El CNI se ampara en la ley de secretos oficiales para evitar informar sobre El Pequeño Nicolás a la Audiencia de Madrid

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás.

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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha amparado en la ley de secretos oficiales para evitar informar a la Audiencia Provincial de Madrid sobre si Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, "prestó servicios" al organismo y si fue "objeto de seguimiento".

En un oficio de 20 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la directora Paz Esteban López le ha trasladado a los magistrados de la Sección Segunda su "imposibilidad" para "comunicar cualquier información que pudiere conducir a las actividades del CNI" sin violentar la protección de las normas que el ordenamiento jurídico dispensan a la "información clasificada".

La Audiencia de Madrid había remitido oficio al CNI para que certificara si El Pequeño Nicolás "prestó servicios laborales o profesionales" entre 2013 y 2014, bien directamente o a través de una empresa. Reclamaba, además, que se informara el concepto y las remuneraciones percibidas por el acusado, así como una "copia de su contrato de trabajo", si lo hubiere.

Asimismo, pedía que se certificara si Gómez Iglesias fue "objeto de seguimiento por parte de los agentes del CNI" en los meses de julio, agosto y septiembre de 2014. Requería copia del expediente, indicación de los nombres de los agentes y los medios utilizados para dichas vigilancias, así como las matrículas de los vehículos utilizados.

Por último, la Audiencia solicitaba una copia de la documentación que autorizara efectuar grabaciones y escuchas del teléfono móvil del acusado.

"Información clasificada"

Esteban López ha recordado que "a las autoridades y al personal del CNI le está vedada legalmente cualquier actuación que, en su caso, de manera directa o indirecta implique transmitir información clasificada con el grado de secreto relativa a este Centro".

Además de ampararse en la ley de secretos oficiales, la directora ha hecho referencia a la propia ley reguladora del CNI y ha subrayado que el ordenamiento jurídico le dispensa de facilitar datos que "puedan conducir indirectamente al conocimiento de las fuentes, medios, organización y estructura interna" del Centro.

En un segundo oficio de la misma fecha, al que también ha tenido acceso Europa Press, Esteban López ha utilizado la misma fórmula para desestimar una petición de información relativa a una consulta de matrículas.

En concreto, la Audiencia Provincial de Madrid -en virtud de lo solicitado por la defensa del policía nacional Jorge González Hormigos- pedía esclarecer si un agente del CNI llamó por teléfono al policía municipal Óscar de Santos Tapia en septiembre de 2014.

A raíz de la respuesta del CNI, la defensa de González Hormigos ha remitido este jueves un escrito a la Sección Segunda para que "se exhorte a dicho servicio de inteligencia español, a través de su Secretaria, para que remita la información que le ha sido solicitada sin censuras".

La defensa ha insistido en que "no se trata de materia clasificada por no afectar a intereses generales del Estado". A su juicio, "no está justificado que el CNI se escude" en la ley de secretos oficiales.

Juicios pendientes

El Pequeño Nicolás tiene pendientes tres juicios en la Audiencia Provincial de Madrid. Hasta ahora ninguno tiene fecha señalada. En uno de ellos, conocido como el caso mafia policial, se le acusa -junto a varios policías- de acceder "en varias ocasiones" a "información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales", según recoge el auto de procesamiento.

En esta causa la Fiscalía pide nueve años y nueve meses de prisión para Gómez Iglesias por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.

En el segundo juicio pendiente se sentará en el banquillo de los acusados al comisario jubilado José Manuel Villarejo a su mujer, Gema Alcalá, y al periodista Carlos Mier por grabar y difundir una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia relativa a la causa de El Pequeño Nicolás.

El tercer juicio será relativo al intento de estafa que habría cometido El Pequeño Nicolás en 2014 contra el empresario Javier Martínez de la Hidalga, ante quien se presentó como un asesor de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para facilitarle la venta de un inmueble que esta persona tenía en Toledo.

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