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Residencias de mayores

Las comunidades comienzan a retocar su modelo residencial postcovid evitando meter mano al régimen sancionador

Un anciano contempla en una residencia la actuación del personal sanitario.

Las residencias han sido el auténtico agujero negro durante la pandemia. No es una afirmación discutible o interpretable. Las cifras así lo avalan. En lo que llevamos de crisis sanitaria, han perdido la vida solo en estos centros repartidos por toda la geografía española cerca de 30.000 ancianos. Es decir, que casi cuatro de cada diez fallecidos a lo largo de la crisis sanitaria eran usuarios de geriátricos. La hecatombe, especialmente intensa durante la primera ola, evidenció la necesidad de darle una vuelta de tuerca al modelo residencial, de repensarlo para evitar en un futuro otra catástrofe de similares dimensiones. La mayoría de comunidades autónomas llevan meses avanzando en este sentido. Algunas, como Cantabria o Navarra, ya tienen normas orientadas a la mejora de la atención de los más mayores. Otras, pretenden cerrarlas en los próximos meses. Planes que, en su mayoría, buscan impulsar centros más pequeños, intensificar las labores de vigilancia, avanzar en la medicalización o mejorar en las condiciones laborales de los trabajadores. Eso sí, de meter mano al régimen sancionador, nada de nada.

Si bien es cierto que desde la primera ola la mayoría de comunidades se han puesto a trabajar en relación con los geriátricos, solo dos han aprobado por el momento extensas normas en esta materia: Cantabria y Navarra. Sin embargo, ambos textos se centran exclusivamente en la reformulación del modelo. Ninguno entra, ni siquiera lo plantea, al sistema de sanciones. Algo que también ha evitado hacer el Ejecutivo de Castilla y León en su anteproyecto de Ley de Residencias, que puso sobre la mesa a finales de abril y que todavía tiene que superar el trámite parlamentario tras ser sometido a información pública. El texto recoge en su artículo 44 tres tipos de infracciones –leves, graves y muy graves– y multas que pueden ir desde los 300 a los 300.000 euros. Exactamente los mismos baremos que estaban contemplados ya antes del inicio de una crisis sanitaria que ha dejado 4.008 fallecidos con covid o síntomas compatibles con la enfermedad en los geriátricos de la región. 

Madrid tampoco cuenta, por el momento, con una nueva Ley de Residencias. De hecho, la única iniciativa legislativa de este tipo que se llevó a la Asamblea regional ni siquiera fue tomada en consideración. La derecha se encargó de bloquearla alegando que iba contra los geriátricos privados. Diez días después, la parte naranja del Ejecutivo regional presentó a bombo y platillo el nuevo Acuerdo Marco sobre estos centros sociosanitarios. El texto que deberá regir los futuros conciertos sí que introduce algunos cambios en materia de sanciones. Por ejemplo, elimina la posibilidad de graduación de las penalidades –como se denomina a las multas–, estableciendo porcentajes fijos. Además, convierte en infracción grave la mala limpieza de habitaciones, ropa y espacios. Y amplía el margen de actuación del Gobierno madrileño a la hora de retirar las concesiones a empresas. Tres penalidades muy graves o graves en un año o cinco muy graves o graves a lo largo de la ejecución de la relación contractual permiten resolver el contrato.

Aunque no meta modificaciones en las cuantías de las multas, el borrador de la norma que prepara Castilla y León sí que aspira a reforzar los mecanismos de control a los geriátricos por parte de la administración. Todos los centros residenciales para cuidados de larga duración "deberán someterse periódicamente –no se indica cada cuánto tiempo– a una evaluación de calidad". De ese estudio se emitirá un informe, que deberá hacerse público, con una puntuación global que sintetice el nivel de calidad de los servicios. Los resultados son importantes. ¿Por qué? Porque si no alcanzan la nota mínima –aún por fijar– no se podrá acceder a la concertación o a la prórroga de la misma. Un examen al que deberán enfrentarse también los centros de titularidad pública, que cuando no alcancen la puntuación mínima establecida tendrán que establecer un plan de mejora para corregir las diferentes deficiencias que hayan sido identificadas

Evitar la medicalización

Una de las lagunas que la oposición se ha encargado de poner sobre la mesa en relación con la norma elaborada por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es la ausencia de una medicalización de los geriátricos. En este sentido, la norma establece la obligación de las entidades gestoras de "garantizar" la "existencia del material y equipos de protección individual" ante una crisis sanitaria, de "coordinarse con los profesionales del sistema público de salud" y de tener "un plan de contingencias" debidamente actualizado para hacer frente a cualquier emergencia de salud pública. Algo que también se recoge en la norma navarra. Sin embargo, ninguno de los dos textos establecen que las residencias tengan que disponer, por ejemplo, de dispositivos para la administración de oxigenoterapia. 

¿Y qué opinan el resto de regiones al respecto? Asturias todavía no tiene ni siquiera un texto cerrado, pero sí dispone de un borrador que establece los pilares del que se pretende que sea el futuro modelo residencial. El documento, que el Ejecutivo de Adrián Barbón ya ha trasladado a asociaciones de familiares y patronales del sector, también rechaza los entornos de cuidado "de carácter más hospitalario". Por eso, símplemente plantea, entre otras cuestiones, crear la figura del "profesional de enlace en atención primaria" a fin de "facilitar el contacto" entre los diferentes servicios sociales y sanitarios públicos. Como Asturias, tampoco la Xunta de Galicia tiene nada aprobado sobre el nuevo modelo. Pero sí que ha avanzado en la elaboración de un documento base de trabajo que recoge la creación de una suerte de "unidades de cuidados intermedios" que sirvan de paso entre el hospital y la residencia.

Quien sí parece que tiene intención de apostar por la medicalización de los geriátricos es Extremadura. Hace unos meses, el director general de Planificación, Formación y Calidad Sociosanitarias, Vicente Caballero, aseguraba que en el nuevo modelo residencial cada área de salud de Extremadura tendrá como referencia una residencia del Sepad que contará con alas medicalizadas y los dispositivos de una planta de hospital para atender a los mayores. No obstante, por el momento solo son intenciones. No hay nada aún sobre el papel. "Todavía no se ha concretado nada. Se sigue trabajando", explican a este diario desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales extremeña.

Coto a los centros masificados

Una vez superada la primera ola de la pandemia, gran cantidad de expertos insistieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo centrado en el residente. "Hay que descartar los centros masificados porque se produce una deshumanización, desaparece la persona", apuntó en su día a este diario José Antonio Florez, catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo. En esa dirección han avanzado ya tanto Cantabria como Navarra y va en camino Castilla y León. La orden de residencias cántabra establece que los geriátricos no podrán contar con más de 120 plazas. Una cifra que el decreto navarro sitúa en 130 –70 en centros de personas con discapacidad– y que el anteproyecto de ley del Gobierno de Mañueco sitúa en una horquilla que se mueve entre las 40 y las 72. Además, buena parte de las habitaciones deberán ser individuales. En la primera región, al menos dos tercios. En la segunda, un 80% como mínimo.

Asturias, en su documento de trabajo, también apuesta por establecer capacidades máximas, primar las habitaciones individuales y virar los proyectos organizativos tradicionales hacia otros centrados en "pequeñas unidades de convivencia", aunque no aporta cifras por el momento. La región, por tanto, pretende aproximarse a un tipo de modelo similar al de los países nórdicos. En Suecia, por ejemplo, predominan las denominadas Gruppboende, residencias conformadas por un conjunto de pequeños apartamentos en los que conviven grupos reducidos de internos, algo que facilita las relaciones sociales y que puede ser efectivo a la hora de atajar contactos ante una futura pandemia.

Una propuesta organizativa que también guía la política de nuevas infraestructuras sociales de la Comunitat Valenciana, que cuenta ya con un proyecto piloto: la futura residencia de Sant Mateu. El nuevo centro público está pensado para 66 residentes y 30 plazas de día, con unidades de 11 personas que disponen de comedor, salón o cocina propios. El concepto era anterior a la crisis sanitaria. Sin embargo, la pandemia no ha hecho otra cosa que reforzarlo. Y por este tipo de organización han apostado ya Cantabria y Navarra en su orden y decreto. Y Castilla y León se orienta en la misma dirección. En suelo cántabro, las unidades de convivencia podrán estar conformadas por hasta un máximo de 30 personas, frente a las 16 que se han fijado en la segunda comunidad, una dimensión que también se establece en el anteproyecto de Ley del Ejecutivo murciano de López Miras.

Menor peso de las ofertas económicas y mejores condiciones laborales

También se han producido algunos cambios en relación con las adjudicaciones de contratos de gestión residencial. El nuevo acuerdo marco madrileño, además de incrementar en veinte euros el precio diario por plaza, resta peso a la oferta económica en este tipo de licitaciones. Si en el de 2017 podía representar hasta 70 puntos, ahora esa cifra se rebaja hasta un máximo de 49 puntos, frente a los 51 de los criterios de calidad.

La Comunitat Valenciana ha introducido, del mismo modo, algunas novedades en el proceso. En concreto, frenos en la contratación pública a empresas que "operen" en paraísos fiscales, un área donde estos territorios juegan un papel relevante: DomusVi, Vitalia Home o Coliseé están controladas por fondos y sociedades radicadas en Jersey. Si la empresa quiere hacerse con la licitación, tiene que comprometerse a tributar en España las rentas derivadas del contrato y a no destinarlas a paraísos fiscales ni por sí misma ni por entidades vinculadas. Una iniciativa novedosa que, sin embargo, choca con algunas limitaciones legales españolas y europeas.

Las comunidades también se han propuesto mejorar las condiciones laborales de los profesionales. En Madrid, el acuerdo marco ha incrementado la ratio global de profesionales de atención directa. En Baleares, donde todavía no se ha impulsado ningún cambio profundo en el Gobierno residencial, la subieron tras la pandemia de 28 a 33 cuidadores por cada centenar de residencias. También el Gobierno de Aragón, que tampoco ha aprobado todavía ninguna modificación importante de cara a un nuevo modelo residencial, ha mostrado su intención de impulsar un cambio en este sentido, acompañado de un incremento de las retribuciones a los profesionales de los centros. Lo hizo tras aprobarse el dictamen derivado de la comisión parlamentaria puesta en marcha para repensar el esquema de cuidados en la región, un texto que entre sus recomendaciones incluía la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los geriátricos.

Subida de salarios que también se ha planteado en los geriátricos catalanes. "Ha habido un aumento de tarifas a condición de que ese aumento se refleje en las condiciones de los trabajadores de las residencias", explican a este diario desde la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. La comunidad también se ha parado a pensar en un futuro modelo asistencial. De hecho, encargó tras la primera ola a un grupo de expertos que revisasen esta cuestión. Las conclusiones fueron presentadas a finales del año pasado. Sin embargo, reconocen desde el departamento, no ha podido avanzarse mucho más. Por el momento, se ha trabajado más a nivel análisis que a nivel legislativo. Al fin y al cabo, la comunidad autónoma ha estado paralizada durante cinco meses, entre la convocatoria de elecciones y la conformación de un nuevo Gobierno.

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