El Ayuntamiento de Madrid renuncia a desalojar La Ingobernable

El Ayuntamiento de Madrid comunicó a mediados de febrero a los ocupantes del edificio de la calle Gobernador 39 que desalojaría la propiedad, ocupada desde hace casi un año y convertida, desde entonces, en el centro social La Ingobernable. El lanzamiento estaba previsto para el próximo 4 de abril a las 10.00 horas. Pero, finalmente, este jueves el consistorio madrileño confirmó que no tiene intención de ejecutar ese desalojo, pese a que el procedimiento administrativo sigue abierto.

La Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid exigió el pasado 13 de febrero a los ocupantes abandonar el edificio en el plazo de “cinco días hábiles” a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma. En la resolución, a la que ha tenido acceso infoLibre, Patrimonio les advertía de que, de no dejar libre el inmueble y a disposición del Consitorio en el plazo fijado, el Ayuntamiento procedería a ejecutar el lanzamiento el día 4 de abril a las 10.00 horas.

Patrimonio avisaba además de que los gastos derivados de la ejecución del desahucio serían “por cuenta de los desahuciados” y de que, “en caso de resistencia al desalojo”, se adoptarían cuantas medidas necesarias para la recuperación inmueble. Igualmente, señalaba que en el lanzamiento “podrá solicitarse el uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad o imponerse multas coercitivas de hasta un 5% del valor de los bienes ocupados, reiteradas por periodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo”.

La Ingobernable denuncia que a pesar de sus “intentos de abrir un espacio de diálogo con el Ayuntamiento” acerca de la situación del edificio, la “única noticia” que han recibido por parte del Consistorio ha sido la comunicación de la orden de lanzamiento prevista para el día 4 de abril. No obstante, este jueves la corporación confirmó que no tiene intención de ejecutar el desalojo, si bien no aclaró por qué envió la carta a los ocupantes del edificio. "Nuestra voluntad es consensuar un plan de uso con los colectivos", señaló un portavoz.

El céntrico edificio fue cedido por el Ayuntamiento en 2013 bajo el mando de Ana Botella, que acordó una cesión a la Fundación Ambasz por 75 años a cambio de una inversión de 10 millones de euros para la construcción del Museo del Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo (MAADU), impulsado por el argentino Emilio Ambasz. En el proyecto, la fundación planteaba el derribo del edificio, para lo que Botella cambió la protección del mismo.

Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 31 de mayo aprobó, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, rescindir el contrato de cesión a la Fundación Ambasz, como el centro reivindicó desde el mismo día de la ocupación. Además, en el mismo Pleno, Ahora Madrid votó en contra de una propuesta socialista para expulsar a los okupas del edificio, que también salió adelante con el apoyo del PP y Cs. No obstante, La Ingobernable denuncia que el contrato con Ambasz no se ha rescindido aún pese a que han transcurrido casi diez meses de la decisión del Ayuntamiento.

El consistorio madrileño ya rechazó el mismo día de la ocupación —que tuvo lugar tras una manifestación de algunos colectivos, entre los que se encontraba El Patio Maravillas, contra la “venta” de Madrid, y a la que también acudieron parlamentarios regionales de Podemos— llevar a cabo un desalojo en calientedesalojo en caliente y optó por abrir un expediente.

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No obstante, la Comunidad de Madrid mantiene un criterio diferente al del Consistorio. El pasado diciembre, la Comisión Local de Patrimonio Histórico –un órgano compartido por las dos instituciones en el que la Comunidad tiene una mayoría de siete a tres– dio luz verde  al proyecto de la Fundación Ambasz para derribar el edificio y construir el museo, decisión ante la que el Ayuntamiento anunció que elevaría el grado de protección del edificio para evitar el derribo. Eso fue precisamente lo que hizo el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a finales de diciembre, cuando aprobó con los votos de PSOE y Ahora Madrid devolver la protección original al inmueble para evitar así su derribo.

“Esta orden de lanzamiento no es sino una manera de poner en peligro la continuidad de un proceso que ha devuelto a las vecinas de Madrid parte de su patrimonio en una ciudad cada vez más hostil y difícil de habitar, en la que la calle y los lugares de encuentro cada vez requieren más dinero, que destruye el patrimonio material e inmaterial, que desplaza a sus habitantes a las periferias: en definitiva, una ciudad para los más privilegiados”, sostienen desde el centro.

La Ingobernable afirma, también que la orden del Consistorio supone “ir en contra de las propias declaraciones de miembros de Ahora Madrid, que siempre han reconocido la carencia de dotaciones de esta ciudad defendiendo además los procesos participativos, abiertos y democráticos”.