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El Congreso rechaza con el voto en contra del PP retirar la amnistía y pide al Senado lealtad constitucional

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, acompañada por los miembros de la mesa, Alfonso Rodríguez de Celis e Isaura Leal, a su llegada a la reunión de la Mesa del Congreso, este martes.

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes el requerimiento del Senado para retirar la ley de amnistía, siguiendo el criterio de los letrados de que no hay cauce legal para ello y que plantear un conflicto de atribuciones sobre ello resultaría "improcedente", y de paso ha pedido "lealtad constitucional" a la Cámara Alta recordando que no puede usurpar funciones del Tribunal Constitucional, según informa Europa Press.

El Congreso rechazará por "improcedente" el conflicto iniciado por el Senado contra la ley de amnistía

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Con la mayoría absoluta del PP, el Senado había enviado un requerimiento al Congreso para que retirase la ley de amnistía y, aunque la Cámara baja tenía hasta mayo para responder, la Mesa ha decidido aprobar este mismo martes su respuesta de acuerdo con los argumentos de los servicios jurídicos. En su informe, los letrados del Congreso subrayan que la Cámara Baja ha ejercido sus atribuciones "en los términos constitucional y reglamentariamente establecidos", y que ahora es el turno del Senado, conforme a las competencias que le otorga la Constitución.

A su juicio, "bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, el Senado no puede intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso en el macro del procedimiento legislativo", y avisa de que el planteamiento del conflicto por parte de la Cámara Alta "supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso".

Apoyándose en sentencias del TC, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo "no son objeto idóneo" de un conflicto de atribuciones, y que si el Senado entiende que la usurpación de sus competencias se produjo cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la controvertida proposición de ley del PSOE, debió haber presentado entonces ese conflicto, pero ahora ya está "fuera de plazo" porque se han superado "sobradamente" los 30 días que establece la Constitución para recurrir.

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