Ayuso saca adelante su propia norma educativa para blindar la concertada y hacer frente a la 'ley Celaá'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid continúa plantando cara al Gobierno central con el respaldo de la ultraderecha. La Asamblea de Madrid ha dado este jueves luz verde a la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, diseñada por el Ejecutivo regional para intentar boicotear en la región la aplicación de la nueva normativa estatal, conocida como ley Celaá por el nombre de la ministra que se encargó de impulsarla. A través de este texto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca blindar la educación concertada, que se ha convertido en seña de identidad de los conservadores en la comunidad autónoma y a la que la norma nacional intenta poner coto. Y proteger a aquellos centros que apuestan por un modelo educativo segregado.

Para el Gobierno, el proyecto constituye una "reconquista" de la "libertad educativa" de los madrileños. "Estamos satisfechos con el resultado final y con el camino que nos ha llevado hasta aquí", ha resaltado desde la tribuna de oradores la diputada del PP Lorena Heras. Ella ha sido la encargada de defender el proyecto del Ejecutivo regional en la Cámara. Y lo ha hecho con una intervención en la que se ha dedicado a cargar con dureza contra la norma estatal: "Incluye preceptos que desean convertir la educación concertada en una educación subsidiaria".

La iniciativa legislativa cuenta con el beneplácito de la extrema derecha. "Estamos muy contentos y muy alegres. (...) Los niños de Madrid van a tener ahora más cobertura que nadie", ha sostenido el parlamentario de Vox Jaime de Berenguer, a quienes ha recordado que el estudio es lo que les hará "libres" de "tiranos" que lo que pretenden es imponer. que el proyecto es para ellos

La oposición, sin embargo, ha criticado con dureza tanto la ley como el procedimiento legislativo. "Es un nuevo asalto a la educación pública madrileña. Que le pongan maestra es un insulto a los docentes", ha señalado el diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno, quien ha defendido que el objetivo de la norma es "segregar y privatizar". "Es una ley para confrontar, que utiliza Ayuso para su estrategia de batalla en el seno de su partido y a nivel estatal", ha sentenciado el parlamentario.

Un rechazo contundente que comparten desde Más Madrid y PSOE. Por parte del primer grupo, el diputado Alejandro Sánchez ha lamentado que se esté asistiendo al "final del modelo de educación pública". El parlamentario también ha cargado contra las trabas puestas en la tramitación: "Quisieron darnos diez minutos para debatir más un centenar de enmiendas". Cambios que fueron rechazados masivamente desde la derecha. "Ustedes garantizan el derecho de compra, y para esa garantía de compra usan la palabra libertad", ha lamentado.

Desde la bancada socialista, la diputada Marta Bernardo ha interpretado el texto como un nuevo "choque frontal" con la "democracia". "Cada ley que aprueba el Gobierno de España, ustedes se declaran insumisos", ha señalado la parlamenteria. No obstante, ha lanzado un aviso: "Si la aprueban, que sepan que va a seguir todo igual. Una ley autonómica nunca va a estar por encima de una ley nacional".

La Lomloe –popularmente llamada ley Celaá– ha estado en el punto de mira de los conservadores desde el inicio de su tramitación. Y ha sido uno de los muchos frentes de confrontación entre Ayuso y el Gobierno central. Hace algo más de un año, la líder regional encabezaba en Madrid junto al presidente de su partido, Pablo Casado, una manifestación contra una normativa estatal que consideraban que, entre otras cosas, dejaba tirados a los niños con necesidades especiales –poco importaba que un par de días más tarde el Ejecutivo madrileño se deshiciese de casi cuatro centenares de profesores de refuerzo destinados en exclusiva a estos alumnos–.

La Comunidad de Madrid, como gran escaparate que es del PP, se ha convertido en la punta de lanza de los conservadores contra la nueva norma estatal. “La reciente aprobación de la ley Celaá ha supuesto un recorte de la libertad de elección de las familias a la hora de decidir centro y tipo de educación para los alumnos”, se encargó de señalar Ayuso durante su investidura tras el adelanto electoral. “Por eso, y con respeto absoluto a nuestra normativa constitucional y a la nueva Ley Orgánica de Educación, planteamos una ley autonómica que defienda la libertad”, completó la líder del Gobierno autonómico.

El texto aprobado busca neutralizar la aplicación en la región de los aspectos que no gustan en la formación conservadora. Fundamentalmente, aplicando un blindaje a la educación concertada. "La Comunidad de Madrid garantizará en cualquier caso la existencia de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas gratuitas por la ley, teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados", se recoge en su articulado. Se va, por tanto, en contra de la senda marcada por la Lomloe, que busca potenciar, principalmente, la oferta pública: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".

La Ley Maestra también se encarga de recuperar el concepto de "demanda social", retirado por la Lomloe, que en su día incluyó la ley Wert para justificar el levantamiento de centros concertados en aquellas zonas donde se detecta falta de plazas. Una expresión que terminaba potenciando un círculo vicioso: si en un barrio destacaban las escuelas concertadas sobre las públicas se detectará que las familias matriculan más en las primeras, se interpretará, por tanto, que existe demanda social y se construirán más centros de este tipo.

La Lomloe también tiró por tierra la cesión de suelo público para la concertada. Lo hizo derogando la parte del artículo 116 de la ley Wert: "Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional". Algo que, sin embargo, ahora se encarga de recuperar Ayuso con su propia norma: "La Comunidad de Madrid podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros privados concertados sobre suelo público dotacional".

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