Banca, fondos buitre y caseros oportunistas: diez historias de desahucios en Madrid

El pasado 18 de septiembre llegaba al Congreso la ley de vivienda articulada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La espera de su tramitación no concede, sin embargo, moratorias en lo que respecta a la actividad del colectivo. Los desahucios siguen dejando a familias sin casa y el problema no frena. Por eso la Coordinadora de Vivienda de Madrid, junto a organizaciones de barrio, ha lanzado la campaña Semana por la vivienda, a través de la que prevé visibilizar el problema habitacional que existe en Madrid, como espejo de la situación de emergencia en todo el territorio estatal.

Y es que en España se producen cerca de cien desahucios al día como consecuencia del impago de alquiler, casi el doble de los que generan las hipotecas. Las últimas cifras publicadas por el Consejo General del Poder Judicial ponen de manifiesto que durante el primer trimestre del año se registraron 9.719 desahucios por la morosidad en el alquiler, frente a 5.371 derivados de la ejecución hipotecaria. 

Tan sólo en la ciudad de Madrid, esta semana hay orden de practicar al menos nueve desahucios. Mientras se tramita la ley, las plataformas antidesahucios exigen "detener todos los desahucios del país de forma cautelar" y poner en marcha una "moratoria y renovación automática de los contratos de alquiler". De no ser así, dicen, la estrategia se centrará en "volver a la calle para tener casa".

Por el momento sus acciones están dando resultado. Hasta este martes, cuatro desahucios han sido parados. El último, el caso de Abdel, cuyo lanzamiento previsto para este viernes ha sido paralizado en el juzgado. El ejemplo de Abdel encaja en las subidas de alquiler articuladas por un arrendador particular. "Cuando el propietario no es un gran tenedor, lo que hacemos es exigir soluciones a las administraciones", explica Lotta Tenhunen, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinas de Vallecas.

Las subidas de alquiler que parten de caseros particulares son el resultado de cómo los propietarios "se suman a toda la subida y aprovechan la situación", pero el problema es estructural y parte de actores mucho más poderosos. Así lo afirma Mercedes Revuelta, activista de la PAH y Stop Desahucios. Las otras dos partes de la ecuación, explica la activista, se presentan como dos gigantes: los fondos de inversión y la banca.

Estos dos agentes acaparan la gran mayoría de los casos en los que las plataformas por la vivienda se vuelcan esta semana. El lunes fue parado el desahucio de Patry, cuya ejecución partía de las manos de Bankia. La mujer, según confirman fuentes de la PAH en Parla, es víctima de violencia de género. "Abandonó su casa y estuvo viviendo en la calle con su hijo" hasta que decidió ocupar una vivienda propiedad de la entidad bancaria. Aunque se ha intentado llegar a un alquiler social, el Ivima –Instituto de la Vivienda de Madrid– "sanciona durante diez años a la gente que ocupa". El piso, además, "está vendido a un fondo de inversión, con lo cual llegar a un acuerdo es completamente imposible".

También fue parado el de Abbasia, en Vallecas. Él y su mujer fueron adjudicatarios de un piso del Ivima, que finalmente fue vendido a un fondo buitre que decidió subirles el precio "tanto que no lo podían pagar".

La orden de desahucio contra Asun, en Orcasitas, también logró frenarse. Ella es una "mujer muy emblemática", explica Revuelta, quien alaba su figura como "luchadora por el derecho a la vivienda en el país". Lleva, según narra la activista, seis años peleando por un alquiler social "mientras que el banco ha preferido vender el piso al fondo de inversión Cerberus y ha estado casi seis años con juicios". El BBVA, por tanto, ha optado por "gastar todo su dinero en abogados y procuradores antes que buscar un alquiler social para una familia vulnerable".

Este miércoles está previsto el desahucio de Klebber en Parla y los de Miriam y Mari Carmen en Carabanchel. Klebber es deudor hipotecario y "no hay manera de llegar a un acuerdo de alquiler social". Además, su piso está ya vendido a un fondo de inversión "cuyo objetivo es hacer negocio". En cuanto a las mujeres de Carabanchel, ambas residen en pisos que pertenecen a Bankia y la segunda se encuentra ocupando la vivienda. Los activistas hablan de la ocupación como una recuperación. "Usamos el término recuperar por el rescate bancario, porque esas casas ya han sido pagadas por dinero público", razona Lotta Tenhunen. Revuelta explica que mucha gente se encuentra en dicha situación porque "no hay vivienda pública y las familias no tienen a donde ir". Entonces, añade, "se ven obligadas a ocupar viviendas vacías de bancos".

El jueves las plataformas antidesahucios prevén frenar el desahucio de Celia, en Vicálvaro. Esta última ejecución está ordenada por la Sareb, quien "prometió un alquiler social" que nunca llegó. El viernes es Irene, desde Getafe, la que intentará no ser expulsada de su hogar. En esta ocasión es Ibercaja la que lanza la orden de desahucio, y se trata de nuevo de una "vivienda recuperada".

Finalmente, explican fuentes de la PAH Centro, el caso particular de Sigan no cuenta con fecha próxima de desahucio pero este jueves hay prevista una acción de visibilización, después de que los activistas ya hayan conseguido frenar dos intentos. No hay fecha de lanzamiento, pero el proceso va a continuar, señalan. Su situación es "bastante común". Se trata de una familia que vive de alquiler y el casero es un hipotecado de una entidad bancaria. El banco subasta la casa del dueño de la vivienda y por lo tanto no subroga el alquiler ni las condiciones. 

Mercedes Revuelta tampoco olvida los llamados desahucios silenciosos. "Los propietarios quieren subir 300 euros más el alquiler, entonces el inquilino busca algo más barato en el pueblo de al lado y se marcha", expone. Si bien son casos no contabilizados como desahucios, en la práctica son el resultado del mismo fenómeno.

'Semana por la vivienda'

El objetivo de la campaña Semana por la vivienda, explica Tenhunen, consiste en "visibilizar que estamos viviendo y sufriendo una burbuja inmobiliaria, ahora de alquiler, pero igual que la hipotecaria está políticamente cocinada y sus responsables tienen nombres y caras". La portavoz de la PAH y el Sindicato de Inquilinas en Vallecas cree que, actualmente, no existe el suficiente grado de "madurez en la política representativa" para acabar con el problema, de manera que se hace necesaria "la movilización continua por parte de la ciudadanía para que esta burbuja se pinche". Ésa, dice, es precisamente el mensaje que lanza la campaña: "Organizándonos podemos pincharla".

La intención, añade, es visibilizar el "esfuerzo de la ciudadanía mientras no se legisla" y el éxito de la "desobediencia civil" a la hora de parar desahucios que de otra manera serían inminentes.

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La campaña tendrá como gran colofón una manifestación –con aires de festival– prevista para el sábado en la capital. "Íbamos a lanzar una campaña para animar a la gente a venir a celebrar que hemos introducido una ley en el Congreso", detalla Revuelta, pero "cuando nos dimos cuenta de cómo está la semana hemos tenido que hacer una campaña de socorro porque nos están echando a todos a la calle".

La situación, continúa la activista, es que "ahora los fondos de inversión compran paquetes de vivienda vacía a precios de risa, acelerando trámites judiciales para echar a estas familias", lo que resulta en una "vorágine de desahucios". Por este motivo, agrega, "el movimiento por el derecho a la vivienda, la PAH, el Sindicato de Inquilinas y las asociaciones de barrios están volviendo a sacar a la luz lo que nadie quería ver" y es que "cientos de familias acaban en la calle cada día".

Se trata de una "situación de emergencia" que obliga a "pedir que los actores políticos se pongan las pilas y que se las pongan a los actores financieros". Revuelta llama a "garantizar por ley una alternativa de vivienda" y hacer un "gran pacto por la vivienda en este país", que se sostenga sobre el Estado, las comunidades autónomas –que tienen las competencias–, los ayuntamientos –"que son los que reciben las broncas de los vecinos porque les tienen al lado"– y los agentes sociales. Es, concluye, "un tema urgente, un SOS en toda regla".