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Extrema derecha

El congreso de Vox evidencia las lagunas en materia de democracia interna de la ultraderecha

Afiliados del sector crítico intentando acceder a la Asamblea General de Vox.

La extrema derecha concluye su rearme político tras su entrada en las instituciones. La III Asamblea General de Vox, el órgano supremo del partido, se cerró este fin de semana con la aprobación de unos nuevos estatutos, la renovación de la dirección y la reelección de Santiago Abascal como presidente de la formación para los próximos cuatro años. El cónclave, celebrado en Vistalegre, no estuvo exento de polémica. Primero, por la decisión del aparato de impedir la entrada al congreso al sector crítico. Segundo, por la ausencia de una votación específica para la designación del nuevo líder, único candidato. Y tercero, por la falta de transparencia alrededor de los sufragios emitidos en la toma de otras decisiones. Sombras que, a priori, podrían chocar con la obligación, establecida tanto en la Constitución como en la Ley de Partidos Políticos, de que tanto la estructura como el funcionamiento interno de las formaciones sean plenamente democráticos. Algo sobre lo que, sin embargo, no hay apenas pronunciamientos judiciales. El principal motivo de esto son las escasas denuncias –y el corto recorrido que tienen– que se interponen contra los partidos.

La Asamblea General de la ultraderecha, que se hizo coincidir con la celebración del 8M, fue un auténtico paseo triunfal. Santiago Abascal renovó su liderazgo hasta 2024. Y lo hizo sin oposición interna. El único que pretendía dar la batalla con una lista alternativa bajo el nombre Habla Vox, el canario Carmelo González, no consiguió reunir los avales necesarios –fijados en el 10% de los afiliados– para enfrentarse al presidente. Según anunció a finales de febrero el Comité Electoral, no superó ni siquiera las 200 firmas, frente a las 4.941 que eran necesarias. Sin embargo, desde la candidatura alternativa han denunciado en todo momento la existencia de un pucherazo. Por eso, González, que fue cesado como responsable de comunicación del partido en Las Palmas en cuanto anunció su intención de concurrir a las primarias, decidió solicitar al Comité Electoral del partido de extrema derecha “toda la información” sobre el proceso al considerar que se habían vulnerado “los principios establecidos” en la Constitución y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos “en cuanto a los derechos y respeto por la democracia interna”.

Vox ha defendido en todo momento la limpieza del proceso. Pero la lista alternativa está dispuesta a acudir ante la justicia. Un primer frente relacionado con el cónclave al que se le podría otro próximamente. El pasado sábado, la formación impidió la entrada a la Asamblea General al sector crítico. Desde el partido se escudaron en el aforo para aseverar que al cónclave sólo podían acceder los cargos públicos y orgánicos, una condición que a día de hoy no tiene González. En total, algo más de un millar de personas. Sin embargo, el canario puso de manifiesto que Vistalegre tenía capacidad para acoger a unos 15.000 asistentes. “Este partido, si quiere consolidarse como alternativa seria y formal de poder en este país, tiene que cambiar la forma de gestionar, porque se están instaurando tics autoritarios que están fuera de lugar”, explicó el líder de los críticos. Un sector, el que se aglutina bajo la marca Habla Vox, que ya está estudiando los estatutos para intentar impugnar un cónclave al que no se les permitió acceder ni siquiera en condición de afiliados.

Reelección sin votación

La falta de rivales permitió al partido, además, justificar la reelección de Abascal como presidente sin que se produjera ninguna votación al respecto. De hecho, el anuncio oficial de que el expolítico del PP continuaría otros cuatro años más al frente de los ultras llegó a través de una nota de prensa, en la que además se especificaba la composición de la nueva dirección nacional, en la que Javier Ortega Smith y Jorge Buxadé serán los números dos y tres, respectivamente. Los afiliados, sin embargo, sí que emitieron su voto en cuestiones como la renovación del Comité de Garantías, el Reglamento Interno de Procesos Electorales o el Reglamento Interno de Procesos de Comité de Garantías. Sin embargo, la formación sobre los porcentajes, sin revelar ni la participación ni el número de votos que se emitieron. Lo mismo sucedió en el caso de las cuentas de 2019, que fueron aprobadas con un 95,9%. La extrema derecha logró cerrar el ejercicio pasado con unos beneficios de 5,25 millones de euros. Un incremento que es fruto, principalmente, de las ayudas públicas recibidas: 9,93 millones de euros.

Tampoco se dio a conocer participación o sufragios en el caso de la modificación de estatutos. Sólo se sabe que recibieron el respaldo del 92,5%. Las nuevas normas internas refuerzan el poder central. Así, según informó Europa Press, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) estará facultado para emitir instrucciones “de obligado cumplimiento para todos los órganos” de la formación. Además, este órgano podrá disolver directamente los comités provinciales en caso de que considere que no se están ciñendo a las directrices enviadas desde Madrid. Abascal, por su parte, tendrá a partir de ahora la facultad de apartar a miembros del CEN sin necesidad de convocar a la Asamblea General, aunque los sustitutos que se nombren por esta vía no podrán superar en número a los originales. Además, se crean un par de órganos más en la estructura interna: el Comité de Gestión y el Comité de Acción Política. El primero se encargará de los asuntos económicos. El segundo, de la estrategia política y de marcar la línea oficial que seguirá Vox.

Las sombras democráticas puestas de manifiesto durante Vistalegre III podrían chocar, como se ha expuesto desde el sector crítico, tanto con la Constitución como con la Ley de Partidos Políticos. La primera, en su artículo 6, establece que la estructura interna y el funcionamiento de las formaciones “deberán ser democráticos”. La segunda, en su precepto 10.2 b), recoge que “la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente” cuando “vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8” de la norma. Es decir, deben establecer “fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus estatutos”, tener “una asamblea general del conjunto de sus miembros” o sus órganos directivos tienen que ser “provistos mediante sufragio libre y secreto”, entre otros. Aspectos, todos ellos, que se recogen en las normas de la formación de extrema derecha. Otra cosa, sin embargo, es que todos ellos se cumplan a rajatabla.

Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, explica en conversación telefónica con infoLibre que si bien las formaciones cuentan con “libertad de organización interna”, están limitadas por la Ley de Partidos Políticos. Sin embargo, explica el experto, esta norma, cuya aprobación se remonta a 2002, fue concebida con carácter “antiterrorista”. “El objetivo era impedir que los herederos de Herri Batasuna pudieran presentarse. Desactivar el elemento político y, con él, la financiación con dinero público del entramado de ETA”, señala. Es decir, en su opinión la ley no buscaba “vigilar el funcionamiento de los partidos” ni exigirles “un mejor funcionamiento democrático”. Dicho esto, Flores recuerda que al militante de un partido se le puede exigir una “lealtad mínima”. Ahora bien, el afiliado también tiene derecho a que la formación política a la que pertenece cumpla con los estatutos y las normas. “Si tiene derecho, conforme a los estatutos, a formar parte de la Asamblea General, no puede una decisión de la Ejecutiva, sin una justificación muy clara, impedirlo”, argumenta.

“Ninguna jurisprudencia”

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Para el profesor de Derecho Constitucional, por tanto, “la democracia interna tiene que ser la normativa”. En el caso de Vox, sus estatutos establecen como uno de los derechos de sus militantes el “participar en las actividades del partido, en los órganos de gobierno y representación, y en la Asamblea General”. De hecho, en su artículo 11, se establece que el órgano supremo de la formación estará constituido “por el conjunto de los afiliados, que actuarán personal y directamente”. En este sentido, Flores explica que habría que analizar si a los críticos se les prohibió asistir “por la vía de hecho” o si fue por una “decisión” perfectamente motivada del órgano pertinente y en base a la normativa interna. Además, dice, si se les impidió entrar alegando que sólo podían asistir cargos orgánicos y públicos de la formación, debería estudiarse si al cónclave asistieron personas que no entraban dentro de esos grupos. “Si había gente con su mismo estatus a la que sí se le dejó, se habría vulnerado su derecho a la igualdad. Pero eso lo tienen que demostrar”, asevera Flores.

El experto tampoco ve muy clara la designación de Abascal sin necesidad de votación. “La designación por aclamación impide, por ejemplo, la abstención. Por lo tanto, no es muy democrático y sería impugnable”, señala el constitucionalista, que recuerda que puede haber militantes que quieran mostrar su descontento con la figura del nuevo presidente no dándole su respaldo. Del mismo modo, y preguntado por la falta de transparencia en relación con la participación y el número de votos emitidos, Flores es tajante: “antes o después se demandará a Vox por vulneración del derecho a la información”. “Mientras no recibía dinero público, uno podría hasta pensarse si tenía o no la obligación de informar. Pero en el momento en el que lo recibe, está obligado. No es una asociación privada que pueda elegir qué información facilita y cuál no. El hecho de que no la den, teniendo interés público, es absolutamente ilegal. Lo tengo clarísimo”, asevera en conversación con este diario.

La Ley de Partidos Políticos ha tenido mucha influencia en materia antiterrorista. Sin embargo, dice el jurista, no ha generado “ninguna jurisprudencia” en relación con la democratización interna de las formaciones políticas. En primer lugar, explica, porque “hay muy pocas denuncias de los militantes contra los partidos políticos”. Y, en segundo lugar, porque las que hay terminan quedándose en “primeras instancias”. “Los tribunales no se atreven a entrar en el comportamiento de los partidos”, apostilla. Y eso es un obstáculo que dificulta la aplicación del precepto 10.2 b) de la citada norma. “El artículo dice que se tiene que vulnerar ‘de forma continuada, reiterada y grave’ la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos. Eso implica que exista una reiterada condena de determinados actos”, sostiene Flores. Y, para ello, sería necesario que existiera una “organización” cuyo “objeto” fuera “demandar a partidos políticos por esos comportamientos” y unos tribunales abiertos a controlar los excesos de las formaciones a nivel interno.

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