La prohibición expresa del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que los barones de su formación se acojan a la quita de la deuda que el Consejo de Ministros aprobó este martes, contrasta con las continuas reclamaciones de estos mismos dirigentes —incluido el propio Feijóo— al Ejecutivo central para disponer de más fondos con los que, teóricamente, mejorar los servicios de la ciudadanía, especialmente en lo que se refiere a sanidad, educación y servicios sociales. Una contradicción que el Gobierno prevé explotar teniendo en cuenta las enormes deudas que acumulan varias de estas autonomías y las declaraciones pasadas de algunos barones del PP en las que abrían la puerta a acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.
En este caso concreto, los presidentes de Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia llevan años clamando por un cambio de modelo de financiación autonómica que implique contar con más ingresos para hacer frente a sus obligaciones a pesar de defender —y practicar— reducciones fiscales que les han privado de recursos que ellos mismos consideran imprescindibles. Y ahora que tienen la oportunidad no solo de reducir significativamente y de un plumazo parte de su deuda, sino de deshacerse de los enormes intereses que pagan cada año por ella —que podrían destinar a mejorar los servicios públicos— no lo quieren y tratan de justificar su negativa.
Las comunidades del PP niegan los beneficios
"Andalucía no tiene ningún problema de deuda, quien tiene un problema de deuda, en este caso, es Cataluña. Al final esto es tan sencillo como salvar a [Pedro] Sánchez y para salvar a Sánchez nos meten a todos en un lío y utilizando recursos y el aparato del propio Estado", fueron las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, este martes pese a que Andalucía sería la autonomía más beneficiada con esta medida, con 18.791 millones de euros condonados. La titular de Hacienda de la comunidad, Carolina España, lo calificaba directamente de "trampa": "Es cambiarla del bolsillo del padre al de la madre", argumentaba.
En esa misma línea se pronunció también el presidente valenciano, Carlos Mazón, este miércoles al calificar la medida como un "chantaje" que no piensa aceptar, que en su caso supondría una quita de 11.210 millones de euros, lo que representa el 19,3 % del total de la deuda valenciana y el 24,3 % de la deuda atribuible a la infrafinanciación, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. Por su parte, su consejera de Hacienda, Ruth Merino, aseguraba que "no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados".
El murciano Fernando López Miras ha llegado a afirmar que distribución de la condonación de la deuda también perjudica a la Región al ser la novena en el reparto —aunque, paradójicamente, no se quiere acoger al mismo—: "El problema de la Región no es la deuda, sino la infrafinanciación", señaló este miércoles, ya que "mientras no se cambie el sistema de financiación caducado desde 2014, vamos a seguir siendo los españoles que menos recibamos para mantener nuestros hospitales o los colegios", argumentó. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, la calificó de "parche".
Otra de las que se ha mostrado más beligerante con esta quita es la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y ha minimizado el potencial ahorro en intereses para la región. "''Perdonar' y asumir las deudas de los independentistas es tan, tan positivo para la economía española, que este Gobierno de caraduras sólo ha tardado siete años en plantearlo", criticaba la madrileña. Su consejero de Presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, cargaba contra los "dos nuevo peajes" del Gobierno.
Madrid, Murcia, Andalucía y Comunitat Valenciana, a la cola en servicios públicos
Lo cierto es que, a pesar de las declaraciones de los dirigentes del PP, el proyecto del Gobierno –siempre y cuando todas las comunidades beneficiarias se acogiesen al sistema– liberaría a las comunidades de tener que devolver 83.252 millones de euros de deuda, lo que sí les permitiría un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros que ya no tendrán que destinarse al pago de intereses y podrían ir a otras partidas presupuestarias autonómicas como las de sanidad, educación o dependencia. Supondrá, según los cálculos de Hacienda, que el Estado asuma casi el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas. El Gobierno cuenta con que todas acabarán desmarcándose de Feijóo cuando llegue el momento.
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La queja de estas comunidades contrasta con el presupuesto que destinan en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En la primera materia, según los Presupuestos iniciales de sanidad —que el ministerio actualiza para 2025 con nota metodológica sobre CCAA con cuentas prorrogadas— y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), las comunidades con menor inversión per cápita son Cataluña (1.515,99 euros), Murcia (1.511,18 euros) y Madrid (1.482,25 euros). En promedio, el gasto sanitario per cápita ha aumentado un 1,04%, lo que equivale a 72,34 euros adicionales por persona. Sin embargo, la organización denuncia que España sigue estando por debajo de la media europea en gasto sanitario.
Por lo que respecta a la educación, según los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación en la última edición disponible, la de 2020, refleja que en el ejercicio de 2017 Madrid estaba a la cola en gasto público por alumno en centros públicos. En concreto, el estudio situaba la inversión por estudiante en los 4.727 euros, mil euros por debajo de la media nacional –5.779 euros. En la parte baja de la tabla, por delante de la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y por debajo de la media nacional, se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana, con un desembolso que va desde los 5.077 euros de la primera a los 5.609 euros de la última de ellas.
En lo que respecta a los servicios sociales, Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid suspenden por su cobertura intrascendente. Así lo reveló el Índice DEC 2024, que pone de manifiesto las grandes diferencias entre comunidades autónomas y que refleja, por ejemplo, que el gasto por habitante en servicios sociales en Extremadura es de 713,7 euros, un 76% más que en Madrid, con 405,3 €; que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494), o que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en Murcia (3,8%).
La prohibición expresa del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que los barones de su formación se acojan a la quita de la deuda que el Consejo de Ministros aprobó este martes, contrasta con las continuas reclamaciones de estos mismos dirigentes —incluido el propio Feijóo— al Ejecutivo central para disponer de más fondos con los que, teóricamente, mejorar los servicios de la ciudadanía, especialmente en lo que se refiere a sanidad, educación y servicios sociales. Una contradicción que el Gobierno prevé explotar teniendo en cuenta las enormes deudas que acumulan varias de estas autonomías y las declaraciones pasadas de algunos barones del PP en las que abrían la puerta a acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.