Una delegación de la Comisión de Venecia, uno de los organismos fiscalizadores del funcionamiento de las instituciones democráticas del Consejo de Europa, ha iniciado este lunes una visita a España para analizar las propuestas de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. En su encuentro con varios miembros del órgano de gobierno de los jueces y con las distintas asociaciones judiciales, la derecha judicial ha vuelto a expresar su discurso catastrófico: que el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en peligro principios democráticos básicos como la separación de poderes o la independencia judicial. Para evitar ese peligro, han defendido su propuesta de que sean los propios jueces los que elijan a los 12 vocales del Consejo procedentes de la judicatura, y no el Parlamento, como viene ocurriendo desde hace 40 años.
La izquierda, que, como el Gobierno, apuesta por continuar con la elección parlamentaria de estos consejeros, ha asegurado que ese riesgo sistémico que denuncia la derecha, en realidad, no existe. El representante de Juezas y Jueces para la Democracia, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid Benjamín Sánchez Fernández, lo ha explicado con un ejemplo muy gráfico que ha generado sonrisas entre los presentes en el encuentro: el hecho de que se esté investigando a la esposa de todo un presidente del Gobierno, que se haya procesado a su hermano y se vaya a juzgar al máximo responsable de un órgano constitucional como la Fiscalía, demuestra que esa independencia de jueces y magistrados, contrariamente a lo que sostiene la judicatura más conservadora, está blindada. Dicho de otro modo, si el Ejecutivo, a través de su líder, pretende aprovechar su poder para intervenir en casos concretos, debe estar haciéndolo fatal.
El juez Juan Carlos Peinado, el instructor del caso Begoña Gómez, se ha desplazado ya en dos ocasiones a Moncloa para tomar declaración, primero a Pedro Sánchez (pese a saber que la ley exime a cualquier persona de declarar contra un familiar), y después al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Sobre este último, el instructor recibió un duro varapalo del Supremo después de que intentara, sin un solo indicio, que el Alto Tribunal le abriera un proceso por falso testimonio y malversación de caudales públicos. Durante su instrucción, en varias ocasiones ha tomado declaración a testigos (con obligación de decir la verdad) a los que semanas después ha vuelto a citar como imputados (conculcando el derecho de cualquier investigado a no declarar contra sí mismo). Recientemente ha exigido a Presidencia todos los correos electrónicos de la esposa del presidente del Gobierno desde su llegada al cargo en 2018, algo que ha ordenado sin ninguna motivación pese a afectar a un derecho fundamental como el secreto de las comunicaciones.
Se trata de actuaciones muy heterodoxas a ojos de cualquier penalista. Algunos, incluso, las consideran irregularidades que podrían traer consecuencias. Pero, pese a los intentos de la defensa de la esposa del presidente y de la Fiscalía para que la Audiencia de Madrid diera carpetazo al caso, sus magistrados han decidido avalarla y mantenerla viva. Peinado, incluso ha desobedecido órdenes de ese tribunal provincial –cuyo criterio está obligado a acatar– sin ninguna consecuencia. Tampoco las ha tenido la querella por prevaricación presentada por el propio presidente o las quejas disciplinarias que se han presentado contra él. El jefe del Ejecutivo puede decir, en referencia a Peinado –o a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma que ha procesado a su hermano en contra del criterio del Ministerio Público– que "hay jueces en España que hacen política". Pero sus palabras de censura no van a afectar a ninguna de esas causas, que tocan a su entorno más íntimo.
El entramado de mecanismos de control que garantizan que un juez pueda ejercer sin interferencias su función también ampara a Ángel Hurtado, el instructor del Supremo que investiga al fiscal general del Estado. Hurtado ha conseguido sentar en el banquillo a una de las máximas instancias judiciales españolas, el máximo responsable de un órgano constitucional como la Fiscalía, pese a no haber conseguido acumular una sola prueba contra él. Lo ha hecho, además, obviando todo testimonio que pudiera favorecerle y denegando diligencias que el jefe del Ministerio Público consideraba esenciales para su defensa. Y no es que lo diga alguien del Ejecutivo o del Legislativo, es que es su propio compañero de Sala, Andrés Palomo, el que lo ha recogido en un voto particular. Ni eso, ni el hecho de que, en una causa que en teoría busca defender la intimidad del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (autor confeso de dos delitos fiscales) el instructor haya provocado la difusión de las comunicaciones del fiscal general de varios años en los medios, ha logrado que Hurtado haya sido mínimamente inquietado en su investigación.
Más allá del caso Begoña Gómez o el del fiscal general, el Supremo investiga actualmente a dos ex secretarios de Organización del PSOE por un escándalo de mordidas relacionadas con contratos de obra pública. Uno de ellos, José Luis Ábalos, fue, además, ministro de Transportes, uno de los departamentos que más fondos públicos pone cada martes en la mesa del Consejo de Ministros. Tanto Ábalos, como su sucesor y también encausado Santos Cerdán han sido (hasta su caída) personas de la máxima confianza del presidente del Gobierno. Sus escándalos, en este caso, se investigan con el apoyo de la Fiscalía. El caso afecta gravemente al Ejecutivo y al principal partido que lo sustenta, pero explica muy bien el grado de independencia del que gozan nuestros órganos judiciales.
Que la independencia judicial en España está a un altísimo nivel lo demuestran otros muchos casos. El caso Gürtel, que causó por primera vez en democracia la caída de un Gobierno (el de Mariano Rajoy), sobrevivió, durante 10 años, a dos presidentes del Gobierno y tres legislaturas. En el caso Nóos se juzgó a la infanta Cristina, hija de Juan Carlos I y hermana del actual rey, Felipe VI, junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, que fue condenado a penas de prisión. La independencia de los jueces españoles no solo actúa frente al resto de poderes del Estado, también frente a las grandes empresas y los bancos. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, España ha investigado, juzgado y, en ocasiones, condenado a parte de la élite financiera por los excesos de los bancos. Un exvicepresidente económico del Gobierno, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia como Rodrigo Rato, se sentó en el banquillo y fue a prisión.
La lucha antiterrorista, un terreno especialmente sensible mientras ETA estuvo activa, tampoco ha escapado del control del Poder Judicial. La Justicia española ha procesado y sentenciado a uno de los ministros del Interior de Felipe González (PSOE) implicado en la guerra sucia contra la organización terrorista –José Barrionuevo– y a su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera tras demostrar que era su departamento el que estaba detrás de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). En todos esos casos hubo grandes presiones, como en todas las causas con protagonistas poderosos. Pero los controles y contrapesos del sistema judicial español funcionaron y la justicia siguió su curso, algo que a día de hoy, en contra del discurso apocalíptico de la derecha judicial, sigue ocurriendo.
Una delegación de la Comisión de Venecia, uno de los organismos fiscalizadores del funcionamiento de las instituciones democráticas del Consejo de Europa, ha iniciado este lunes una visita a España para analizar las propuestas de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. En su encuentro con varios miembros del órgano de gobierno de los jueces y con las distintas asociaciones judiciales, la derecha judicial ha vuelto a expresar su discurso catastrófico: que el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en peligro principios democráticos básicos como la separación de poderes o la independencia judicial. Para evitar ese peligro, han defendido su propuesta de que sean los propios jueces los que elijan a los 12 vocales del Consejo procedentes de la judicatura, y no el Parlamento, como viene ocurriendo desde hace 40 años.