El corazón de la Policía y Anticorrupción, las dos plazas clave a las que Villarejo quiso aupar a aliados en busca de favores

Conseguir información y garantizarse el favor de quienes ostentan puestos clave. Esta era la obsesión del comisario José Manuel Villarejo, antes de ser detenido, por los negocios que regentaba al margen de la Policía y así lo hizo constar en conversaciones que él mismo grabó a lo largo de los años y que guardaba ordenadamente en su casa. Audios que tras su arresto en noviembre de 2017 fueron hallados, desencriptados y transcritos por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos que le investigan en el marco de la macrocausa Tándem que instruye la Audiencia Nacional.

Estas plazas para las que Villarejo quería contar con aliados son la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional y la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, y el comisario tenía muy claro a principios de 2017 a quiénes quería al frente de esos puestos. Para el primero, Villarejo maniobró directamente para lograr que consiguiera el puesto José Luis Olivera, con quien mantenía una buena relación y que había ejercido años antes como jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), mientras que para el segundo, su favorito era el fiscal Manuel Moix.

A Olivera, que estuvo al frente de la UDEF cuando estalló el caso Gürtel, ya se le había vinculado con Villarejo y su nombre ha sobrevolado la macrocausa en la que el comisario jubilado es el principal investigado por sus supuestas actividades delictivas, para las cuales utilizaba su condición de mando policial, presuntamente para obtener información privilegiada y recurriendo a la colaboración de otros policías. Ahora, el sumario de la pieza 7 de este caso, al que ha tenido acceso infoLibre, ha dejado al descubierto la relación entre Olivera y Villarejo y cómo este último, siempre según su versión, habló incluso con la entonces secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para venderle las virtudes de su amigo para la DAO.

Villarejo lo explicó así en una larga charla que mantuvo el 17 de enero de 2017 con sus socios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, además del abogado Javier Iglesias –relacionado con dirigentes del PP–, encuentro al que se incorporó más tarde el propio Olivera. Eran fechas en las que el segundo Gobierno de Mariano Rajoy estaba casi recién estrenado y había puestos clave que estaban por renovar o ya habían sido renovados.

En un momento dado, Villarejo comentaba que había hablado con Cospedal, quien a su vez había avalado a Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior, y le había instado a utilizar su influencia para colocar a Olivera como DAO. “Me dijo sí sí sí, pero que tampoco quería hacer de menos al director (de la Policía). Y le digo ‘Tía, si es muy importante para ti, para ti es muy importante, pa tu guerra que tienes… para ti, para el Asturiano y para todo el país, porque esto es un puto pedregal, que aquí hay cangrejos debajo de cada piedra”, relataba el comisario en esa conversación, refiriéndose a lo importante que era también para Rajoy nombrar a alguien de confianza para pilotar la Policía.

Haciendo favores al PP

Según Villarejo, él se lo dijo a Cospedal tan directamente porque “aparte de ser la persona más idónea” para el puesto, Olivera se había pasado “toda la puta vida haciendo favores mucho a esta gente”, es decir, al PP, porque “la Gürtel los podía haber mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste”Gürtel y “eso no se puede olvidar en la puta vida”. “Empezando por el jefe”, añade Javier Iglesias.

Estos interlocutores no fueron los únicos a los que Villarejo manifestó su interés en que Olivera fuese colocado al frente de la DAO. También comentó el asunto con los periodistas Eduardo Inda y Ana Rosa Quintana y el marido de ésta, Juan Muñoz –procesado en otra pieza del caso Tándem por supuestamente contratar al comisario–, a los que transmite su interés por que nombren al exjefe de la UDEF, quien sonaba entre los posibles candidatos.

La versión que les cuenta a ellos es prácticamente idéntica a la anterior: que insistió a Cospedal con que nombraran a Olivera y que ella le contestó que querían a una persona “ajena” para “no potenciar las peleas” internas que mantenía con la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Relación de negocios

Pero el sumario de la pieza 7 del caso Tándem revela un interés por parte de Villarejo más allá de la profesionalidad que le presupone a Olivera. Las conversaciones grabadas por el comisario jubilado ponen de manifiesto una relación estrecha, de amistad, además de un “concierto económico permanente” por el que, según las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, Olivera habría colaborado con Villarejo para los negocios privados de éste a cambio de una contraprestación que podría ser del 5%. Estando al frente de la misma DAO, del centro de la Policía Nacional y por donde pasa la información, habría mejorado ampliamente su negocio, sobre todo teniendo en cuanta que el comisario ya se había jubilado en esas fechas.

En las conversaciones grabadas por el comisario jubilado, éste se refiere a Olivera como Oli, tronco o tronqueteOlitronco tronquete al saludarle, e incluso llegó a alardear ante un posible cliente de sus empresas de detectives de esa “amistad” con el exjefe de la UDEF, insinuando que éste podría facilitarle información por su condición policial. De hecho, de esta buena relación se derivan dos llamadas telefónicas en las que Villarejo advirtió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal y al que conoce desde hace años, de dos investigaciones de corrupción que en aquel momento estaban secretas y que afectaban directamente al partido conservador: el caso Brugal en Alicante y la rama valenciana del caso Gürtel, tal y como consta en el sumario.

Esta relación y las evidencias obtenidas por los investigadores han llevado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a indagar en el patrimonio y las cuentas bancarias de Olivera, ahora cargo de confianza de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol, para desentrañar la posible relación contractual con la organización criminal presuntamente liderada por Villarejo. Para Anticorrupción, Olivera “habría amparado las actuaciones ilícitas del investigado José Manuel Villarejo, en unos casos facilitándole información de operaciones policiales secretas, y en otros, como en el caso de la operación Kitchen, “permitiendo su planificación y ejecución a pesar de conocer su carácter ilícito”.

"Toda la vida blanqueando"

Y no sólo actividades ilícitas de Villarejo. El empresario Adrián de la Joya comenta en las conversaciones grabadas que él lleva "toda la vida blanqueando" y que podría dar "una ponencia" al respecto, y Olivera, lejos de reprochárselo, se ríe junto con los demás, según se desprende del sumario.

Manuel Moix es el otro nombre que despierta el interés de Villarejo de cara a su nombramiento al frente de la Fiscalía Anticorrupción, también a principios de 2017. Fue en una conversación con De la Joya y Pedraza, y también incluida en el sumario de Kitchen, en la que el comisario deja sugiere que ve a Moix proclive a sus intereses en un momento en el que sus actividades ilícitas ya estaban siendo investigadas.

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“Como no salga Moix, me preocuparé”, llegó a decir Villarejo a principios de 2017. “Si Moix, si Moix es el fiscal Anticorrupción, que yo, ojalá lo sea, pero...”, añadió en otro momento de la conversación. Moix fue designado finalmente el 22 de febrero, aunque no estuvo mucho en el cargo: tras apenas 87 días, dimitió después de que infoLibre desvelara que era dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, compartida con sus hermanos.

Pese a la brevedad de su mandato, la etapa de Manuel Moix al frente de esta fiscalía especial no es muy bien recordada en Anticorrupción. En esos meses estalló la operación Lezo, en la que resultó detenido el expresidente madrileño Ignacio González por delitos de corrupción de todo tipo como organización criminal, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. En medio de todo el operativo, el entonces fiscal jefe dio la orden de frenar varios de los registros programados, en contra de los fiscales que llevaban la investigación.

La tensa situación generada terminó con los fiscales del caso invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público y planteando la cuestión a la Junta de Fiscales, en la que la práctica totalidad de los compañeros de Anticorrupción respaldó la realización de los registros.