La comisión en el Congreso sobre Cataluña impulsada por el PSOE arranca entre el boicot y el escepticismo general

No estarán los nacionalistas catalanes ni los vascos, ni tampoco Unidos Podemos. La nueva comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados para estudiar la modernización del Estado autonómico se constituirá este miércoles con sólo 27 de sus 37 miembros: 14 del PP, nueve del PSOE, tres de Ciudadanos y uno de UPN, en representación del Grupo Mixto. Y lo hará, además, en vísperas de una convocatoria electoral histórica en Cataluña,convocatoria electoral en plena vigencia de las medidas aprobadas por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 y con medio Govern destituido en prisión.

Aún así sus promotores, los socialistas de Pedro Sánchez, los únicos que se declaran creyentes en el potencial de la comisión para desatascar el conflicto catalán, no desesperan. Al menos en público. Y apelan a la lectura electoral: lejos de un “fracaso”, subrayó este martes su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, la iniciativa va a mostrar la “apuesta decidida” del PSOE por afrontar la crisis en Cataluña mediante el diálogo político, en contraste con el “engaño” que practican los independentistas de ERC y del PDeCAT, las posiciones “irresponsables” de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y las “críticas sin ninguna alternativa” de Ciudadanos.

Robles, en línea con la posición defendida en las últimas semanas por Pedro Sánchez, ha vuelto a ignorar las consecuencias que el boicot de los grupos políticos catalanes tendrá para el éxito de la los trabajos “históricos” que llevará a cabo la comisión, especialmente en relación con Cataluña. Ni para la apertura de las negociaciones para reformar la Constitución que Sánchez espera poner en marcha dentro de seis meses en virtud del compromiso que consiguió arrancar a Rajoy a cambio de cerrar filas con el Gobierno frente al proyecto independentista catalán.

A los partidos que, en su opinión, se distancian de esta iniciativa para hacer “campaña electoral”, les ha advertido de que resulta “difícil de entender” que rechacen sentarse siquiera a evaluar el funcionamiento del modelo territorial en los últimos 40 años.

Robles confía en que los ciudadanos catalanes sabrán valorar el esfuerzo de los socialistas para defender la legalidad y la Constitución y especialmente de la necesidad de reformar y actualizar la Carta Magna. Este es, precisamente, uno de los pilares de la oferta política con la que el PSC y su líder, Miquel Iceta, aspiran a convertirse en la fuerza política no independentista más votada el 21D.

La portavoz socialista criticó especialmente a Ciudadanos. La formación que lidera Albert Rivera desdeña la comisión, hasta el punto de negarse a formar parte de su Mesa. Lo hacen, según su portavoz, Juan Carlos Girauta, porque temen que los problemas territoriales acaben convirtiéndose en un obstáculo para la reforma de otras áreas de la Constitución en las que Cs está más interesado, como la reforma del Senado o la supresión de los aforamientos judiciales que protegen a los políticos de los tribunales ordinarios. “Tenemos poca fe en la comisión. Creemos que durará poco” y que no será “un instrumento útil”, declaró Girauta. Una actitud que, según Robles, obedece exclusivamente a intereses electorales.

Lo cierto es que, aparte del PSOE, nadie parece entusiasmado con la idea de evaluar la situación de Cataluña en el Congreso, al menos en estos momentos. El portavoz del Grupo Popular en la Cámara baja, Rafael Hernando, lamentó las ausencias de Podemos o ERC y las puso como ejemplos de una forma “muy negativa de entender la democracia y el parlamentarismo".

La comisión, según su versión, debe centrarse en si hay que mejorar el modelo territorial, incluyendo la financiación autonómica. La voluntad de los conservadores, explicó, es “escuchar” para ver qué se puede “mejorar”, pero no resolver el encaje de Cataluña en el sistema constitucional, que es “claro y evidente”. La comisión, advirtió, no es para "abrir una puerta a los independentistas".

"Si hay cosas que se pueden mejorar en la Constitución nos van a encontrar pero que nadie piense que esta comisión el objetivo que tiene es abrir una puerta a los independentistas para intentar romper la soberanía nacional. Eso de ninguna de las maneras”, zanjó Hernando.

Rajoy sigue sin ser partidario de la reforma 

Ya a primera hora de la mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dado algunas pistas de los límites que el PP quiere poner a la comisión. Lo hizo en una entrevista concedida a la cadena COPE, propiedad de la Iglesia católica, en la que reconoció no haber sido “nunca partidario de hacer reformas de la Constitución, salvo que tengamos muy claro para qué hay que hacerlas”. En la comisión que se constituirá este miércoles el PP va a “escuchar y a hablar con todos”, pero no apoyará nada que contradiga la unidad de España, su soberanía o “la igualdad de todos los españoles, De ninguna de las maneras”, subrayó.

Rajoy insistió en que el PP sólo aceptará actualizar la Carta Magna si es con un acuerdo amplio, como ocurrió hace 39 años. “En el año 1978 dijimos: ‘Vamos a hacer una Constitución que sirva a todos”. Ahora de lo que se trata, explicó, es de “evaluar cómo ha funcionado el Estado autonómico estos años y ahí también vamos a hablar del modelo de financiación autonómica. Habrá que corregir si hay cosas que no están bien, pero es imposible hacer un modelo de financiación que no tenga el acuerdo de todos y, aparte de que es imposible, no es deseable”.

El presidente también cree que la comisión del Congreso debe ocuparse de la supuesta persecución del español en las comunidades bilingües no gobernadas por el PP (todas menos Galicia). “Sería bueno que hablásemos entre otras cosas de este asunto, que ha generado muchas polémicas, muchos disgustos a mucha gente“ y que “ha provocado también que se incumplan sentencias”. Pero, aunque es partidario de buscar un acuerdo, advirtió, “si no se consigue sin duda alguna tendremos que ver lo que podemos hacer en el futuro para que esta situación no se produzca”.

En cuanto al encaje de Cataluña en España, Rajoy cree que se trata exclusivamente de “un tema de voluntad política y de lealtad institucional y de que todos seamos capaces de asumir por dónde va el mundo en estos momentos”. “Estamos en el siglo XXI y estos procesos [de descentralización o de secesión] ya no son propios del siglo XXI. ¿A dónde se va con ese discurso de querer ser hoy más pequeño, de querer estar aislado, de querer volver a recuperar las fronteras? Esto va contra el sino de los tiempos y el sentido común. Es cuestión de que asumamos esto y de que seamos leales los unos con los otros”, insistió.

¿Cree Rajoy que sería mejore recentralizar el Estado? “Yo creo que hay un consenso muy mayoritario de que la gente quiere autonomías”, explicó. Habrá algunos que quieren que se supriman todas, habrá otros que quieran irse de España, pero hay un consenso mayoritario de que el Estado autonómico ha funcionado razonablemente”, aunque se pueda “discutir y mejorar los temas de educación y algunos temas concretos” más que no precisó.

La nueva comisión de Congreso puede servir para examinar “todas estas cosas”, convino el presidente. “Podemos intentar que [el Estado autonómico] funcione mejor, pero yo creo que el actual garantiza bastante bien la igualdad y la solidaridad entre españoles. Se puede mejorar pero yo no soy partidario de ponerlo todos patas arriba”, concluyó.

Roca cree que no es buen momento

En línea con Rajoy se ha pronunciado Miquel Roca, el antiguo portavoz de Convergència en el Congreso, abogado en ejercicio (su bufete se ocupa de defender en el caso Nóos a Cristina de Borbón, hermana de Felipe VI) y uno de los tres redactores de la ponencia constitucional que siguen vivos y que el PSOE quiere citar para que inauguren las sesiones de la comisión. “Se dice: ‘Cambiemos la Constitución’, pero ¿en qué la cambiamos?”, se preguntó este martes en un acto en València cuando fue preguntado sobre este asunto por los periodistas.

Roca aseguró que “el clima es muy tenso en este momento y una Constitución que se hizo desde el consenso se tiene que reformar desde el consenso. Si no, irá mal. Y no veo posible este consenso” en la actualidad, señaló.

La reforma puede ser aconsejable, aceptó, pero será “difícil” en el contexto político actual. “Toda Constitución siempre representa una gran manifestación de voluntad de entendimiento”, por lo que sólo “si hay mucha voluntad de entendernos vale la pena" abordar una reforma. "Hay que ver si hay voluntad de asumir los costes del pacto, no los beneficios. Si existe esa voluntad, será fantástico”.

Y eso que cree que ahora sería más fácil que en la Transición. “En aquel momento era mucho más difícil; salíamos de una dictadura que aún se sentía. Era una cosa muy complicada, la situación económica era peor que la de ahora. Era muy diferente”, explicó.

Los grupos que sí participarán en la comisión (PP, PSOE, Cs y UPN) deben aún acordar los temas a debate y el PSOE es, de momento, el único partido que ha propuesto un temario: análisis del modelo autonómico, examen de la ordenación de las competencias, la posibilidad de incluir en la Constitución el nombre oficial de las Comunidades Autónomas, estudio de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente el Estatut de Cataluña y dio origen al la crisis actual, la financiación autonómica y la autonomía local. Los socialistas quieren además que las comparecencias empiecen por los tres padres vivos de la Constitución de 1978: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y el propio Roca, para que hagan un diagnóstico del desarrollo del Estado autonómico en estos 40 años de democracia.

La propuesta socialista y la actitud reticente del PP y Ciudadanos no contribuyen a disipar las dudas de los grupos que rechazan participar en la comisión. Pablo Iglesias, el líder del Podemos, admitió, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que hay que buscar fórmulas para el diálogo, pero no la que propone el Congreso en estos momentos. “Con varios miembros del Govern encarcelados y con el PP, PSOE y Cs, el bloque monárquico pidiendo echar más leña al fuego y más represión y con los partidos catalanes y vascos fuera, esa comisión es un triste intento del PSOE de apuntarse un tanto que no ha servido para nada”.

Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso, ratificó a su vez la falta de “utilidad política” de la comisión, en opinión de su partido. Lo más conveniente sería crear un órgano que tratase “específicamente la cuestión catalana” que, ha remarcado, “va más allá” del asunto territorial. En todo caso, “mientras haya presos políticos y esté aplicándose el 155”, la comisión no tiene sentido.

Tampoco el PNV parece dispuesto a cambiar de posición y menos en plena campaña electoral catalana. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, puso como condición para participar que las sesiones comiencen por examinar los casos catalán y vasco. “No se pueden mezclar churras con merinas”, dijo. Si se mezclan los problemas que pueda tener Extremadura con los de Cataluña, la comisión “no va a servir para nada". “Para eso que no cuenten con nosotros”, avisó. “Vamos a atender las causas que han hecho surgir la idea de que se cree esta comisión y, luego, si hay otros problemas de tipo autonómico, político y administrativo que quieren solucionarse, que se hagan en otro momento, pero no mezclemos unas cuestiones con otras porque las conclusiones serían equivocadas”, razonó.

Más escéptica aún se mostró, en declaraciones a Onda Vasca, la diputada de EH Bildu en el Congreso Marian Beitialarrangoitia. La izquierda abertzale cree que el PP no va a proponer dar “un encaje al derecho a decidir”, sino “terminar de cerrar camino a esa posibilidad” con la "complicidad" de Pedro Sánchez, que “se ha convertido en Susana Díaz en tiempo récord”. Quieren “una regresión autonómica en esa reforma constitucional”, criticó. “Un nuevo capítulo de recentralización, una nueva contrarreforma que, de alguna forma, llevaría todavía más allá lo que ya el propio Gobierno está haciendo, con la excusa de la crisis en los últimos años, vía ley de estabilidad, actuando por encima de las comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos”.

Aznar plantea la posibilidad de reforzar el Estado

Sánchez decide situar a Cs como adversario, marcar distancias con el PP y evitar el cuerpo a cuerpo con Podemos

Ver más

A despejar estas sombras no ayudó este martes que el expresidente José María Aznar declarase a la revista valenciana Plaza que “puede venir bien” la comisión si sirve para "aprender de lo que ha ocurrido, para mantener las cosas buenas que se han producido, que son muchas, y para corregir los desajustes". Incluida la posibilidad de “reforzar los elementos de cohesión del Estado y de la nación”. Si hace falta, “habrá que reforzarlos. Del Estado de las Autonomías hay que aprender de lo bueno, que ha sido la mayor parte, pero también de lo malo”, precisó Aznar.  España necesita "más Estado, más elementos de garantía de igualdad de los ciudadanos, de estabilidad". “No tenemos un problema territorial; los que tienen un problema son los secesionistas catalanes y lo que hay que ver no es cómo satisfacerles, sino cómo garantizar el orden constitucional".

En Alemania, puso como ejemplo Aznar, acaban de reformar la Constitución para garantizar las competencias del Gobierno federal, que se “habían debilitado, y no les va mal”. “A veces, hay que hacer esas cosas porque el desafío [independentista] pone en riesgo la continuidad histórica de España y del orden constitucional”.

El diputado del PSOE José Enrique Serrano, un experto negociador que fue jefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodróiguez Zapatero, será quien asuma este miércoles la Presidencia de la comisión. PP y el PSOE se repartirán los otros cuatro puestos de la Mesa: dos vicepresidentes (las diputadas del PP Alicia Sánchez Camacho y Susana López Ares) y dos secretarios (el conservador Jaime de Olano y la socialista Sofía Hernanz).