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Los correos secretos de Blesa

Caja Madrid planeó privatizar el Canal a través de un concurso amañado

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

Directivos de Caja Madrid y del Canal del Isabel II prepararon desde 2004 la privatización de la empresa que gestiona el agua en Madrid, y su intención era llevarla a cabo mediante un concurso amañado. Esta es la principal conclusión del contenido de cinco correos electrónicos requisados a Miguel Blesa por el juez Elpidio José Silva, que se enfrenta a la inhabilitación por enviar en dos ocasiones a prisión al banquero. El primero de estos correos se envía el 31 de mayo de 2004 y el último el 21 de mayo de 2007, y en ellos se pone de manifiesto la intención de que el Canal de Isabel II acabe en manos de un consorcio dominado por la Caja Madrid de Blesa.

infoLibre ha tenido acceso a estos documentos. Y el más relevante tiene fecha del 12 de junio de 2006. El mensaje es reenviado por el directivo de Caja Madrid Carlos Vela a Blesa: "La nota prometida", indica únicamente la misiva, que lleva como asunto: "Canal Isabel II". A continuación se ve que el documento inicial tenía su origen en una comunicación del mismo día, cuyos interlocutores son Carlos Vela y Carlos Contreras, éste último integrante del departamento financiero de Caja Madrid. "Su objetivo es preparar un 'concurso público' en el que lo importante en cuanto a puntos de valoración sea un concurso de méritos en cuanto a sinergías, con competencia, características de las aportaciones, etc, de manera que tengamos ventajas obvias para adjudicarnos la participación en la joint venture (empresa conjunta)", llega a indicar el documento. Las palabras "concurso público" van entrecomilladas en el correo, para que no haya duda de que el proceso estaría amañado.

Recurso contra la privatización

Precisamente, la obligación de convocar un concurso público para privatizar el Canal de Isabel IICanal de Isabel IIes el eje principal del recurso presentado por 50 senadores del PSOE contra la privatización de la sociedad pública en el Tribunal Constitucional. Por eso, este correo viene a ahondar en la tesis de los opositores a la privatización. El Tribunal Constitucional ha admitido el recurso.

Pese a demostrar esta determinación en los mensajes de los correos corporativos de poner en manos de Caja Madrid una parte de la propiedad del Canal de Isabel II, no fue hasta el 16 de septiembre de 2008 cuando Esperanza Aguirre anunció en la Asamblea de Madrid su intención de privatizar el 49% de la empresa pública que gestiona el agua en Madrid. Y lo quería hacer, según su intervención en el Parlamento madrileño, mediante la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión integral del agua en la Comunidad de Madrid.

Otro correo electrónico, esta vez de 21 de mayo de 2007, pone de manifiesto que el Gobierno de Esperanza Aguirre estaba al tanto del amaño previsto en la privatización del Canal de Isabel II. Algo lógico si se tiene en cuenta que el máximo responsable del Canal en aquella época era Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad. "Por si te dice algo Ignacio González", indica el mensaje que envía Carlos Vela a Blesa. Esta misiva recoge un mensaje previo entre Carlos Contreras y Carlos Vela en el que, tras hablar de la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid por un valor de 1.400 millones de euros, especifican: "Pero lo más importante es que hablando con ellos [en el Canal de Isabel II] me dicen que es un mecanismo bajo el cual estarían dispuestos a iniciar un proceso de "privatización" más ambicioso, en la línea con lo que en su momento hablamos…De hecho en esta transacción podríamos tener la mayoría del capital".

Un holding de la caja y el Canal

El resto del contenido del correo electrónico de junio de 2006, que es muy importante para conocer los entresijos de la privatización, tiene su explicación en las anteriores comunicaciones interceptadas por el magistrado Elpidio José Silva. Así, cuando el mensaje indica que la Intervención General del Canal de Isabel II "les indicó que la aportación de sus participadas a un vehículo en el que no tuvieran el 100% podía ser considerado como una enajenación, y en consecuencia, debería estar sujeto a las normas de adjudicación por la vía de concurso público", Contreras se refiere a la existencia de un pacto secreto entre el Canal de Isabel II y Caja Madrid para crear una macroempresa conjunta destinada a irrumpir en los mercados españoles e incluso internacionales. "El modelo que se ha diseñado con Canal de Isabel II", indica un informe confidencial de Caja Madrid, "implica la creación de un holding en cuya matriz participarían Caja Madrid y el Canal. Este holding tendría algunos recursos para actividades corporativas comunes en la matriz y tendría recursos especializados en las filiales según actividad (transporte, agua, energía, medio ambiente, etc…). A su vez estas compañías especializadas actuarían como cabeceras de participaciones en proyectos específicos. La idea es que en las cabeceras especializadas únicamente participasen Caja Madrid y Canal de Isabel II", destaca el documento incluido en los correos de Blesa requisados por el juez Silva.

El mismo email de junio de 2006 indica que pese a esta advertencia, los dirigentes del Canal de Isabel II decidieron seguir adelante con la privatización, aunque llevándola a cabo en dos fases. En un primer momento querían contar con todas las empresas participadas del Canal "en un vehículo propio. Incluyendo las depuradoras que han comprado por 700 millones al Ayuntamiento de Madrid y que estamos intentando financiar al menos parcialmente sin recurso", destaca el mensaje, que prosigue: "Para hacer esto nos han ofrecido concurrir a un mandato público de asesoramiento para la valoración de sus participadas. Su objetivo es tener una segunda valoración además de la de KPMG (a los que se encargó la primera valoración del conjunto). Hemos rechazado concurrir a esta valoración ya que podríamos tener conflicto futuro de intereses y no nos compensa el fee (canon)".

Caja Madrid tiene acceso a esta información cuando jamás se hizo pública. Según la Plataforma Contra la Privatización del Canal, desde que comenzó el proceso de privatización del Canal, la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CM) se ha caracterizado por su falta de transparencia y por ocultar todo tipo de información que posibilitara un debate serio sobre la cuestión. En primer lugar, no ha presentado en la Asamblea de Madrid los informes previos necesarios que justificaran la privatización del Canal, desconociéndose las actuaciones que el Canal debía encarar en los próximos años. Tampoco se presentó en la Asamblea el preceptivo plan de inversiones, se lamenta la Plataforma.

Todos los manejos de los que se habla en los correos de Blesa permanecen al margen de la opinión pública, pero no de algunos empresarios. Así, en el correo de junio de 2006 referido al principio de esta información, Contreras relata a Carlos Vela que la intención de los directivos del Canal y de Caja Madrid ya era conocida por algunas empresas: "Ya debe saber algo el mercado por sus comentarios porque he recibido llamadas de varios potenciales socios", advierte el empleado del departamento financiero de Caja Madrid, tal y como indica el correo electrónico que tiene como destino la cuenta corporativa de Blesa.

Un papel para FCC

Precisamente un nuevo correo electrónico, este vez de 8 de septiembre de 2005, con origen en el mail de Carlos Vela y cuyo destino era Miguel Blesa ilustra sobre la intención de incluir en una posible privatización a la empresa Fomento de Contratas y Construcciones (FCC). "El informe que le pediste a Carlos Contreras", sostiene Carlos Vela a Blesa en un mensaje, que incluye como asunto: "Canal+FCC.PDF". Este mensaje es meridiano al asegurar que se trata de un análisis sobre la posibilidad de hacer compatible el modelo de desarrollo con el Canal de Isabel II con la inclusión de FCC, "que le prometimos al presidente".

Entre las conclusiones del mencionado trabajo se destaca que "es factible" la entrada de la empresa de las hermanas Koplowitz: "Permitiendo que una vez constituido el holding con el Canal y habiendo aportado el Canal y Caja Madrid sus participadas, FCC entre a formar parte de la cabecera de la filial de infraestructuras de transporte". Sin embargo, la entrada de FCC a la empresa conjunta que habían ideado crear los dirigentes de Caja Madrid y del Canal tenía inconvenientes, tal y como especifica el documento inédito, al que ha tenido acceso infoLibre. "Tendríamos el recelo del resto de constructores, para acudir con ellos como socios en otros proyectos de transporte".

Todo el proceso que ha conocido este proceso tras tener acceso a los correos requisados por el juez Silva a Blesa se inicia el 31 de mayo de 2004, con un mensaje de Carlos Vela a Blesa. En él se incluye un informe resumido de tres folios del departamento financiero de Caja Madrid, del que fomaba parte Contreras, en el que la caja proponía la creación de una empresa conjunta con el Canal de Isabel II. Gracias a este informe, se puede conocer la justificación de la privatización del Canal de Isabel II: "Si quiere seguir creciendo en nuestra Comunidad, [el Canal] tendría que acometer nuevas inversiones que, por densidad, no ofrecerían los niveles de rentabilidad exigidos por el mercado". En el documento también se llega a indicar que aprovechar las oportunidades de crecimiento desde el sector público "resulta más complicado", al mismo tiempo que se explica que la empresa que gestiona el agua de Madrid "tiene un claro exceso de capital".

"Tarifa del agua muy baja"

Este es el motivo por el que Caja Madrid cree que lo correcto sería caminar hacia una estrategia que implicaría ir a nuevos mercados: "Y ello debería realizarse con una estructura de capital con participación privada". "Si por el contrario el Canal no acomete en el futuro nuevas inversiones", especifica el informe del departamento financiero de la caja, "se generarán importantes excedentes financieros y humanos a medio plazo. En este escenario habría que plantear un redimensionamiento de personal y, además, un dividendo extraordinario para el accionista (un pay-back) o bien reducir más la tarifa del agua en Madrid, que ya es una de las más bajas. Entendemos que esta estrategia implicaría renunciar a valor solitario potencial". Este es el motivo por el que Caja Madrid asegura que el Canal debería "explorar alternativas" para realizar una transición hacia un "modelo privado". De esta forma, según el informe, la Comunidad de Madrid podría recuperar recursos financieros para destinarlos a nuevos ámbitos donde no llega el sector privado, "y encauzar una compañía madrileña más potente y con capital privado".

Precisamente esta "transición" tiene como final un "acuerdo" entre la Caja Madrid de Blesa y el Canal de Isabel II. En otro correo de Carlos Vela que recibe Blesa, el 28 de noviembre de 2005, se incluye un documento "confidencial", en formato PDF, en el que se habla de una presentación "con el Canal". El documento PDF, que tiene fecha de 29 de noviembre de 2005, y que está compuesto por 32 páginas, es una definición en toda regla de la empresa que las dos entidades de capital público tenían intención de poner en marcha. "Holding de infraestructuras. Creación de una sociedad conjunta: Canal de Isabel II y Caja Madrid".

Y tenían intención, siempre según el documento, de invertir en sectores estratégicos y negocios de servicios e infraestructuras. Tanto en el mercado español como en los mercados internacionales. La gestión del agua, el medio ambiente (gestión de residuos sólidos urbanos, residuos industriales y cuidado de jardines), energía, transportes y equipamientos públicos serían los sectores de negocio en los que esperaban hacer negocio. Llama la atención que en este último apartado de equipamientos públicos el Canal y Caja Madrid incluyeran "negocios" como los hospitales concertados, los colegios concertados y los alojamientos de estudiantes.

En su página 17, el documento que se adjunta a esta información, explica la estructura del grupo o "vehículo conjunto de inversión": "En una primera fase el reparto accionarial podría ser del 45% para Canal de Isabel II y 55% para Caja Madrid. A medio plazo, una vez logrado un tamaño superior, la compañía podría salir a Bolsa. Los socios iniciales podrían mantener participaciones individuales de entre el 20% y el 30%".

Pero el PDF también aporta posibles entradas de empresas en el negocio conjunto. "En cada proyecto se podría coparticipar con otros jugadores del mercado de infraestructuras y servicios. Por ejemplo este consorcio podría acudir a una concesión con FCC y a otras con ACS o con Ferrovial. A un tercer concurso con Acciona, etc…". E incluso para que el holding creciera en dimensión el texto apunta a la posibilidad de que las empresas aporten participaciones de capital en concesiones "a cambio de un porcentaje de capital del holding". El informe "confidencial" habla de qué empresas aportarían los socios. Entre las que se incluye las participaciones del Canal en otros países, y las concesiones de varias autopistas de las que Caja Madrid es accionista. Como por ejemplo la M-45, que Aguirre llegó a anunciar que incluiría un peaje, cuando en la actualidad tiene el formato de peaje en sombra. El valor del grupo en una primera fase sería de unos 750 millones de euros, aunque en el valor final llegaría a los 1.600 millones de euros. El documento especifica que el grupo lo gobernaría un "consejo de administración", sin especificar cómo serían elegidos sus integrantes.

Tras la dimisión de Esperanza Aguirre, el 17 de septiembre de 2012, Ignacio González remodeló el Consejo del Canal eliminando a todos los representantes de los sindicatos y de la oposición, designando al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, como presidente del Consejo de Administración del Ente Público del Canal de Isabel II.

Desde el año pasado, el Canal de Isabel II es una sociedad 100% pública, participada al 80% por la Comunidad y al 20% por Ayuntamientos de la región. Tras el rescate de Bankia y la falta de interés del mercado, Aguirre y González aplazaron sine die la salida a Bolsa para no "malvender" la empresa en una etapa en la que las condiciones del mercado no son favorables, según especificó la propia Aguirre.

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