causa que a día de hoy no han comparecido en sede judicial.

Entre los imputados que aún no han prestado declaración se encuentran la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez; el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y dos hijos del empresario José María Ruiz-Mateos. En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público cita el caso concreto de Antonio Rivas y el del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, imputados desde marzo de 2011, o el de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, que lleva imputado desde marzo de 2012.

La Fiscalía recuerda que ya en anteriores escritos "ha venido reiterando" la petición para que la magistrada fijara un calendario "razonable" a fin de oír en declaración a todos los imputados en la causa, que ascienden actualmente a 116, y "no demorar" en el tiempo su comparecencia, "no ya sólo para poder avanzar sistemáticamente en la instrucción de la causa y garantizar adecuadamente los derechos y garantías de éstos", sino también para "adoptar las medidas cautelares de naturaleza real que permitan el mayor reintegro posible de los fondos públicos presuntamente malversados".

En este sentido, la Fiscalía considera que la juez "debe fijar un calendario a la mayor brevedad" para la toma de declaración de todos los imputados en la causa que hasta el momento no han prestado declaración en sede judicial, "sobre todo si atendemos al previsible incremento de estos, tal y como se ha puesto de manifiesto" en los dos autos de junio y julio en los que la magistrada imputó a un total de 43 personas.

De igual modo, Anticorrupción considera "igualmente necesario" concluir con las declaraciones de las personas imputadas judicialmente –que no han comparecido hasta el momento en el Juzgado– en el marco de la operación Heraclesoperación Heracles desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil, que investigó el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo. En relación con esto, la Fiscalía pide a la juez que requiera a la Guardia Civil "para que a la mayor brevedad presente informe sobre el resultado del análisis de toda la documentación intervenida" durante los registros domiciliarios practicados durante la operación Heracles.

Pago a sindicatos

Asimismo, el Ministerio Público reitera su petición para que la juez indague y practique una serie de diligencias en torno a los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos UGT y CCOO por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas sociolaborales investigadas. 

A fin de "avanzar" en la investigación "sobre la justificación de dichos pagos, las personas y entidades que se hayan beneficiado de los mismos", pide que se oficie a la Guardia Civil "para que aporte relación de las entidades y empresas perceptoras de dichas cantidades, con indicación de NIF y domicilio, entidad, fecha y cantidad que realiza el pago", y pide que esta información sea remitida a la Agencia Tributaria "al objeto de informar sobre operaciones que conste en sus bases de datos entre dichas entidades y empresas y todas aquellas sociedades o asociaciones que han sido beneficiarias de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas".

Investigación a Lanzas

Conforme a la relación aportada, la Fiscalía pide que se requiera la representación de las empresas perceptoras de dichos pagos, cuantificados en más de siete millones de euros, "para que aporten al Juzgado justificación documental de los servicios a los que se corresponden dichos pagos, de forma detallada –factura a factura–, con indicación de los trabajos –duración, lugar o periodo– y personal empleado". 

Asimismo, en el escrito también se indica que en los informes que integran las reseñadas diligencias de la UCO, "en particular" los relativos al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y a Estudios Jurídicos Villasís, "se recoge con detalle la operativa realizada por algunos de los imputados con distintas cuentas bancarias abiertas en la misma entidad, operativa que no debió pasar inadvertida para los directivos de la misma". Por ello, el Ministerio Público solicita que se oficie a la Guardia Civil para que aporte "relación detallada, por entidad y sucursal, de las cuentas bancarias utilizadas por los imputados para el cobro y posterior distribución de las cantidades recogidas en las diligencias policiales, con indicación del periodo de tiempo".

Posible prescripción

De otro lado, la Fiscalía reitera su petición para "acelerar" la investigación de todos los expedientes relativos a perceptores de fondos públicos, ya que advierte de que la posible prescripción de los delitos perseguidos dejaría "sin perseguir y condenar, en su caso, la participación de personas que hayan percibido fondos públicos de forma presuntamente ilícita, con la consecuente dificultad para reintegrar en vía penal los mismos a las arcas de la Junta". 

La Fiscalía dice que "de forma provisional y parcial y a meros efectos expositivos, puesto que si opera o no el instituto de la prescripción exigirá un estudio de cada caso en particular", esta situación "se podría plantear en relación a perceptores de fondos públicos" vinculados con hasta 14 expedientes, entre los que cita los casos del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, Santana Motor, Jerez Industrial, Gestifesa o Bufete Olivencia Ballester. A fin de "acelerar" la investigación relacionada con cada uno de los expedientes citados, Anticorrupción plantea al Juzgado que "solicite todas las medidas de refuerzo que permitan afrontar la causa con recursos humanos y materiales suficientes", así como que "dé las instrucciones pertinentes tanto a la Guardia Civil como a la Intervención General para que se avance en todas las líneas de investigación de la causa".

Se piden nuevas imputaciones

La Fiscalía reitera su petición para que la juez impute al presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón; al responsable de relaciones laborales de la empresa Cespa, José Antonio Pérez, y al responsable de FCC Medio Ambiente, Álvaro Mollinedo, ya que considera que "deben de ser oídas en calidad de imputados aquellas personas que, de forma indiciaria, tenían conocimiento de que, sin procedimiento alguno y mediante la figura de beneficiario de una póliza de seguros, han posibilitado que dos sociedades mercantiles –FCC y Cespa– hayan cobrado, cada una de ellas, como mínimo, 276.222,24 euros de la Junta".

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