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Bélgica sólo extradita al 45% de los prófugos que localiza tras ser reclamados por una euroorden

El president cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, este martes en Bruselas.

La Fiscalía General del Estado reclamó este jueves a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que ordenara la detención del president destituido Carles Puigdemont y de los consellers depuestos Antoni Comin (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Mertitxell Serret (Agricultura) por no haber acudido a declarar, a pesar de estar citados como querellados por los delitos de "rebelión, sedición, malversación y otros conexos".

Sus abogados habían reclamado que pudiesen declarar por videoconferencia desde Bruselas, ciudad a la que se desplazaron en secreto esta semana. Se presupone, por tanto, que estos dirigentes se encuentran todavía en la capital comunitaria. De aceptar la petición del ministerio público, la jueza tendría que cursar una orden de detención europea que Bélgica está obligada a tramitar según el derecho de la Unión. La Fiscalía federal belga ya anunció este jueves que si recibe esta euroorden cumplirá la ley. 

Las estadísticas, sin embargo, desvelan que la entrega a España de Puigdemont y los cuatro consellers destituidos no es un mero automatismo. Las autoridades belgas extraditan al 45% de los prófugos de la justicia que localizan en su territorio tras recibir una euroorden. Los últimos datos publicados se corresponden a 2013, cuando recibieron 621 solicitudes de detención y localizaron a 81 de esas personas, pero sólo entregaron a 37 a las autoridades judiciales del Estado de emisión de la orden. Es decir, encontraron al 13% de las personas reclamadas –ese dato tan reducido se explica porque la mayoría permanecen escondidas, al contrario que Puigdemont– y entregaron al país emisor de la orden de detención al 45% de los prófugos localizados (37 de 81). Estos datos fueron publicados por el Consejo de Europa [consultar, aquí]. Ese mismo año, a las autoridades españolas les reclamaron 1.156 personas fugadas de la justicia en sus Estados miembros, consiguieron localizar a 880 y entregaron a 762 (el 86% de los encontrados).

Los datos sobre el funcionamiento del mecanismo de extradición del espacio Schengen que publica la Comisión Europea [consultar, aquí] muestran que cada vez se emiten más euroórdenes, si bien muchas de ellas no llegan a ejecutarse. En 2005, cuando se puso en marcha este sistema, los Estados miembros emitieron 6.894 órdenes pero solo localizaron a 1.770 personas (25,7%) y entregaron a 1.530 (el 85% de los encontrados). En 2014 las órdenes se dispararon a 14.700, fueron encontrados 9.660 ciudadanos (65,7%) y entregados 5.480 (el 56% de los localizados%). 

A preguntas de infoLibre, el exministro de Justicia y actual eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar señala que la ratio de órdenes de detención europea ejecutadas en Bélgica es "bajo" y "reprobable". Atribuye este bajo porcentaje a la "ineficacia" de la Administración belga, que ha pasado por cuatro reformas constitucionales desde 1994 y que se asienta sobre una laxa confederación de regiones muy descentralizadas desde el punto de vista político. 

"La autoridad federal es muy deficiente para lo esperable en un Estado miembro de la Unión Europea. La cultura de pactos tiene tal envergadura que los Gobiernos tienen una debilidad estructural para asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación y garantizar la ejecución del derecho internacional vinculante. Bélgica está acostumbrada a esta anomalía", subraya.  

Procedimiento 

Según información del Ministerio de Justicia español, el órgano judicial belga al que compete la ejecución de la orden europea de detención y entrega es la Cámara del Consejo [Chambre du Conseil], que dispone de un plazo de 15 días para resolver sobre la base de un informe redactado por el juez de instrucción, que ya ha tenido que decidir previamente sobre si lleva al fugado a prisión o lo deja en libertad condicional o bajo fianza

Si el magistrado estima que la información que figura en la orden europea resulta insuficiente para que pueda emitir su parecer, podrá solicitar de la autoridad judicial de emisión más información. La decisión que tome la Cámara del Consejo puede ser recurrida ante la Sala de Acusaciones (Chambre de mises en accusation) tanto por la persona afectada como por el Ministerio Público, que también tiene 15 días para pronunciarse. Su fallo también puede ser recurrido en apelación por el fiscal o por la defensa.

El pasado lunes se conoció que el president destituido había designado como asesor legal al abogado Paul Bekaert. Este letrado es un viejo conocido de la justicia española. Defensor de varios etarras detenidos en Bélgica, Bekaert consiguió, por ejemplo, que un juzgado belga rechazase la extradición de Natividad Jaureguí, alias Pepona, alegando que en territorio español no se respetarían sus derechos.

Según la legislación belga, salvo que los hechos perseguidos integren alguna de las 32 categorías de delitos en los que se ha suprimido el control de doble incriminación, la ejecución de una orden europea debe ser denegada si el hecho que fundamenta su emisión no es constitutivo de infracción en el derecho belga. Los delitos por los que son investigados en la Audiencia Nacional  Puigdemont y los cuatro consellers –rebelión, sedición y malversación– no están en esa lista

Otros motivos de denegación obligatoria de la petición son que la persona no pueda ser considerada penalmente responsable por no tener la mayoría de edad en el momento de comisión de los hechos; que la infracción que fundamenta la orden esté cubierta por una ley de amnistía dictada en Bélgica, siempre que los Tribunales belgas sean competentes para perseguir dicha infracción; que la persona buscada ya haya sido juzgada por los mismos hechos; que el posible delito haya prescrito o que haya razones para creer que la ejecución de la orden europea podría tener como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada. 

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