Transparencia

Ciudadanos financió más del 85% de sus gastos para el 26J con préstamos bancarios

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y su ejecutiva.

Los créditos de los bancos fueron la principal vía de la que se sirvió Ciudadanos para financiar su campaña para las elecciones generales del 26 de junio. Según recoge el informe de fiscalización de las cuentas de campaña de los partidos para esos comicios elaborado por el Tribunal de Cuentas, el partido naranja justificó un gasto de 6,46 millones de euros, de los que más de 5,5 millones salieron de "operaciones de endeudamiento", lo que supone un 85,2% del total. Por su parte, el PSOE financió a través de créditos un 64,7% de su campaña, por un 51,4% del PP. Unidos Podemos y sus confluencias, por el contrario, no recibieron ningún préstamo bancario.

El informe que hizo público este lunes el Tribunal de Cuentas recoge la contabilidad de campaña de los partidos políticos que consiguieron en las elecciones del 26 de junio representación en el Congreso o en el Senado: además de PP, PSOE, Unidos Podemos y las confluencias y Ciudadanos, el documento también analiza las cuentas de PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, ERC, EH Bildu y Agrupación Socialista Gomera. Entre todas esas formaciones, el gasto en la campaña fue de 45 millones de euros, de los cuáles 22,9 procedieron de préstamos bancarios. 

La diferencia entre el gasto de los cuatro grandes –PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos– y el resto es notable, y de esas cuatro formaciones, fue Ciudadanos la que más dependió de los créditos para financiar su campaña. Entre gastos ordinarios –publicidad exterior, anuncios en prensa y radio o "gastos financieros"– y el desembolso en envíos de propaganda electoral, el partido de Albert Rivera gastó un total de 6,46 millones de euros, 1,6 millones menos de los que declaró como recursos de campaña. De esa cantidad, un total de 5,5 millones procedían del endeudamiento; 1,9 eran "adelantos de subvenciones" y 712.148 euros provinieron directamente de las arcas del partido.

El PSOE, por su parte, llevó a cabo una campaña mucho más costosa: sumando PSOE, PSC y la coalición de los socialistas con Nueva Canarias, el gasto total por operaciones ordinarias y envío de propaganda a los domicilios que el Tribunal de Cuentas considera justificado ascendió a 13,2 millones de euros. De esa cantidad, 8,6 millones procedieron de préstamos bancarios –el PSOE pidió prestados 7,4 millones; el PSC 795.000 euros y la coalición con Nueva Canarias, 361.000–, lo que supone que el 64,7% de los fondos utilizados por los socialistas durante la campaña del 26J salieron del "endeudamiento".

La campaña del PP tuvo un coste casi calcado a la del PSOE: uniendo las cuentas remitidas por los conservadores y sus coaliciones con Foro, UPN y el Partido Aragonés, el Tribunal de Cuentas considera justificado que los conservadores gastaron 13,2 millones de euros. De esa cantidad, 6,79 millones procedieron de préstamos bancarios, todos ellos consignados en la contabilidad del PP. La otra gran fuente de financiación de la campaña del PP y sus aliados, según el Tribunal de Cuentas, fueron los adelantos de subvenciones electorales: más de 5,7 millones de euros salieron de las arcas públicas.

El 91% del crédito, para PP, PSOE y C's

Vistas las cifras, no es de extrañar que el grueso de los créditos que se concedieron para la campaña del 26J fueran a parar a las arcas de PP, PSOE y Ciudadanos y sus respectivas coaliciones. Esas tres formaciones acapararon 20,9 millones de los 22,9 que los partidos consiguieron a través de esta vía, lo que supone que más del 91% del dinero que los bancos prestaron para la campaña fue a beneficio de PP, PSOE y Ciudadanos. Coalición Canaria (64.610 euros), PDeCAT (916.976 euros) y ERC (999.598 euros) también pidieron créditos para la campaña.

Por el contrario, ni Unidos Podemos ni sus confluencias hicieron uso de esta herramienta de financiación: su gasto total de campaña –teniendo en cuenta tanto a Unidos Podemos como a En Comú Podem, En Marea y À la valenciana– fue de casi 6,3 millones de euros, procedentes fundamentalmente de subvenciones públicas y de los fondos del partido. Unidos Podemos, por ejemplo, declaró tener para la campaña 3,1 millones de euros de sus propios fondos, de los que 2,6 millones –según el portal de transparencia de Podemos– procedieron de entregas de particulares que, posteriormente, el partido devolvió a los militantes. Agrupación Socialista Gomera, PNV y EH Bildu tampoco recurrieron al endeudamiento para financiar sus campañas.

Además, en su informe, el Tribunal de Cuentas también incluye algunas deficiencias consignadas en la contabilidad de los partidos. Por ejemplo, Ciudadanos, À la valenciana, En Comú Podem, En Marea, ERC y el PSC abonaron gastos para el 26J por un importe conjunto de 46.444 euros a través de cuentas bancarias diferentes a las que la ley obliga a abrir a los partidos para sufragar sus campañas. No obstante, los seis partidos declararon esos gastos en la contabilidad presentada.

Por otra parte, À la valenciana, el PDeCAT, el PSC y Unidos Podemos no habían satisfecho el pago a algunos proveedores en el momento de enviar la contabilidad al Tribunal de Cuentas. La coalición entre Compromís, IU y Podemos debía a sus proveedores 260.908 euros, mientras el PDeCAT tenía una deuda de 2.705 euros y la del PSC ascendía a 71.382 euros. El agujero más grande en esta partida lo tenía Unidos Podemos: la coalición debía a sus proveedores 566.165 euros. No obstante, en sus alegaciones, À la valenciana asegura haber liquidado esa deuda "en su totalidad".

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