Exhumación Franco

Los benedictinos intentan boicotear la exhumación del dictador en el TC mientras que el prior prohíbe el acceso a la basílica

Vista del Valle de los Caídos

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La comunidad benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se opone a la petición de levantamiento de suspensión cautelar de la exhumación de Francisco Franco solicitada por la Abogacía del Estado, recuerda que las "vulneraciones de derechos fundamentales" invocadas por la Abadía en relación a la libertad religiosa y a la no intromisión de los poderes civiles en los lugares de culto, no han sido aún enjuiciadas, y anuncia que acudirá al amparo del Tribunal Constitucional.

"Parece evidente que tanto la familia Franco como, desde luego, esta Abadía, acudirá al amparo del Tribunal Constitucional alegando la vulneración de los derechos fundamentales que constan en nuestro escrito de demanda solicitando, si fuera preciso, el planteamiento de una 'autocuestión de inconstitucionalidad'", precisan los benedictinos en un escrito presentado este martes 8 de octubre ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, el prior de la Abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha remitido una carta al Gobierno en la que comunica que no autoriza el acceso a la basílica para proceder a la exhumación del dictador, como autoriza el Tribunal Supremo en su reciente sentencia, tal y como adelanta el diario Abc. Cantera argumenta que la decisión del Ejecutivo vulnera la libertad religiosa al tratarse de un “lugar sagrado” y pretende actuar “sobre una ‘res sacra’”, en este caso una sepultura, sin la necesaria autorización eclesiástica. La carta va dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y en ella el prior deja claro que la sentencia del Supremo que avala la exhumación no resuelve las alegaciones de la Abadía, sino de la familia Franco. 

"Lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y 'res sacra' católicas, le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica", reza la misiva enviada este miércoles 9 de octubre en respuesta a la carta que le envió la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la que le daba un plazo de cinco días para comunicar su posición con respecto a la exhumación.

El prior explica que se siguen manteniendo las razones por las que denegaban su autorización al Gobierno para entrar en el templo y exhumar los restos del dictador. En concreto, precisa que "no existe el consentimiento de la familia" y que "se mantienen los principios religiosos y morales afectados".

Aunque el Tribunal Supremo rechazó en su totalidad el recurso presentado por los nietos de Franco, los benedictinos presentaron otro recurso que aún no ha sido resuelto. "Las vulneraciones de derechos fundamentales, autónomos con respecto a las alegadas por la familia Franco, invocadas por la Abadía siguen sin haber sido enjuiciadas", señalan.

En concreto, los monjes de la Abadía del Valle de los Caídos, cuyo prior es Santiago Cantera, alegaron que la exhumación de los restos del dictador vulneraba el derecho a la libertad religiosa y a la no intromisión de los poderes civiles en los lugares y actos de culto.

"Sería irreversible el daño que se produciría a mi mandante (y a la Iglesia Católica en general) si se consuma la entrada en un lugar de culto (Basílica) y una res sacra (sepultura), sin la preceptiva e insustituible autorización eclesiástica. Si la entrada a la Basílica y la exhumación se produce sin dicha autorización, con independencia de que, posteriormente, este Tribunal o el Tribunal Constitucional estimen la infracción del derecho a la libertad religiosa de la Comunidad Benedictina que supone tal actuación, el perjuicio ya sería irreparable", reza el escrito.

Tampoco se ha juzgado, según precisan, la "infracción" que, a su juicio, el propio Real Decreto-Ley provoca sobre la libertad religiosa e intimidad de la Abadía y familiares de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía y que, según el dictado de la norma legal, deben ser imperativamente exhumados. "Carecen de relevancia, significación política o ideológica y, sin embargo, van a sufrir su exhumación y traslado de forma desproporcionada y arbitraria", añaden.

Por todo ello, piden al Supremo que admita este escrito teniendo por formulada su "oposición" a la petición de levantamiento de suspensión por parte del Estado y que "resuelva el mantenimiento de la misma". En caso de que se desestime la demanda de la comunidad benedictina, anuncian que acudirán en amparo al Tribunal Constitucional para que decida si mantiene o no la suspensión de los acuerdos recurridos.

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