'caso Lezo'

El auto que envía a prisión a Ignacio González destapa un escenario de saqueo general y complicidades

Esperanza Aguirre, su consejero de Presidencia, Francisco Granados, y su vicepresidente,Ignacio González, en una imagen de 2009.

Alicia Gutiérrez / Tono Calleja

El auto por el que el juez Eloy Velasco encarceló la noche del viernes a quien hasta 2015 fue presidente de Madrid por el PP, Ignacio González, destapa un escenario de largo, continuo y multimillonario saqueo sostenido con la complicidad o al menos la tolerancia de terceros. De esas complicidades hablan, por ejemplo, las conversaciones del propio Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana–con quien planeaba asociarse mediante empresas constituidas en países opacos. Y emerge como elemento cargado de interrogantes la reunión que su hermano Pablo mantuvo con el número 2 de Interior tras conocer la existencia de una investigación en marcha.

Pero también retrata ese escenario de complicidades la participación de gigantes como OHL, Dragados (ACS) o Indra en las macrooperaciones supuestamente delictivas que González y los otros investigados tejieron presuntamente en su propio beneficio o el del PP.

OHL le habría pagado un soborno de 1,4 millones en Suiza a cambio de la adjudicación del tren Móstoles-Navalcarnero, cuya vía ni siquiera llegó a construirse. Como adelantó  infoLibre, Dragados garantizó a su familia una comisión de 600.000 euros en un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II bajo su presidencia.

Y, al igual que ocurrió en Valencia  con la trama Gürtel, otras empresas –es el caso de Indra, que pagó 687.497 euros-  habrían asumido el pago de facturas falsas que en realidad escondían trabajos para la campaña electoral del PP en 2011.

El auto alimenta la inquietud sobre el colchón de lealtades del que se benefició González hasta poco antes de su arresto al reflejar cómo una de las conversaciones interceptadas a su hermano Pablo desvela que se habría entrevistado con un secretario de Estado en fechas recientes tras conocer la existencia de una investigación judicial que era secreta. O cuando desmenuza cómo se produjo la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao por parte de la poderosa filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Inassa: porque el material analizado conduce al juez a una hipótesis negra. “No puede descartarse –dice el auto- que el Consejo de Administración de Canal Gestión estuviera al tanto de los pormenores y el desarrollo de  la operación de compra de Emissao”. Canal Gestión es la sociedad nuclear del grupo Canal.

La resolución sostiene que entre los leales a González se contaba el presidente del diario La Razón: "Se ha evidenciado el uso de la influencia sobre Mauricio Casals, presidente de La Razón, para detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el objetivo de conseguir impunidad y obtener información sensible sobre la investigación

judicial en curso".

Una decisión meteórica del Gobierno de Aguirre

Que González siempre gozó del respaldo de Esperanza Aguirre y del del PP hasta poco antes de que fuera desplazado por Cristina Cifuentes en la carrera hacia las elecciones de 2015 era algo sabido. Pero, aun sin citar en ni una sola línea de sus 28 páginas a la hoy portavoz municipal del PP en Madrid, el auto del juez Eloy Velasco remarca ese aspecto. El paradigma es el relato que traza sobre cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre, tardó “solo dos días” en enero de 2007 en declarar de interés general el campo de golf auspiciado por el Canal de Isabel II bajo la batuta de Ignacio González para acometer una modificación urbanística que terminó reportando a su familia una comisión de 600.000 euros gracias a un encargo de la adjudicataria de la obra, Dragados, a la empresa donde participaba primero su cuñado y después también su hermano. Esa empresa, Tecnoconcret, se vio luego igualmente favorecida al participar en la UTE que se alzó con la concesión del campo de golf, declarado ilegal por el Supremo en 2016. Tecnoconcret se convirtió para el clan González y su socio en esa empresa en una fuente de provisión de fondos en metálico: el auto revela que solo entre 2008 y 2011 salieron de una de sus cuentas bancarias 532.339 euros mediante el cobro de cheques.

El –supuesto– saqueo del Canal de Isabel II y las adjudicaciones amañadas -el auto cita la  del tren de Navalcarnero o la del videomarcador del Palacio de Deportes y deja el interrogante de a quiénes exactamente beneficiaron los manejos en otros países- permitieron a Ignacio González y su familia acumular un patrimonio real muy superior al oficial, sostiene el juez.  La información analizada –expone el auto– “arroja fuertes discrepancias entre su patrimonio declarado y los importes de las inversiones que planean acometer” los González. O las que ya estaban ejecutando cuando el miércoles estalló la Operación Lezo.

El magistrado alude aquí a varias inversiones millonarias como la compra de una parte del accionariado de la empresa de ingeniería Auditel -la del videomarcador mencionado en el párrafo anterior-por un monto que el auto cifra entre uno y tres millones de euros. O a que el expresidente y su esposa se dispusieran a adquirir otro paquete, este del 20% y valorado en unos 200.000 euros, en una empresa de guarderías. O a que el antiguo delfín de Aguirre se preparase para comprar junto con el exministro Eduardo Zaplana el 50% de una empresa especializada en desinfección de aguas y en la que participaría a través de sociedades opacas y testaferros con la ayuda de un abogado uruguayo experto en estructuras internacionales.

Velasco  infiere de ese cúmulo de datos que González planeaba blanquear dinero oculto y no solo el "dinerillo B" mencionado en una conversación por el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, igualmente encarcelado sin fianza: “El hecho de que [González] pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot [el abogado uruguayo] podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.

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