La consejería que dirigía el fichaje de Cs en Castilla y León adjudicó un macrocontrato por el que Bárcenas fue condenado

Silvia Clemente, durante casi dos décadas alto cargo del PP en Castilla y León y ahora el gran fichaje de Ciudadanos para las elecciones autonómicas de esa comunidad, dirigía la consejería que en 2003 adjudicó a una de las empresas de la constelación Gürtel un macrocontrato de 20 millones por el que tanto Luis Bárcenas como Francisco Correa acabaron condenados. Cuando un informe de la Policía sacó a la luz ese contrato, Clemente defendió su limpieza con uñas y dientes. La investigación judicial jamás le afectó.

La sentencia de la pieza principal de Gürtel considera probado que ese contrato, para la construcción de un centro de tramiento de residuos en Gomecello (Salamanca) y otorgado a una UTE formada por Sufi y Teconsa, reportó a la trama una mordida de casi 600.000 euros. Se la repartieron el extesorero del PP, el jefe de la red corrupta y el exsenador Luis Merino a razón de 120.000 euros por cabeza, con un plus de otros 500 para Francisco Correa.

En el reparto participó alguien más. Y ese alguien quedó señalado en los papeles internos de la red corrupta como "CL-S". Su identidad sigue siendo un misterio. Pero se sabe que, como mínimo, percibió 144.200 euros, que es lo que aparece anotado en uno de los folios de la ya célebre "carpeta azul" incautada al contable del grupo. No obstante, la Policía entiende que hubo más dinero para "CL-S".

Esas iniciales aparecían ya destacadas en un informe elaborado en mayo de 2010 por la unidad policial de lucha contra la delincuencia económica, la UDEF, y que la sentencia de Gürtel califica de "fundamental". Sus revelaciones, sustentadas en los documentos incautados al contable de la trama, no tuvieron ningún efecto penal en lo que a políticos y altos funcionarios de Castilla y León se refiere. 

Cuando en septiembre de 2010 trascendió la existencia de ese informe y la aparición de las iniciales "CL-S", Silvia Clemente defendió la adjudicación del centro de residuos de Gomecello a Sufi y Teconsa. El expediente es "inmaculado e impoluto", dijo la ahora precandidata de Ciudadanos a la Presidencia de Castilla y León y a quien Inés Arrimadas definió este lunes como una muestra del "talento" que sabe atraer a sus filas la formación naranja. Meses más tarde de que Clemente hiciera esas declaraciones, alguien filtró los "gastos de protocolo" que había efectuado con cargo al presupuesto autonómico. Pulseras, collares y jerseys figuraban en la lista. 

Mordidas repartidas entre quienes "influyeron"

Pese a la versión de Clemente sobre el contrato del centro de residuos, la sentencia de Gürtel declara probado que Correa, Bárcenas y Merino cobraron "por la mediación para que se adjudicara dicho proyecto"  a Sufi y Teconsa. Declara igualmente probado que "en el reparto que se hizo entre quienes influyeron para que así se adjudicara" correspondieron a los tres condenados las cantidades ya citadas en el párrafo anterior. [Puedes leer lo que la sentencia dice en referencia a ese contrato pinchando aquí y yendo a la página 224]. 

El centro de residuos fue a parar a Sufi y Teconsa por 22,5 millones IVA incluido. Por cuantía, se trata de la segunda mayor adjudicación que, según la resolución dictada por la Audiencia Nacional, proporcionó comisiones ilegales a la trama y sus aliados políticos, en este caso Bárcenas y Merino. Solo la supera otro contrato, del que también se benefició Sufi: el de limpieza del distrito madrileño de Moratalaz, una concesión a diez años por 48 millones en total.

Ese contrato, así como los otros dos de Castilla y León que incrementaron para distintos acusados las penas por delitos como cohecho (Correa y Merino, mientras que Bárcenas resultó absuelto de tal infracción en ese apartado), blanqueo de capitales y delito fiscal, encierra una de las grandes paradojas de la pieza troncal del caso Gürtel, la denominada Época 1. Porque en el banquillo no se sentó ninguno de los políticos ni altos funcionarios que habían participado en la adjudicación a las empresas que, siempre de acuerdo con la sentencia, pagaron grandes sumas a Correa y su grupo y a Bárcenas y Merino por mover sus influencias.

La competencia sobre los responsables políticos que los investigadores señalaban como potenciales involucrados en esas adjudicaciones correspondía al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) dado su rango de aforados. Silvia Clemente, que en el momento de la licitación de la planta de residuos de Gomecello –2001– y en el de la adjudicación –abril de 2003– era consejera de Medio Ambiente, nunca llegó a prestar declaración como imputada, aseguran fuentes conocedoras del caso.

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En mayo de  2010, el ya citado informe de la UDEF había recalcado el papel de Silvia Clemente como responsable máxima del departamento adjudicador. A lo largo de sus 76 páginas, la Policía destacaba además tres datos: que los documentos secretos de la red corrupta demostraban que a "CL-S" le había correspondido el 37,48% de la comisión; que el importe de las mordidas equivalía el 3% de la cuantía del contrato "una vez descontado el IVA"; y que la fecha de adjudicación era "inmediatamente anterior a la fecha de cobro de las comisiones indicadas". Publicada en el BOE del 12 de junio de 2003, la adjudicación lleva fecha de 11 de abril de 2003. Así consta en la resolución que el 20 de mayo de aquel año dictó el entonces director general de Calidad Ambiental, Jesús Romo, que era uno de los subordinados de Clemente.

Sobre CL-S, la UDEF sostenía en su informe lo siguiente: "No es posible establecer, en estos momentos, la identidad concreta, del destinatario de esta cantidad de dinero, si bien se trataría de la persona que percibe una cantidad de dinero mayor del reparto, por lo que su papel ha podido ser determinante en las labores de intermediación para que la adjudicación del expediente motivo de análisis en el presente informe se hubiese inclinado hacia empresas afines a los intereses de la organización de Francisco Correa".

Tras las elecciones autonómicas de 2003, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del PP, nombró a Silvia Clemente consejera de Turismo y Cultura. En 2007, de nuevo tras los comicios regionales, asumió el mando de la Consejería de Agricultura. Y en 2015 se convirtió en presidenta del Parlamento autonómico, las Cortes de Castilla y León. El 21 de febrero dimitió por sorpresa para incorporarse a la carrera por la jefatura del Ejecutivo regional en nombre de Ciudadanos.