La situación de la justicia

Casado amaga con llevar la reforma del CGPJ a Bruselas y que se convierta en un obstáculo para recibir los fondos europeos

Pablo Casado aplaude a Juan Guaidó al término de una videoconferencia con la oposición venezolana.

Fernando Varela

El Partido Popular volverá a acusar al Gobierno en las instituciones de la Unión Europea de atentar contra el Estado de Derecho si el presidente Pedro Sánchez consuma su intención de llevar al Congreso una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que haga posible su renovación sorteando el bloqueo al que los conservadores está sometiendo a la institución para perpetuar una mayoría afín en el máximo órgano de los jueces.

El presidente del PP, Pablo Casado, dejó caer en una entrevista en EsRadio que no quiere tener que hacerlo pero, admitió, “es a donde iremos si pretende tomar al asalto el Consejo”. Y esa denuncia puede hacer que España tenga problemas para recibir los fondos de reconstrucción que tanto necesita, advirtió el líder de los conservadores, igual que pasa con Polonia y Hungría, a quienes la Comisión Europea amenaza con limitar el dinero después de que ambos países hayan suspendido el examen de calidad del estado de derecho al que la UE acaba de someter a los 27.

“Quiero recordar que, por ejemplo, en países tan criticados por Sánchez como Polonia y Hungría tiene ya dificultades para recibir los fondos de reconstrucción porque han modificado leyes de elección de su justicia. No es propio de democracias europeas desarrolladas”.

Lo cierto es que los gobiernos de la Unión Europea, a propuesta de Alemania, pactaron la semana pasada por mayoría —hubo siete votos en contra y 20 a favor— vincular el desembolso de fondos del presupuesto comunitario y del plan de recuperación pospandemia al respeto al Estado de derecho, una decisión que apunta directamente a Polonia y Hungría, que desde hace tiempo están en el punto de mira de Bruselas por la puesta en marcha de medidas autoritarias, contrarias a la libertad de prensa y poco respetuosas con la independencia de los jueces.

El juicio que ambos países merecen a los ojos de las instituciones comunitarias nada tiene que ver con España, que superó sin problemas el mismo examen en el que Polonia y Hungría suspendieron. De hecho, si algo reprochaba ese documento era precisamente el retraso en la renovación del Consejo, provocado por el bloqueo ordenado por Casado. Pero el PP cree que si se consuma la reforma del CGPJ, España pasaría a estar en la misma situación. Algo que también sostiene Ciudadanos, cuyo portavoz en el Parlamento Europeo, Luis Garicano comparó la reforma para sortear el bloqueo del PP con la que llevó a cabo Polonia “para someter a los jueces”.

De hecho, algunas asociaciones judiciales está considerando también acudir a la Comisión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Congreso reforma la ley de elección del CGPJ para que sus miembros sean elegidos por mayoría absoluta y no por mayoría cualificada. La ley vigente establece que los veinte vocales del Consejo son designados por el Congreso y el Senado. Cada cámara elige —por mayoría de tres quintos de sus miembros— a diez vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. Con ese sistema, la renovación, que lleva bloqueada dos años, es imposible mientras un partido con tantos escaños como el PP se niegue a hacerlo.

Casado recordó este martes que su grupo ya acudió a Bruselas para denunciar el nombramiento de la fiscal y exministra de Justicia Dolores Delgados como Fiscal General del Estado. Son ya varias las ocasiones en las que el PP ha hablado en Europa contra el Gobierno. Lo hizo a mediados de junio, en plenas negociaciones para tratar de que la UE alumbrase el acuerdo histórico que dio pie al nacimiento de los fondos de reconstrucción, cuando remitió un documento a varias instituciones europeas en el que acusaba a Sánchez de retorcer los mecanismos constitucionales y congelar la democracia.

Denuncia en Bruselas

Aquel dosier, que causó perplejidad en Bruselas, expresaba “una preocupación fundada” porque el Gobierno estuviese cometiendo, según el PP, “una intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles de los ciudadanos” y deteriorando “la capacidad del Parlamento como instancia de control democrático”, y denunciaba la comisión de abusos de poder y legislativos, intentos del controlar el poder judicial, ataques a la libertad de expresión, de culto y de protesta.

Y volvió a hacerlo hace unos días en una reunión con los embajadores en Españareunión de los países miembros de la Unión, a quienes trasladó su discrepancia en torno a la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer de los 140.000 millones que el Consejo Europeo acordó dedicar a la reconstrucción económica y social.

Casado admitió este martes que este verano había acuerdo con el Gobierno porque Sánchez aceptaba sus condiciones para renovar el Consejo pero que él decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España. Las condiciones del PP que Sánchez aceptaba, explicó el líder conservador, eran que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.

En la misma entrevista, Casado se negó a prometer que no llegará a un acuerdo con Sánchez pero sí subrayó que sólo está dispuesto a aceptarlo si los únicos interlocutores son PSOE y PP, excluyendo expresamente a Unidas Podemos.

Desbloquear el CGPJ se ha convertido en un objetivo central del Gobierno y ya cuenta con la mayoría de los grupos en el Congreso para negociar una reforma. Este martes, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, lanzó un ultimátum al PP: “Es una especie de última oportunidad”, declaró. “Si no acepta” negociar larenovación confirma a la ley actual, “habrá un Gobierno que actúe y busque otros cauces" para dar cumplimiento a la Constitución.

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