un concurso en el punto de mira

El avispero de la TV de Murcia: una empresa lanza un SOS a los tribunales por el nuevo contrato

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

El zumbido del avispero en que se ha convertido el concurso para adjudicar la gestión de la televisión pública murciana, La 7, no cesa de crecer. Tres días después de que el PSOE pusiera en manos de Anticorrupción cómo el Ejecutivo regional lleva ya aprobados 17,1 millones a dedo para la filial del Grupo Secuoya cuyo contrato expiró de forma irreversible hace 19 meses y a cuyo frente se sitúa el marido de una alto cargo del presidente Fernando López Miras, acaba de salir a la luz otro dato. Y ese dato complica el panorama: Tecero, uno de los grupos que aspiran a hacerse con un contrato plurianual que puede rozar los 80 millones ha lanzado un SOS por partida doble a los tribunales. La empresa elevó el 20 de octubre al Tribunal Superior de Murcia (TSJRM) dos recursos de lo contencioso en los que acusa al Gobierno regional de saltarse las normas y de actuar de forma irregular. La empresa pide al TSJRM la medida cautelar más drástica: que deje en suspenso el concurso.

¿En que se sustentan los dos recursos que ha presentado la firma que lidera el empresario murciano Juan Francisco Zambudio? El primero de ellos en que –siempre según Tcero– se retuerce la legalidad administrativa al permitir que la jefa de la mesa de contratación –otra alto cargo– abandonara ese puesto en agosto alegando que debía abstenerse pero dejando en su asiento a alguien nombrado por ella misma. El segundo recurso tiene su origen en que el Gobierno murciano ha relevado en medio del proceso a los tres integrantes del comité de expertos. ¿Por qué? Porque uno de los tres que hace 11 meses fueron nombrados para asesorar a la mesa de contratación desapareció del mapa también en agosto. 

En el primer caso, fue la secretaria general de la Consejería de Economía y Hacienda, Sonia Carrillo, la que en agosto adujo que debía abstenerse de presidir la mesa de contratación. A tenor de lo publicado por la prensa murciana, Carrillo –"que ya ejerce sus funciones [como secretaria general] pese a que aún no ha tomado posesión", así lo publicó el rotativo La Verdad– decidió inhibirse porque "un familiar suyo tiene vínculo con una de las empresas del concurso". Con cuál tampoco se sabe. Pero sí que, antes de dar portazo a la mesa de contratación optó por "delegar" –es el verbo en que coincidieron distintos medios– la presidencia en el director general de la Agencia Tributaria regional, que depende de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Lo que Tcero alega en su recurso es que, si alguien se abstiene de participar en la tramitación de un contrato porque mantiene lazos personales con persona vinculada a alguna de las empresas aspirantes, no puede ser ese mismo alguien quien designe a su sucesor. Y que semejante tarea corresponde a la Consejería. Porque de lo contrario la presidencia del órgano que ha de resolver la adjudicación del contrato multimillonario adolecerá de "vicios de irregularidad invalidante". O sea, que convertirá la mesa en un órgano viciado y cuyas decisiones carecerán, por tanto, de validez legal. Eso, según Tcero, es lo que ha ocurrido.

En lo que concierne al segundo recurso, la clave reside en que el Gobierno cambió a los tres miembros del comité de expertos cuando una de los integrantes nombradas en diciembre también desapareció del mapa al llegar el verano. Dejó de participar así en la tramitación de un concurso convocado no un año antes de que expirase en contrato con CBM -ese margen temporal fue el aplicado en 2014- sino con solo dos meses de antelación. Con un procedimiento lanzado el 3 de marzo resultaba materialmente imposible tener cerrada la nueva adjudicación el 30 de abril: con o sin pandemia. La tardanza derivó así en cinco adjudicaciones sucesivas a dedo para CBM, la filial de Secuoya que desde 2015 gestona La 7. El total aprobado: 17,1 millones.

La experta que optó por dejar atrás el concurso de la TV murciana había solicitado en julio que se diera "por concluida su intervención al haber enviado por correo electrónico el informe individual sobre el criterio 2". El criterio 2 en el trámite para adjudicar la gestión de La 7 se presenta como el más resbaladizo: porque se refiere a los "criterios evaluables mediante juicio de valor". 

¿Por qué fue cesado el comité al completo y relevado por otros tres nuevos componentes, uno de los cuales es el director de Comunicación del Gobierno regional? Porque el Ejecutivo murciano sostiene que la experta en cuestión que en julio pidió irse había vulnerado el deber de secreto de la Ley de Contratos. ¿Cómo? Al presentar por registro electrónico "una valoración individual de las ofertas relativas a los criterios evaluables mediante juicios de valor". El entrecomillado pertenece a un acta de la mesa de contratación. Pero esa misma acta añade que lo sucedido "no tiene, sin embargo, en este momento, efectos invalidantes respecto del procedimiento de adjudicación seguido, pudiendo considerarse una irregularidad no invalidante". En resumen, que no invalida el procedimiento y en consecuencia tampoco entraña causa de nulidad.

De lo anterior, Tcero infiere que la decisión de nombrar un nuevo comité de expertos constituye "una transgresión del principio de transparencia en materia de contratación pública y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Traducido al lenguaje común, "interdicción de la arbitrariedad" significa que está prohibido que los poderes públicos actúen conforme a la mera voluntad de sus titulares sin ajustarse a las normas. O sea, de forma ilegal.

Este periódico pidió a los portavoces de la consejería murciana de Economía y Hacienda su versión sobre los dos recursos de lo contencioso interpuestos por Tcero ante el TSJ de la Región. Su respuesta fue la siguiente: “En el último recurso anterior a estos que presentó esta empresa, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestimó las medidas cautelares dando la razón a la Comunidad Autónoma”. Según el Gobierno de López Miras, el TSJ expuso que con su recurso Tcero  hacía un “difuso intento de control de legalidad de la actuación de la administración”. Y que el tribunal puntualizaba que la “mercantil demandante ha presentado su oferta y en cuya licitación participa con plenitud de derechos”.

Asimismo, prosigue el Ejecutivo de López Miras, el TSJ exponía que cabe “recordar la importancia de que se preste un servicio público en situaciones extraordinarias; y como dice la Administración, además, no se puede competir con otros canales con la limitación que se pretende imponer. A ello, añadir los perjuicios que se podrían producir para los trabajadores”.

 “Atendiendo a este auto y a otros similares -remataron los portavoces de comunicación- solo debemos resaltar una vez más la legalidad y transparencia con la que está actuando la Comunidad Autónoma en este y en todos los concursos que convoca”.

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