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Crímenes del franquismo

Las cartas de apoyo a Martín Villa agrandan la brecha sobre el relato de la Transición

Francisco Franco observa el juramento de Rodolfo Martín Villa como nuevo miembro del Consejo del Reino, en 1971 en El Pardo.

Secretario general de CCOO entre 1987 y 2000, Antonio Gutiérrez recuerda a Rodolfo Martín Villa como el ministro que nada más agarrar la cartera de Gobernación en julio de 1976, cuando Franco ya había muerto pero el franquismo no, destituyó a Antonio Tejero como comandante del entonces terrible cuartel guipuzcoano de Intxaurrondo. Gutiérrez rememora por teléfono que aquel guardia civil en que ya anidaba un golpista le había torturado tras su detención –"fue el último que me tocó la cara"–  en vísperas de lo que quedó grabado como la matanza de Vitoria: cinco muertos, un centenar de heridos. Todos ellos trabajadores en huelga que se habían encerrado en la iglesia de un barrio obrero de la capital alavesa y contra los que la Policía se lanzó a tiros en cuanto pisaron la calle tras un violento desalojo. Ocurrió el 3 de marzo de 1976, miércoles de ceniza. 

Su asesinato –o su homicidio– por los disparos que aquella tarde sembraron de sangre el barrio de Zaramaga es el que, por fin y tras seis años de espera, ha conducido ante la jueza argentina María Romilda Servini a Rodolfo Martín Villa. Es decir, de quien primero fue jefe nacional del sindicato universitario falangista SEU en los sesenta, luego ministro con Carlos Arias Navarro -carnicerito de Málaga-, después con Adolfo Suárez, después con Calvo Sotelo  y, más tarde, consejero o presidente de sucesivas empresas como Sogecable. Desde 2013, es miembro de la Academia de Ciencias Morales. Ahora, está a punto de cumplir los 86.

Este jueves, Martín Villa declarará por videoconferencia ante Servini desde la Embajada argentina en Madrid. La magistrada lo considera "responsable de la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976". Entonces dirigía el denominado Ministerio de Relaciones Sindicales. Y veía la situación en Vitoria como, citando su obra Al servicio del Estado (1985), reproduce una tesis doctoral sobre la transición en las memorias de la élite franquista reformista. Entre los entrecomillados literales que su autora, Cristina Alquézar, extrae del libro de Martín Villa incluye este en referencia a cómo entendía el político lo que estaba ocurriendo en Vitoria desde principios de 1976: que existía "una situación muy seria de desobediencia civil generalizada y de fervor casi prerrevolucionario, en medio de la inhibición de la autoridad gubernativa y con el pretexto de unas determinadas reivindicaciones laborales". De ese modo interpretaba en Al servicio del Estado Martín Villa la lucha sindical que, engarzada con los empujones para derribar por fin la dictadura, en 1976 ya se había hecho hueco en un país donde ni los encarcelamientos ni las ejecuciones ni el miedo a ser golpeado o asesinado por bandas fascistas habían llegado a su fin.

Una fisura sindical inédita

Ahora, siete años después de que familiares de víctimas del franquismo acudieran a la justicia argentina como último recurso tras el fracaso de sus intentos en España, la masacre de Vitoria emerge desde un pozo profundo. Pero, como en el clásico del cine japonés Rashomon, las versiones respecto al papel de Martín Villa en aquel episodio así como en el conjunto del tránsito de la dictadura a la democracia resultan diametralmente opuestas. Su imputación ha venido a agrandar, al menos visualmente, la brecha que en general separa los distintos relatos sobre cómo fue la Transición. Es más, las cartas dirigidas por distintas personalidades a Servini en apoyo de la inocencia del exministro y desveladas por eldiario.es han provocado una fisura inédita por su carácter público entre los dirigentes de antes y los de hoy en los sindicatos mayoritarios. 

Porque, además de los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, tanto Antonio Gutiérrez como quien fue su homólogo en UGT, Cándido Méndez, figuran entre los autores de esas misivas. Pero ni UGT ni CCOO se consideran copartícipes de una iniciativa que incluso podría convertirse en un bumerán contra Martín Villa. ¿Por qué? Porque la justicia argentina puede acabar concluyendo que parte de la clase política española busca influir en el devenir procesal del caso. Y eso corre el riesgo de derivar en un "grave" perjuicio para Martín Villa. Así lo cree un reputado jurista consultado por infoLibre y que pidió expresamente mantener su identidad en secreto.

Los firmantes de las cartas consideran al exministro un reformista que contribuyó a la restauración democrática y que se esforzó por aplacar los ánimos de la feroz derecha franquista cuando la democracia aún no había llegado o colgaba de un fragilísimo hilo. De hecho, Zapatero, cuyo gobierno aprobó la Ley de Memoria Histórica, dibuja un elogioso esbozo sobre el exministro, con quien comparte haber nacido en León: "Yo –ha afirmado en una entrevista con eldiario.es– era un joven militante de las Juventudes Socialistas (...). Era una época en la que actuaban los ultras, Fuerza Nueva, y Martín Villa siempre tuvo una respuesta positiva cuando recibíamos agresiones de los ultras".

En el polo opuesto, los autores de la querella que investiga Servini y otros sectores de la izquierda, desde Podemos y Más País a antiguos militantes de la oposición de izquierdas a Franco, ven en cambio a Martín Villa como el hombre que, más allá incluso de los sucesos de Vitoria, protegió a los autores intelectuales de la matanza de Atocha. O del asesinato del joven Arturo Ruiz. En un artículo para el diario publico.es, el hermano de Arturo Ruiz, muerto el 4 de enero de 1977 a manos de ultras fascistas, describió así parte de lo sucedido: "Los testigos de aquel crimen identificaron a Fernández Guaza como el autor directo del asesinato. Dicho individuo se fugó al día siguiente con la ayuda de un amigo que era Guardia Civil, varios de sus allegados testificaron en la investigación judicial que trabajaba para la policía. No hubo ningún intento de detención y no se cursó ninguna orden internacional de búsqueda y captura". 

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Así las cosas, la fisura no tiene visos de cerrarse y permitir así un diagnóstico de consenso sobre aquellos años. Y el enfado en el seno de la izquierda persiste. Por ejemplo, Antonio Gutiérrez se enteró este miércoles a media tarde de que CCOO había emitido un comunicado con el que se desmarca de forma drástica de cualquier gesto favorable al antiguo político franquista. "Este no ha sido jamás el estilo de CCOO, es el colmo atribuirme que sea cómplice de ocultar la verdad". Su carta, cuyo contenido no había trascendido, lleva un título inequívoco y que puedes leer pinchando aquí: "Ahora sí le doy las gracias a Martín Villa". En ella, Gutiérrez relata el pasaje de su propia vida que abre este texto. Martín Villa –concluye– no fue un torturador.

Cándido Méndez, a quien el secretario general de UGT, José María Álvarez, le avanzó "como deferencia" el comunicado de desmarque de las cartas de apoyo antes de hacerlo público, piensa en síntesis lo mismo que Gutiérrez. Lo recuerda como uno de los políticos contra los que dirigían su "hostilidad violenta" los grupos bajo cuyas órdenes el mismo Antonio Tejero del primer párrafo asaltó el Congreso el 23 de febrero de 1981. Cuando este periódico desliza que Martín Villa no aparece como figura relevante ni como objetivo de la ultraderecha franquista en Anatomía de un instante, la ya célebre crónica con que Javier Cercas acercó a distintas generaciones lo sucedido aquel 23-F en el Congreso, Méndez responde: "¿Estaba Cercas en el Congreso? Yo sí, porque era diputado. Por Jaén. Y Martín Villa, también". 

El exministro, favorable a prestar declaración, es uno de los 22 querellados. Su inclusión en la causa que dirige la jueza Servini se produjo en 2014. Solo un mes después de que el relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, expusiese ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su demoledor informe sobre el trato que el Estado estaba dando a las víctimas de la dictadura. Aquel documento instaba a España a “valorar las alternativas y privar de efecto” las disposiciones de la Ley de Amnistía “que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”. Pero no solo eso. También exigía “promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido proceso” y “asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior”, tomando “medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal”.

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