La armonización fiscal

La batalla de la fiscalidad autonómica alimenta el discurso político de ERC y del PP y distorsiona el debate sobre los recursos públicos

El presidente del PP, Pablo Casado, y el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.

Fernando Varela

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El debate sobre la armonización fiscal de las Comunidades Autónomas ha otorgado a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y al Partido Popular (PP) un argumento de movilización de sus electores en un terreno muy propicio a la polarización.

De un lado, los republicanos de Oriol Junqueras, favoritos en las encuestas para hacerse con la Presidencia de la Generalitat en las elecciones de febrero, se han hecho con la bandera de la batalla contra las políticas del PP y la tesis de que Cataluña está siendo discriminada que alimenta el independentismo.

De otro, este debate permite al PP ahondar en la idea de un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que no sólo se pliega a los intereses del soberanismo sino que quiere imponer subidas de impuestos en las comunidades en las que no gobierna.

Da al mismo tiempo combustible a los soberanistas y ofrece a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la oportunidad de agrandar su figura dentro del PP como principal referente de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y al independentismo.

Verónica Fumanal, experta en comunicacion política, cree que el Gobierno no sólo ha regalado a Esquerra una bandera muy poderosa a las puertas de las elecciones catalanas sino que lo ha hecho a costa del socialismo mediterráneo, que desde Cataluña, Illes Balears y la Comunitat Valenciana era quien sostenía hasta ahora la necesidad de una armonización fiscal.

Una bandera que, en su opinión, confirma además la estrategia de los republicanos de modificar el eje de su narrativa para centrarse en la lucha contra la pandemia y en la situación económica. Al tiempo que obliga al PP a sostener un mensaje contradictorio: de un lado pide igualdad para los españoles, como está haciendo en relación con el uso del castellano en la escuela, y del otro reivindica el derecho a la desigualdad fiscal.

Fumanal recuerda, en conversación con infoLibre, que el problema de fondo no es la capitalidad y cita un informe del Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE) según el cual “el 72% de las licitaciones públicas de toda España se hacen en Madrid y equivalen económicamente al 87%”. Si a eso “le unes la masa funcionarial, los ministerios y los tres poderes del Estado… Todos están en la Comunidad de Madrid” y eso es lo que, más allá de los impuestos, “hace que compita con mucha deslealtad con respecto a otras Comunidades Autónomas que no gozan de las mismas infraestructuras ni de ser un nodo de poder económico o mediático”.

“Es un debate que era netamente socialista. Es el socialismo el que siempre ha dicho que había que descentralizar las instituciones”. De ahí su sorpresa por que el Gobierno haya aceptado ceder esa bandera. No sólo a las puertas de unas elecciones, sino porque la perspectiva de una vacuna anticipa que, como muy tarde el próximo verano, el debate sanitario será sustituido por el de la crisis económica. Y ahí cobrará protagonismo la evidencia de que hay pocos recursos que repartir. Y con ella, el debate sobre el modelo de financiación autonómica.

Jordi Pacheco, decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, asegura que hay un claro interés en ”polarizar a la opinión pública”, porque si de verdad Esquerra quiere plantear una armonización fiscal entre las Comunidades Autónomas podría haberlo hecho de manera mucho más discreta. La consecuencia es que un tema “interesante”, que ya había sido objeto de reflexión incluso por el último ministro de Hacienda del PP, Cristobal Montoro, se explota para obtener “réditos electorales”.

“Es un poco como funciona ahora la política, se basa en agitar a la opinión pública”, razona, en vez de “tener un debate frío y racional sobre la cuestión, que es lo que nunca se da”.

En opinión de Pacheco, en este caso hay además "un factor que lo complica todo, que es la falta de transparencia fiscal en España”. La financiación autonómica se calcula a partir de una fórmula “que no hay quien la entienda, con criterios arbitrarios y que al final da lo que da”. El resultado es que “no hay esa claridad en la distribución de los recursos” y esa, a su juicio, es la clave, porque lo que las comunidades recaudan por su cuenta es residual.

Una “burbuja comunicativa”

“Como no hay transparencia y hay cierta desconexión entre las decisiones en política fiscal de las Comunidades Autónomas y su repercusión en los servicios públicos”, el debate se acaba reduciendo a términos políticos. “Como no hay claridad sobre los recursos ” y la recaudación fiscal autonómica “es marginal, es muy fácil idear una burbuja comunicativa sobre este tema”.

Pacheco cree que para entender la polémica sobre este asunto hay que “ver todo el tablero”, porque el Gobierno, para aprobar los Presupuestos, “al final no tiene más remedio que pactar con ERC. O lo toma o lo deja. Es como una merluza: tiene espinas. Y tú compras la merluza entera con espinas. Esto es lo mismo”. El PP, añade, “ha visto una oportunidad para masacrar al Gobierno“ y Esquerra una ocasión perfecta para aprovechar la reacción de la derecha y movilizar a sus votantes.

Por el camino está por ver el papel que jugará Ciudadanos. Su bandera en favor de la igualdad entre todos los españoles, también en el terreno fiscal, llevó a los naranjas durante años a criticar el modelo foral del que disfrutan Euskadi y Navarra. Ahora , sin embargo, comparte gobiernos autonómicos en Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León con el PP, que ha decidido hacer una defensa cerrada del derecho de las comunidades a tomar sus propias decisiones en materia de impuestos.

La conciencia fiscal en España fue objeto de un estudio específico por parte del CIS el pasado mes de julio. Según sus conclusiones, un 35,5% de los españoles cree que en España se pagan menos impuestos que en el resto de Europa y mayoritariamente (un 59,1%) están a favor de que los impuestos se recauden a través de gravámenes directos como el IRPF. Más del 60% aseguró que compensa pagar más impuestos si eso supone mejorar los servicios públicos.

Los ciudadanos tienen también claras sus prioridades a la hora de gastar ese dinero. En primer lugar la sanidad (73,8%), seguida de la política de vivienda (60,2%), la investigación en ciencia y tecnología (81,2%), la ayuda a personas dependientes (66,1%), la enseñanza (61,6%) y la Seguridad Social y las pensiones (57,6%). Entre los servicios a los que se dedican demasiados recursos, los encuestados señalaron la defensa nacional y las obras públicas.

El CIS también preguntó cuántos impuestos debería pagar una persona que gana exactamente el doble que otra. Un 48% se mostró partidario de que el que más gana pague proporcionalmente más y un 46%, prácticamente el mismo porcentaje, apostó por aplicar el mismo tipo. Un 2,4% defendió que ambas personas paguen exactamente la misma cantidad de dinero, lo que en la práctica supondría aplicar un tipo menor al que gana más.

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