Comunidad de Madrid

Ayuso privatiza parte de la gestión de los fondos europeos alegando “escasez” de recursos públicos

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recibe un aplauso de sus compañeros de partido tras el 4M.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tira del sector privado para gestionar las ayudas europeas orientadas a la reparación de los daños económicos y sociales producidos por la pandemia de coronavirus. El Gobierno madrileño ha puesto en marcha, en plena campaña electoral, una licitación para la asistencia técnica a la Dirección General de Presupuestos en las labores de diseño, elaboración y preparación del nuevo periodo de programación de los Fondos Estructurales FSE y FEDER 2021-2027 y para la gestión de Next Generation EU, el gran paquete de estímulo de 750.000 millones de euros acordado por los líderes europeos en julio de 2020. El presupuesto base del contrato, al que se recurre escudándose en la “escasez de recursos” públicos con los que poder “afrontar” este “desafío”, asciende a más de 750.000 euros –impuestos incluidos–, según consta en la documentación recogida en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

A mediados de abril, en plena campaña electoral, el Ejecutivo regional puso en marcha el procedimiento de licitación, si bien el anuncio no fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) hasta este mismo miércoles. El contrato en cuestión busca poner a disposición de la administración autonómica un equipo humano procedente del sector privado “con una alta cualificación y especialización” en materia de fondos europeos y, en especial, “para la gestión” del nuevo instrumento, a fin de “procurar los mejores resultados” para la Comunidad de Madrid. “Para el desarrollo de las funciones encomendadas a la Dirección General de Presupuestos […] precisa proceder a la contratación externa de una asistencia técnica, toda vez que la misma tiene la necesidad de contar con medios adicionales para la correcta ejecución de las tareas”, reza la memoria justificativa.

Las firmas –previsiblemente consultoras– que se hagan con la adjudicación deberán destinar a la ejecución del contrato dos unidades que contarán, como mínimo, con una decena de profesionales, entre coordinadores, técnicos de gestión o expertos en gestión informática. La adjudicataria, además, deberá disponer durante los dos años de duración de las labores de una bolsa de hasta 2.000 horas anuales para que los técnicos asignados al proyecto puedan abordar “tareas de programación, gestión, seguimiento, evaluación, soporte técnico y documental” de las tareas e informes encargados. Por los trabajos, que se desarrollarán en dependencias de la firma adjudicataria y que serán complementarios a las tareas que realice el personal funcionario, la empresa que se haga con la licitación –el plazo de presentación de ofertas finaliza este viernes– se embolsará 754.548,9 euros, IVA incluido.

Los equipos deberán, en relación con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia –las ayudas y subvenciones que conforman el eje central de Next Generation–, dar soporte a los gestores “para el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias y de las derivadas de las autoridades nacionales competentes”, así como hacer las pertinentes observaciones y responder a los requerimientos para la “presentación y efectiva aprobación” de los proyectos que se pongan sobre la mesa. Asimismo, recoge el pliego de prescripciones técnicas, deberán brindarse “los soportes de apoyo“ que hagan “efectivas” las “necesarias tareas en materia de gestión, seguimiento, evaluación, verificación-comprobaciones de legalidad requeridas y ejecución de los proyectos financiados”.

Un coste con cargo a la UE

En relación con los fondos comunitarios, la normativa europea establece que los Estados miembros deben designar como gestor a una autoridad u organismo público. Pero también recoge la posibilidad de que dicha autoridad de gestión pueda recurrir a uno o varios “organismos intermedios” para realizar determinadas tareas de la misma, bajo la responsabilidad de ésta, mediante los oportunos acuerdos, que deberán registrarse formalmente por escrito. A esto se agarra justamente el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para sacar a concurso la asistencia técnica.

El desembolso podrá ser cofinanciado con fondos de la UE. De hecho, el reglamento del Consejo de la Unión Europea relativo al instrumento de recuperación establece que los costes “de la asistencia técnica y administrativa” para su ejecución, tales como actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, “se financiarán con cargo al presupuesto” comunitario.

Escasez de recursos

El Gobierno de Ayuso ha decidido tirar del sector privado alegando falta de recursos públicos para hacer frente a la ingente tarea. Así lo hace constar en la memoria de insuficiencia de medios del contrato, con la que justifican la necesidad de encargar a empresas estos trabajos. “Dada la urgencia en la implementación de las medidas del instrumento temporal NGEU –Next Generation EU– ante la crisis ocasionada por la pandemia, las características de las tareas a realizar y la escasez de recursos para afrontar ese desafío, las Áreas de Gestión de Fondos Europeos precisan de un apoyo técnico especializado para la correcta ejecución de las tareas”, recalcan en el documento.

A mediados de febrero, un mes antes de que se decretase el adelanto electoral, la presidenta madrileña y su entonces vicepresidente, Ignacio Aguado, presentaron las líneas maestras del plan para los fondos europeos del Ejecutivo regional. En total, la Comunidad de Madrid reclamaba al Ejecutivo central unos 22.471 millones de euros de los 140.000 que corresponden a España –72.700 en forma de ayudas directas y el resto en créditos–.

Entre los proyectos que se pusieron sobre la mesa destacaba, sobre todo, el orientado a resucitar la Ciudad de la Justicia, aquella iniciativa del Gobierno de Esperanza Aguirre que ha terminado con el procesamiento del exconsejero de Justicia Alfredo Prada y otras cinco personas por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación. Para el nuevo proyecto, con el que Ayuso pretende llevarse más de tres centenares de órganos judiciales a Valdebebas, la Comunidad de Madrid pedirá 442 millones de los fondos europeos.

No es el único servicio que el Gobierno regional encarga al sector privado en los últimos meses. El pasado agosto, por ejemplo, el Ejecutivo madrileño adjudicó por el procedimiento de emergencia a Quirón Prevención SL el seguimiento de los casos de coronavirus por un importe de 194.223 euros. Lo hizo justo después de que le llovieran las críticas por solicitar voluntarios para estas labores junto a la Universidad Complutense de Madrid. El último, la decisión de Ayuso de apartar a Telemadrid y adjudicar a empresas privadas la retransmisión de los actos oficiales del 2 de mayo, algo que la televisión pública llevaba haciendo desde hace más de tres décadas.

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