Venta de armas

Un bombero se enfrenta a una sanción por negarse a embarcar armas presuntamente destinadas a Yemen

Panorámica del puerto de Bilbao.

infoLibre

Un bombero de Bilbao se negó el pasado mes a participar en el operativo de envío de 26 contenedores con armas destino Arabia Saudí, para ser presuntamente utilizadas en la guerra en Yemen. El funcionario, que ha preferido no desvelar su nombre a los medios, comunicó a sus superiores que por motivos de conciencia no trabajaría en la supervisión de la operación. Según informa El Mundo, la Diputación Foral de Bizkaia le ha abierto expediente por "incumplimiento de funciones", ya que la objeción de conciencia no está contemplada. Se enfrenta a una suspensión de empleo y sueldo de entre dos y cuatro años.

Los bomberos tienen que estar presentes cuando un carguero traslada material peligroso, y es por eso que el implicado en los hechos debía supervisar la operación. Según cuenta en una entrevista a la Cadena Ser, cuando supo de qué se trataba la carga de los contenedores llamó a la base con su decisión, pero nunca recibió una respuesta. "Yo leo los periódicos, escucho la radio y se lo que está pasando en Yemen. Justo el día anterior vi un vídeo de una sala de neonatos. Me acordé de las enfermeras llorando sacando a los bebés de las incubadoras entre el polvo de las bombas, que posiblemente se hayan fabricado en España. Vi los contenedores y vi que no podía participar en aquello", dijo en la emisora.

Una petición en Change.org, que ya cuenta con más de 51.000 firmantes, pide a la Diputación que "se archive sin efectos o, mejor aún, se anule el expediente que actualmente se está tramitando" contra este funcionario, que "ha actuado por razones de conciencia humanitaria". El texto recuerda que el Parlamento Europeo solicitó en febrero de 2016 la "suspensión inmediata" de la venta de armas para el conflicto en Yemen. La institución señaló específicamente a España como uno de los países que más surten a la monarquía absoluta en este sentido. España ha venido armas a Arabia Saudí en la última década, según el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, por valor de "casi 1.400 millones de euros", como recogió infoLibre en una pieza que denunciaba que nuestro país infringe la ley si autoriza este tipo de operaciones "cuando existan indicios racionales" de violación de derechos humanos.

La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, y a los rebeldes huthis, apoyados por el expresidente Alí Abdulá Salé. Los combates han dejado al 80% de la población yemení con necesidades humanitarias urgentes. Desde que comenzó el conflicto en 2015, más del 11% de la población de Yemen, cerca de 3 millones de personas, han abandonado sus hogares en busca de una mayor seguridad. La ONU estima que desde el comienzo del conflicto han muerto más de 12.000 civiles.

 

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