El Consejo de Estado responsabiliza a Defensa del accidente del Yak-42

El Ministerio de Defensa, dirigido en 2003 por el popular Federico Trillo, tenía conocimiento de los riesgos para la seguridad que suponían viajes como el del Yak-42Yak-42, tal y como señala el informe sobre el caso emitido por el Consejo de Estado y al que ha tenido acceso El País. El accidente que acabó con la vida de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán es el incidente más grave sufrido por las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Este dictamen ya está en manos de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. 

Según el texto del Consejo de Estado, se reconoce la responsabilidad patrimonial de Estado en el accidente del Yak-42, aunque no tendrá consecuencias económicas para las familias de las 62 víctimas, al considerar que las indemnizaciones suponen ya una reparación adecuada. "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", asegura el documento que también explica que "dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

El informe determina que el accidente pudo haberse evitado si los responsables de Defensa hubieran cumplido con su deber de velar por las condiciones en que viajaban los soldados. Para llegar a esta conclusión, según recoge El País, el Consejo de Estado se basa en los hechos probados por los tribunales, aunque aporta un enfoque muy diferente.

El texto coincide con la Justicia en que la causa del accidente del Yak-42 fue el agotamiento y el estrés de los pilotos tras 22 horas de vuelo, además del hecho de que no hubieran recibido formación para afrontar este tipo de situaciones, lo que les llevó a desorientarse y estrellar el avión contra el monte Pilav (Turquía). Sin embargo, el Consejo de Estado también señala que los entonces responsables de Defensa tenían responsabilidad sobre las condiciones en que volaban los soldados. Pretender que el Estado podía desentenderse de su obligación de garantiza la seguridad de los militares y trasladarla a un tercero “no parece compatible” con la ley, concluye el informe.

Asimismo, también recuerda el informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) que advertía a Defensa un mes antes del accidente de los riesgos que se estaba corriendo: “Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”.

Las familias de las víctimas del Yak-42 entregan a Exteriores casi 137.000 firmas exigiendo la destitución de Trillo

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El dictamen del Consejo de Estado fue aprobado el pasado 20 de octubre por unanimidad en la Comisión Permanente del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno y que preside el exministro popular José Manuel Romay Beccaría en la primera legislatura de Aznar.

Este documento supone un varapalo para los responsables del Ministerio de Defensa de aquella época después del archivo decretado por el Tribunal Constitucional y de que la Audiencia Nacional archivara la causa al entender que los hechos no eran constitutivos de delito. La decisión del alto tribunal, así como el posterior indulto que el Gobierno de Rajoy concedió en abril de 2012 a tres militares condenados por falsear las identificaciones de 30 fallecidos, supusieron un duro golpe para las familias.