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¿Verdad o mentira?

Casado: “Desde el año 75 cualquier familiar puede buscar los restos de sus seres queridos con pleno apoyo del Gobierno”

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado, durante su intervención en un desayuno informativo este lunes.

La promesa del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos han puesto a la memoria histórica en el centro de la actualidad. Desde que el Ejecutivo lo anunciara, el debate ha copado multitud de titulares. Tantos que, de hecho, este lunes llegó hasta la campaña interna del Partido Popular. Lo hizo en palabras del candidato Pablo Casado, que se enfrentará a Soraya Sáenz de Santamaría en la votación que este próximo fin de semana decidirá quién sucederá al expresidente Mariano Rajoy al frente del partido. 

"Cuando recuerdo que desde el año 75 en España, y en especial desde el 78, cualquier familiar puede buscar los restos de sus seres queridos con pleno apoyo de las Diputaciones, de los ayuntamientos, de las autonomías y del Gobierno de España, me quedo tranquilo. Creo que tenemos que seguir apelando a la reconciliación". Esas fueron las palabras exactas de Casado, quien además valoró la intención del Gobierno de sacar al dictador del Valle de los Caídos: "No gastaría un euro en desenterrar a Franco. Pedro Sánchez está siguiendo la agenda de Zapatero y fracturando a la sociedad". E insistió en la misma idea: "Se puede hacer política sin necesidad de abrir costuras y volver a enfrentar a las dos Españas". 

El problema, según entienden las asociaciones de memoria histórica, es que esas costuras de las que habla el exresponsable de Comunicación del PP nunca se cerraron. "La derecha da una visión de que se ha reparado a todo el mundo. Es vergonzoso", critica Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Y no se ha reparado a todas las víctimas, argumenta, precisamente porque muchos familiares de las víctimas del franquismo no han podido sacar a sus familiares de las fosas comunes en las que fueron enterrados tras ser asesinados. "La afirmación de Casado es absolutamente falsa", lamenta. 

De 1975 a 2007: exhumaciones “ilegales”

Todas las fuentes consultadas por infoLibre coinciden: Pablo Casado no ha dicho la verdad este lunes. Y no lo ha hecho, en primer lugar, porque desde el año 1975 y hasta 2007, cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, todas las exhumaciones que se llevaron a cabo fueron "ilegales". Así las define en conversación con este diario Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. "Las hicieron las familias por su cuenta, sin que hubiese participación de ningún tipo de administración. Decidieron buscar a su ser querido, excavaron y lo sacaron. Sin análisis científicos", lamenta. Era imposible, así, verificar quién era familiar de quién. 

A partir del año 1979, estas operaciones aumentaron. Fue cuando, como recuerda Silva, ganaron las elecciones algunos partidos que durante la dictadura habían sobrevivido en la clandestinidad. Su salida a la luz pública hizo que el miedo de muchos familiares de represaliados desapareciera. Tres años más tarde, con el golpe de Estado de Antonio Tejero, volvió, explica Alicia Cárdenas, investigadora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. "Sólo se superó cuando los nietos nos pusimos a buscar a nuestros abuelos", añade Silva. Y así, desde el año 2000 y hasta 2007, comenzaron a practicarse más exhumaciones. Pero, eso sí, todavía sin el apoyo de ninguna institución. Aunque sí alguno puntual. "Fue el caso del alcalde de un pueblo de Extremadura, que luego fue denunciado y juzgado", recuerda.  

El PSOE, cuando llegó a la Moncloa en 2004, quiso acabar con esta situación. Así lo dijo Diego López Garrido, el que fuera portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el año 2006: "Aún hay víctimas y familiares de víctimas de esa trágica época; por ejemplo, personas que aún no han recuperado los restos de sus familiares. Esas personas no han recibido el reconocimiento moral debido y la restitución de su honor. La Ley significará sencillamente un paso más de nuestra democracia para proporcionar la reparación a las víctimas de una situación injusta". La situación cambió, sí, pero no fue suficiente. 

De 2007 a 2011: a cargo de asociaciones y familiares

El Congreso de los Diputados, con los votos en contra de PP y ERC, aprobó la Ley de Memoria Histórica en octubre de 2007. Algunos veteranos antifranquistas, como el histórico dirigente del Partido Comunista Español (PCE) Santiago Carrillo vivieron este momento desde la tribuna del hemiciclo. La emoción fue palpable porque el momento, para ellos, fue histórico. Sin embargo, ahora, 11 años después, los colectivos memorialistas critican que no ha funcionado. Y no lo ha hecho por la "falta de voluntad política", critica Silva.

"La Ley de Memoria Histórica lo que intenta es conducir u organizar lo que ya estaba haciendo la gente", explica Peinado. Los artículos 11 y 12 de la normativa indican que las Administraciones públicas tendrían, por primera vez, un papel. "La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos" derivados de las tareas de "de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas", explica el texto. Precisamente ese término, subvención, es el que implica que, aun aprobada la norma, la Administración no esté presente. 

"Se estableció un modelo donde no interviene la Justicia y donde el Estado se quita toda la responsabilidad que tiene", critica Peinado. "Es una forma de delegar o de privatizar una cosa absolutamente paranormal en el mundo de los Derechos Humanos, que es que un estado democrático le diga a las víctimas de hechos tan graves 'resuélvelos tú'", añade Silva. Lo dijo, recuerda Cárdenas, hasta el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff. "Lo calificó de 'privatización'", afirma. "Se dan subvenciones a las familias, pero son estas las que tienen que hacerse cargo y el Estado olvida su obligación de responder por estas cuestiones", critica. 

Desde 2011: derogación de facto de la Ley de Memoria Histórica

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El rechazo conservador a la aprobación de la norma, por otro lado, se ha mantenido en estos 11 años. Desde el PP se opusieron firmemente al texto, y han permanecido fieles a esta postura. Así lo demostró Mariano Rajoy tras llegar al Gobierno. Dos años después de mudarse a la Moncloa, el ya expresidente afirmó que "eliminaría todos los artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado". "No daría ni un solo euro público a esos efectos", añadió. Y lo cumplió.

"En el año 2013, la partida presupuestaria se eliminó", explica Cárdenas, aunque recuerda que ya en 2012 se redujo un 60% de lo que se había dedicado el año anterior, cuando los conservadores ganaron las elecciones. Pero es que, además, del total de presupuesto destinado a la memoria histórica, tan sólo un tercio se dedicó a las tareas de exhumación. "Eso, en el mejor de los casos". 

"Rajoy hizo una derogación de facto de la ley porque no ha destinado nunca fondos a ella", critica Peinado. Pero esta falta de voluntad, en cambio, fue "permitida" por el Gobierno anterior, el que aprobó la propia normativa. "Cuando se aprobó la ley no se quiso introducir la responsabilidad del Estado", explica Silva. De haberlo hecho, añade, los conservadores no hubieran podido pasarla por alto sin antes derogarla. 

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