Un circuito de Fórmula 1 para Madrid: el proyecto de Ayuso que arruinó a la Valencia de Camps

Casi medio siglo después de que el circuito del Jarama acogiera su última carrera de Fórmula 1 —en el año 1981—, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso quiere que sea la sede de una nueva competición en el año 2026, justo cuando expira el contrato de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) con el circuito barcelonés de Montmeló, donde actualmente se celebran el Gran Premio de Fórmula1 y el Gran Premio Mundial de Motociclismo.

Sin embargo, el circuito del Jarama carece de licencia para albergar carreras ni de Fórmula 1 ni de MotoGP. Tampoco cuenta con las instalaciones ni los informes medioambientales que exige la FIA, por lo que debería someterse a una costosa remodelación. Y, además, se enfrenta a una fuerte oposición vecinal, que en los últimos años han presentado quejas ante el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Defensor del Pueblo por el ruido.

Pese a todos los inconvenientes, el Ejecutivo de Ayuso ya ha iniciado los contactos con el máximo responsable de la competición automovilística, Stefano Domenicali. "Queremos hablar con todas las instituciones públicas y privadas que tienen relación con estos certámenes para que también esté en Madrid, porque estoy convencida de que será todo un éxito", explicó hace unos días la líder madrileña.

Lo cierto es que el plan de Ayuso ya lo intentó poner en marcha otro dirigente del Partido Popular, Francisco Camps, hace más de una década. El entonces presidente de la Comunitat Valenciana ganó la campaña electoral de 2007 asegurando que la celebración de un Gran Premio no iba a costar "ni un euro" a los valencianos y que pondría "a Valencia en el mapa". El circuito acabó siendo un agujero negro para las arcas valencianas y únicamente estuvo en funcionamiento cuatro años, de 2008 a 2012.

El actual Govern del Botànic, dirigido por Ximo Puig, es el que paga la deuda de un crédito de 60 millones de euros que se solicitó en su día para financiar parte de los costes de la construcción del trazado. Puig estimó en 308 millones de euros el coste total de la operación, lo que equivale a 16.000 empleos para jóvenes o a la construcción de 60 colegios, según los cálculos del president.

Además, el asunto se judicializó y Camps fue acusado de cometer malversación de caudales públicos, derivada de varios contratos presuntamente amañados para la construcción del circuito. En el año 2019 el expresident valenciano fue absuelto, pero no por falta de pruebas: el fiscal consideró que existían indicios de corrupción. Camps se salvó porque los delitos preescribieron en 2017.

Historia de un fracaso económico y político

A dos semanas de que se celebran las elecciones autonómicas y municipales de 2007, el entonces patrón de la Fórmula 1 y dueño de Formula One Administration (FOA), Bernie Ecclestone, puso como condición que Camps ganara los comicios para firmar el contrato con la administración valenciana. "Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa, Rita Barberá, y me enamoré de ella", aseguró el magnate.

Un gesto que el conservador le agradeció públicamente: "Voy a intentar con mi esfuerzo ganar estas elecciones y que este contrato haga que Valencia tenga lo que ya tenemos preparado, un circuito urbano", aseguró. Camps ganó por mayoría absoluta, al igual que Barberá, y el primer Gran Premio se celebró en agosto de 2008.

Tal era el éxito esperado que se estableció que el futuro promotor de esta iniciativa correría a cargo de los 40 millones de la construcción del circuito urbano. La Generalitat adjudicó, a través de un ente público sin experiencia en la construcción de infraestructuras urbanas, todas las obras necesarias para la ejecución del circuito. Ese ente dejó en manos de la empresa Valmor Sports la organización del evento. Una empresa creada exprofeso y que era propiedad, a partes iguales, de Bancaja, Fernando Roig y el expiloto Jorge Martínez Aspar, que compartió su participación con Vicente Cotino.

La Generalitat calculó un beneficio estimado de 70 millones de euros gracias al impacto turístico que, según sus cuentas, generarían los 500 millones de espectadores en el mundo. Sin embargo, la recaudación estuvo muy lejos de cubrir las expectativas. Los precios para asistir como público oscilaban entre los 250 y 400 euros. Algunos de los asistentes lo llegaron de calificar de "timo" ante la escasa visibilidad por la ubicación e inclinación de los asientos.

El canon y otros gastos de gestión pronto comenzaron a ser asumidos por la Generalitat valenciana. Valmor únicamente pagó a Ecclestone el canon del premio de 2008. El resto, corrió a cargo de sociedades de la Generalitat. En total, 111 millones de euros. Tras la quiebra de Valmor, el Ejecutivo valenciano se hizo cargo de las deudas que arrastraba la empresa y que ascendían a 34,2 millones de euros.

Meses después de la dimisión de Camps en 2011 por el caso de los trajes, fue Alberto Fabra el que tomó la decisión de rescatar a Valmor. El sucesor de Camps justificó esa decisión alegando que, de esa forma, la Generalitat evitaba pagar 50 millones de euros al magnate de la F-1 como indemnización si el premio dejaba de celebrarse, lo que sucedió ese mismo año.

En 2017, un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acreditó, tras analizar más de 105.000 correos electrónicos, que Camps tomó un rosario de decisiones que habrían permitido enriquecerse a Aspar, el exmotorista socio de Valmor.

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El lugar que albergó los excesos de la Fórmula 1 es ahora un asentamiento de chabolas al que los vulnerables (mayoritariamente migrantes de origen saharaui) acuden buscando refugio. Según un informe del Servicio de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de València, está incluido en el Censo de Vivienda Precaria desde noviembre de 2019.

El plan de la Concejalía de Renovación Urbana es que los kilómetros de circuito que atraviesan esta amplia parcela de terreno se conviertan en un itinerario biosaludable, con zonas verdes, centros de salud y colegios. Sus responsables miran a China, donde se logró transformar una antigua pista de aterrizaje en un gran parque: el Xuhui Runway Park, en Sanghái.

Sin embargo, una de las dificultades del consistorio dirigido por Compromís y el PSPV radica en la negociación con los propietarios del suelo urbanístico. "Costó 45 millones de euros y los propietarios de ese suelo no quieren asumir ese coste. Entonces, la administración actual y los propietarios estamos negociando unos precios y unas cargas que sean equilibradas”, afirmó recientemente la vicealdaldesa Sandra Gómez.