El futuro de Cataluña

Cuarenta políticos y dirigentes catalanes tienen causas abiertas por el 'procés'

Carles Puigdemont junto a algunos de los consellers destituidos, este martes, en Bruselas.

El frente judicial contra el proyecto soberanista siguió su camino esta semana con las dos querellas por los delitos de "rebelión, sedición, malversación y otros conexos" presentadas por la Fiscalía General del Estado contra catorce miembros del Govern de la Generalitat y contra seis componentes de la Mesa del Parlament de Catalunya, a los que acusa de utilizar la fuerza "intimidatoria" y "violenta" de los independentistas para la secesión. Ambas querellas fueron admitidas a trámite durante este martes en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.

Así, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela investigará al president destituido Carles Puigdemont, al vicepresident cesado Oriol Junqueras y a los consellers depuestos Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Antoni Comín (Salud), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Dolors Bassa (Trabajo), Meritxell Borràs (Gobernación), Clara Ponsatí (Enseñanza), Joaquim Forn (Interior), Lluís Puig (Cultura), Carles Mundó (Justicia), Santiago Vila (Empresa) y Meritxell Serret (Agricultura). Les ha citado a declarar para los días 2 y 3 de noviembre. 

Por otro lado, la Sala II del Tribunal Supremo seguirá la instrucción contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa Lluís María Corominas (vicepresidente primero hasta el 25 de julio de 2017), Lluis Guinó (actual vicepresidente primero), Anna Simó (secretaria primera), Joan Josep Nuet (secretario tercero) y Ramona Barrufet (secretaria cuarta). Serán investigados ante el Tribunal Supremo ya que todos salvo Nuet mantienen el fuero al ser todavía miembros de la diputación permanente, que es el órgano que se encarga del gobierno de la Cámara tras su disolución este viernes. No obstante, los jueces han decidido que Nuet, parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, sea investigado en el Supremo para no desgajar la causa. La Fiscalía cree que todos ellos secundaron la declaración de independencia al darle "una falsa apariencia de legalidad" al proceso. También están citados a declarar este jueves y viernes.

Parte de estos dirigentes ya estaban siendo investigados en Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tiene abiertas dos causas por la organización del referéndum del 1-O y el proceso independentista: una, contra Puigdemont y su Govern, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación; y la otra, por desobediencia y prevaricación, contra Forcadell y los miembros de la Mesa de esa Cámara que permitieron que se votara una resolución que pedía celebrar el referéndum a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional.

En el TSJC, la instrucción contra el president y los miembros del Govern corre a cargo de la magistrada Mercedes Armas, que investiga a la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y al exsecretario general de su Departamento Francesc Esteve por licitar la compra de urnas para el referéndum. La causa se inició en mayo, tras una denuncia de la Fiscalía, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación. Por otro lado, la instrucción de los hechos en los que son investigados la presidenta del Parlament y cuatro miembros de la Mesa corre a cargo de la magistrada Eugènia Alegret.

En las dos querellas presentadas este lunes el fiscal general, José Manuel Maza, pide que estas causas se acumulen a las que se seguirán en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

Altos cargos 

La organización de la consulta también está siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que indaga desde hace meses la creación de "estructuras de Estado" y la organización de esa consulta por parte de la Generalitat. En el marco de esta investigación, los agentes de la Guardia Civil detuvieron el pasado 20 de septiembre a varias personas, incluidos altos cargos del Govern, que llevaban meses trabajando en la logística de la votación. Este juez investiga, entre otros hechos, si la Generalitat ha gastado 6,2 millones de euros en organizar la consulta. Esta causa parte de una denuncia que el exdirector general de la ONCE y abogado Miguel Durán interpuso contra el juez y exsenador de ERC Santiago Vidal. Vox se sumó después a la acusación.

Según informó elnacional.cat, los imputados en este causa son el número dos de Oriol Junqueras en Vicepresidencia y en la conselleria de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; la directora de servicios de este departamento, Natàlia Garriga; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; el director de Patrimonio, Francesc Sutrias, y David Palanques, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) adscrito al Departamento de Presidencia.

También están siendo investigados David Franco, del área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adscrito al Departamento de Trabajo; Josué Sallent, director de estrategia e innovación del CTTI; Xavier Puig, jefe del Área TIC del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia; Joan Manel Gómez, del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya; Joan Ignasi Sànchez, asesor del Departamento de Gobernación; Josep Masoliver, de la Fundación puntCAT; Mercè Martínez, responsable de proyectos territoriales de Vicepresidencia; y Rosa María Rodríguez Curto, directora general de servicio de T-Systems.

Precisamente por, supuestamente, dirigir y alentar movilizaciones para impedir esa operación judicial están encarcelados de forma provisional por un delito de sedición los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. También están siendo investigados por estos mismos hechos en la Audiencia Nacional el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y la intendente Teresa Laplana, responsable de los Mossos en el distrito barcelonés del Eixample, si bien ambos están en libertad.

Asimismo, el TSJ de Cataluña investiga a los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por un delito de desobediencia por promover entre los alcaldes el referéndum anulado por el Tribunal Constitucional (TC). Esta investigación guarda relación con la instrucción del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de citar como investigados a los 712 alcaldes que firmaron decretos para ceder locales para la celebración de la consulta, con la advertencia de que si no comparecían serían detenidos.

Cárcel e inhabilitaciones 

Todos los delitos por los que están siendo investigados los dirigentes citados, salvo el de desobediencia, pueden conllevar penas de cárcel: rebelión (hasta treinta años), sedición (hasta 15 años), malversación (hasta ocho años), prevaricación (hasta cuatro años) y revelación de secretos (hasta siete años). En el caso de los políticos todos estos tipos penales –también la desobediencia– pueden implicar además la inhabilitación especial para empleo o cargo público

De hecho, la consulta del 9 de noviembre de 2014, en la que votaron 2,3 millones de catalanes, también tuvo una respuesta penal en los tribunales. Fueron condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia el expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega; la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau; el exportavoz del Gobierno Francesc Homs y otros cinco altos cargos del Gobierno catalán.

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