Movimiento antitaurino

Baleares será la tercera comunidad en prohibir la tauromaquia

Corrida de toros.

Canarias fue la primera comunidad autónoma en frenar el maltrato animal a través de la Ley de Protección de Animales, aprobada en 1991 gracias al impulso del ahora diputado del PP y entonces parlamentario de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) Miguel Cabrera Pérez Camacho. Casi 20 años después, Cataluña se sumó al veto con el respaldo de 68 votos a favor y 55 en contra en el Parlament, que en 2010 decidió poner punto final a las corridas de toros.

2016 se ha convertido en clave para las Islas Baleares en materia antitaurina. En octubre del pasado año, Podem, PSIB-PSOE, la coalición Més y el partido Gent per Formentera (GxF) presentaron una proposición no de ley para que el presente año fuera el fin de este tipo de festejos. Finalmente, el Parlamento balear anunció este martes que la Cámara revisará la propuesta de iniciar los trámites para prohibir la tauromaquia y cualquier otro espectáculo que cause sufrimiento animal, a través de una reforma de la ley 1/1992.

La modificación suprimirá además toda forma de protección o fomento mediante subvenciones, inversiones, beneficios fiscales o financiación pública de este tipo de celebraciones. La suma de los partidos impulsores permite alcanzar la mayoría suficiente para su aprobación, de modo que la iniciativa podría ser puesta en marcha, previsiblemente, en los próximos meses.

La citada norma, en vigor desde 1992, establece que "el sacrificio de los animales se efectuará de forma instantánea o indolora, y siempre con aturdimiento del animal o pérdida de conciencia del mismo, a excepción de las corridas de toros y tiradas al pichón". El objetivo ahora, tal y como explica la diputada de Més per Mallorca Margalida Capellà, es "que esta prohibición sea general, e incluya las corridas de toros". 

Silvia Cano, diputada socialista en el Parlamento balear, argumenta en conversación con infoLibre que "las excepciones a día de hoy no tienen sentido, porque la sociedad ha cambiado". Cano señala que la postura del PSIB viene motivada por "una sociedad más cívica y avanzada, que no debería tolerar los espectáculos en los que se maltratan animales". Por otro lado, la socialista destaca que "ha habido sentencias ejemplares a la hora de la aplicación de la ley, que ahora queremos ampliar. Por tanto hay un movimiento político y social en este sentido", apunta.

En el preámbulo de la ley, además, se alude a la voluntad de establecer "las normas para la protección de los animales que viven en el entorno humano, sean domésticos, domesticados o salvajes en cautividad". Se trata, por tanto, de "un instrumento para aumentar la sensibilidad colectiva", sostiene Capellà, de modo que, añade, "24 años después es lógico querer ampliarla hacia una protección integral".

Una comunidad sin tradición taurina

La iniciativa surgió como una campaña impulsada por la plataforma Mallorca Sense Sang –formada por las asociaciones animalistas Anima Naturalis y CAS Internacional–. Aunque inicialmente tenía una vocación local, rápidamente se hizo extensiva para toda la comunidad, reuniendo más de 13o.000 firmas en julio del 2015 que pedían abolir los festejos taurinos en todo el territorio. La página web de la plataforma cuenta, en la actualidad, con 147.616 firmas de apoyo. Los partidos políticos impulsores de la iniciativa en el Parlamento se sumaron enseguida a la plataforma ciudadana, conscientes de que "la proposición no de ley era un camino mucho más rápido y eficaz que la iniciativa legislativa popular", señala Margalida Capellà.

El contexto social en las islas evidencia la intención real de cambio entre la ciudadanía y sus representantes políticos. A día de hoy un total de 33 municipios se han declarado antitaurinos: 32 en Mallorca, otro en Ibiza, y el propio Consell de Mallorca. "La gente es consciente del maltrato animal", apunta Capellà, quien además destaca que en las islas hay cinco plazas de toros, de las cuales sólo tres están en activo y con un único espectáculo al año.

Con ella coincide el diputado de Podem Baltasar Picornell: "Las fiestas siempre se hicieron en días muy puntuales, y con la crisis se han reducido a sólo uno al año". Picornell alude, además, al gasto público que este tipo de festejos suponen. "El Ayuntamiento de Inca gastó 10.000 euros de fondos públicos, y en Muro se gastaron 500.000 euros para reformar la plaza, es una inversión exagerada que no tiene fundamento".

La realidad en Baleares es que la fiesta taurina se sustenta esencialmente del turismo. "Aquí influye mucho el turismo, se trata de un festejo completamente residual, no hay tradición, no hay mayoría social", explica Capellà. La socialista Silvia Cano añade la importancia de la "ola de sensibilización ciudadana que ha habido en los último tiempos y que aboga por la abolición". 

Cano recupera, por otro lado, iniciativas previas que a su juicio han ido sentando las bases en la construcción de una conciencia animalista colectiva. "En 2007 el de Baleares fue el primer parlamento del mundo en sumarse al proyecto Gran Simio, que buscaba acabar con la experimentación y el maltrato en este tipo de animales".

Patrimonio cultural

Aunque a nivel estatal España cuenta con los precedentes de Cataluña y Canarias, esta sería la primera vez que una comunidad autónoma prohibiría la tauromaquia desde que en 2013 el Congreso aprobara una ley, con los únicos votos del PP, que otorgaba a los festejos taurinos la cualidad de patrimonio cultural e histórico.

Para Silvia Cano, "esta ley pretende apuntalar la tauromaquia por la puerta de atrás, e invadir competencias de las comunidades autónomas". Margalida Capellà coincide en que se trata de "un conflicto de competencias". "Las comunidades tienen competencias en la regulación de espectáculos, sanidad animal y cultura, y en virtud de ello entendemos que el Parlamento balear tiene soberanía para regular esta cuestión", explica.

El artículo 149.28 de la Constitución atribuye competencias exclusivas al Estado en materia de defensa del patrimonio cultural, sin embargo, puntualiza Capellà, esa disposición se aplica únicamente "contra la exportación y la expoliación, museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas".

De momento, tal y como señala la Silvia Cano, "nos encontramos en una declaración de intenciones simbólica pero importante, ahora se iniciará la tramitación de una ley en base a nuestras competencias estatutarias", con el objetivo, concluye, de "promover la cultura de la no violencia".

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