Citan a declarar como investigados a dos extrabajadores de Coca-Cola que protestaron en la boda de Marcos de Quinto

Cuenca, 30 de septiembre de 2017. El exvicepresidente mundial de Coca-Cola y ahora número dos de Ciudadanos por Madrid al Congreso de los Diputados, Marcos de Quinto, se casaba con la soprano brasileña Angélica de la Riva. Fuera, a las puertas de la catedral, donde se celebraba el enlace, numerosos extrabajadores de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada protestaban por el incumplimiento de las sentencias judiciales relativas al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, en el año 2014, afectó a 1.253 trabajadores como consecuencia del cierre de las fábricas de Palma, Alicante y Asturias, además de la madrileña. Una concentración que, según avisó entonces De Quinto, llegaría "a los juzgados". Y lo ha hecho ahora: dos trabajadores han sido citados a declarar como investigados en dos juzgados de Madrid en relación a unas supuestas injurias y coacciones, según han informado a infoLibre fuentes del Comité de Empresa de Coca-Cola en Fuenlabrada.

"Les espero en los juzgados, donde aportaré el vídeo de su 'pacífica' manifestación. Vale ya de mentir y acosar con impunidad", dijo el reciente fichaje de Albert Rivera, quien además les deseó que "la vida les trate la mitad de mal" de lo que ellos pretendieron con su protesta, a la que se sumaron algunos conquenses, que corearon junto a los extrabajadores consignas como "Fuenlabrada productiva", "Marcos de Quinto, terrorista" o "Que viva la lucha de la clase obrera". 

 

La concentración, según las fuentes del Comité, fue comunicada a Delegación del Gobierno y autorizada. Además, dicen, los cuerpos de seguridad no actuaron en ningún momento contra ellos, "puesto que todo transcurrió dentro de lo normal". Las citaciones se producen en la fase de instrucción y en dos juzgados distintos. Por el momento, desconocen a qué podrían enfrentarse los dos trabajadores, aunque aseguran que confían en que se archive la causa porque, en su opinión, las acusaciones de injurias y coacciones son "absolutamente falsas". 

Denunciaron el incumplimiento de las sentencias judiciales

La protesta tuvo lugar tres años después del ERE de Coca-Cola y tras un largo proceso judicial. El presidente del Comité, Juan Carlos Asenjo, lamentó durante la concentración que el cierre de la planta madrileña tuviera "unas connotaciones especiales, porque meses antes se calificaba como la perla de Coca-Cola en España, porque era la más grande, la que más inversión y tecnología tenía". De hecho, después de anunciarse el despido masivo, la Audiencia Nacional dictó la readmisión en Fuenlabrada de los trabajadores en las mismas condiciones y en los mismos puestos. Poco tiempo después, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo. 

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Pero, según denunció entonces, "la corrupción de estos empresarios y los hilos de poder que mueven consiguieron que la sentencia no se cumpliese en los estrictos términos que la justicia había decidido". Así, añadió, "programaron, ofertaron y vendieron a la Audiencia Nacional un proyecto alternativo para reincorporar a empleados a través de un centro logístico de innovación, de excelencia", aunque, dijo, los 256 empleados que fueron readmitidos trabajaban "en un almacén fantasma, un gueto que no interactúa con el resto de la organización, con un trabajo completamente marginal". 

Por eso, amenazaron incluso con pedir amparo al Tribunal Constitucional o con acudir al Tribunal de Estrasburgo. Pero finalmente, a finales de 2018, Coca-Cola y los trabajadores llegaron a un "preacuerdo" que supondría "el fin del conflicto". En ese preacuerdo —ratificado por más del 95% de la plantilla— se contempla el compromiso de la compañía de estudiar en un periodo de dos años la posibilidad de abrir un centro mixto, con actividad industrial y logística, en la zona central de Madrid (un radio de 70 kilómetros), "siempre y cuando encaje con la estrategia" de la compañía a nivel europeo en estos dos campos.

En este centro se designarían los trabajadores menores de 58 años, según recogió entonces el Comité de Empresa. Los empleados mayores de 52 años pasarán a un estado de prejubilación de dos años (de enero de 2019 a enero de 2021), en función de su edad.