Deportaciones exprés y 'cárceles' de acogida: ONG claman contra los efectos del pacto migratorio en España

Un "acuerdo histórico". Así defendió la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el acuerdo final  alcanzado este miércoles que dará vida al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, una reforma de la gestión migratoria en la Unión Europea que ha llegado bajo la batuta de España, que ocupa la presidencia del Consejo de la UE hasta el 31 de diciembre. El paquete completo ha sido negociado durante cuatro años y cambiará de forma significativa la manera en la que el bloque comunitario acoge a los migrantes, gestiona la expulsión de los solicitantes de asilo rechazados y los traslada a diferentes países.

Quienes lo han defendido en estos años desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lo presentó en septiembre de 2020 aseguran que servirá para hacer frente a la inmigración irregular, para ordenarla, y siempre respetando dos principios, el de la solidaridad (entre Estados miembro) y el de la responsabilidad (endurecimiento del control fronterizo para seguir poniendo ladrillos en la fortaleza europea). Sin embargo, la izquierda europea y las organizaciones en defensa de los derechos humanos lo rechazan y alegan que se trata de un pacto que socava el derecho al asilo.

Asociaciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) coinciden en lo mismo: lo aprobado por Bruselas supone supone imponer aún más obstáculos a los migrantes, restringe el derecho al asilo y les "deshumaniza" con políticas como el mecanismo de solidaridad, ya que el Gobierno que no quiera echar una mano acogiendo su cuota de solicitantes de asilo podrá mostrar su "solidaridad" pagando 20.000 euros por cada persona no acogida lo que, denuncian las organizaciones, convierte a los migrantes en una mera "transacción económica" entre Estados.

"Lo que hace es endurecer de una forma muy clara y muy institucionalizada las condiciones de quienes llegan a Europa", explica Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF) en conversación con infoLibre. "Es un grave retroceso para las personas migrantes y refugiadas", coincide Virginia Álvarez, investigadora sobre migración en Amnistía Internacional. "Es un acuerdo que se centra de forma casi unilateral en los intereses de los Estados Miembros y no en las cuestiones de protección a los migrantes", acompaña Nuria Díaz, portavoz de CEAR.

Deportaciones rápidas a países 'seguros' que no respetan los derechos humanos

A pesar de que tanto la Comisión Europea como la mayor parte de los gobiernos nacionales aseguran que falta mano de obra en el continente, la política migratoria no abre más vías legales mientras promete más deportaciones. Esa promesa se hace regularmente desde hace décadas sin que en la práctica aumenten porque los países de origen no aceptan en muchas ocasiones a sus nacionales, porque no se les puede deportar a países en conflicto o porque ni siquiera se sabe con seguridad su origen.

Con este pacto se permitirán procedimientos de estudio de las solicitudes de los solicitantes de asilo mucho más rápidos. Estarán en un limbo jurídico que ahora se legaliza salvo que el Tribunal de Justicia de la UE diga lo contrario: los migrantes habrán pisado físicamente territorio europeo, pero no tendrán ningún derecho más que el de esperar encerrados a que se procese su solicitud de asilo. Además, el pacto permite devolver a los solicitantes de asilo a 'terceros países seguros', a pesar del riesgo de violaciones de derechos humanos.

"Esto, en la práctica, implica externalizar las fronteras en países no seguros, aunque se diga que formalmente sí lo son", apunta González. "Se la da dinero a Libia, a Túnez o a Turquía para que actúen de muro de contención", resume. Esto, advierte, va en la línea de algunas decisiones de la Comisión Europea para que estos países también impidan que desde sus costas salgan migrantes hacia Europa. Álvarez también lamenta que se amplíe este concepto de "tercer país seguro" ya que las organizaciones llevan denunciando años que países como Marruecos, Libia o Argelia "violan sistemáticamente los derechos humanos".

La portavoz de CEAR, señala que este proceso agilizado, además, puede ser una "vía de escape" para que las mafias que trafican con seres humanos "se enriquezcan todavía más" porque sostiene que los flujos no van a parar "ni se van a atajar fácilmente". "Al final, aquellos desesperados por salir pondrán en peligro más sus vidas y este pacto adolece de lo que es fundamental, que es la apuesta por vías legales y seguras para que las personas no tengan que hacerlo". Coincide la coordinadora de Médicos Sin fronteras: "La UE vende el pacto como una solución a la crisis migratoria, pero no lo es porque no va a detener los flujos migratorios, no va a poner fin a las devoluciones en fronteras ni a la detención de personas en condiciones durísimas... lo que va a hacer es erosionar todavía más las condiciones de acogida seguras y dignas", lamenta.

Solidaridad a la carta que perjudicará a los países del sur (entre ellos España)

El flanco sur de Europa, Italia, España, Malta y Grecia, son los países en los que se producen más ingresos irregulares. En muchas ocasiones, esa elevada presión hace que los Estados necesiten de la colaboración de otros Estados. Según se ha acordado en el pacto, estos países de entrada seguirán siendo responsables de las solicitudes de asilo pero habrá cuotas de reparto de esos solicitantes de asilo. El Gobierno que no quiera echar una mano acogiendo su cuota de solicitantes de asilo podrá mostrar su "solidaridad" pagando 20.000 euros por cada persona no acogida o ayudando de otra forma, por ejemplo con funcionarios que gestionen el procesamiento de solicitudes de asilo.

"El objetivo de este modelo de solidaridad a la carta es trasladar al menos a 30.000 migrantes al año, pero los países pueden decidir no acoger a ninguno a cambio de pagar una 'multa' de 20.000 euros. Se convierte a los migrantes en un muero intercambio económico", resume la coordinadora de MSF. La experta en migración de Amnistía Internacional asegura que este sistema de solidaridad queda "muy debilitado" y favorecerá a aquellos países que cuentan con más recursos económicos, mientras que los perdedores serán los países del sur.

"El mensaje que se traslada a la sociedad es muy negativo y perjudica, esencialmente, a los países frontera como España, Italia o Grecia", lamenta Álvarez. A su juicio, se va a deteriorar "todavía más" la situación de los migrantes que estén en estos países porque puede suponen "un incremento de racismo y xenofobia". Para Díaz el mensaje que lanza la UE con esta solidaridad a la carta no es precisamente "esperanzador" y lamenta que se ha perdido "una buena oportunidad" para aprender de las lecciones de 2015 tras la crisis de refugiados en Siria. Y añade: "La Presidencia española podría haber impulsado un pacto más garantista".

Sobre la posición del Ejecutivo español y de la UE, la responsable de Médicos Sin Fronteras admite que les hubiera gustado que tanto Von der Leyen como Pedro Sánchez explicaran por qué este pacto es 'más humano'. "Pueden decir que comentar que han llegado a un acuerdo y que se busca mejorar la la seguridad en Europa, que va a reforzar los controles,.... Pero decir que este pacto es un pacto más humano es hipócrita. Nos gustaría que nos explicarán dónde está esa humanidad", zanja.

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El pacto también conlleva que estos países del sur, que son los que más inmigración reciben, puedan hacer un filtro en el punto de llegada y pueden enviar a los migrantes a una suerte de 'cárceles' de acogida, según lamentan las organizaciones, durante semanas hasta decidir si son refugiados o no. En la práctica lo que se pone por escrito ahora es lo que funciona desde que se implantó en 2016 en las islas griegas y que funciona en Canarias o Lampedusa. En esos lugares podrán encerrar durante semanas a quienes, por su nacionalidad, tengan menos probabilidades de ser aceptados como refugiados.

"Se abre la puerta a la detención prolongada de personas que llegan a países miembros", asegura Virginia Álvarez, que pone un ejemplo concreto: Canarias. La ola migratoria que se ha vivido en las islas en los últimos meses llevó a que el Ejecutivo reubicara a estos migrantes en otros enclaves del Estado. Para Álvarez, estas detenciones supone una "privación de libertad" en la que no habrá garantías para los migrantes.

La representante de Amnistía Internacional cree que España puede convertirse en la nueva Grecia con este acuerdo ya que se alarga el plazo para contestar a una solicitud de asilo un año y medio. "¿Qué hacen con la gente durante este año y medio? Los tienen en centros de detención, como los que hemos visto en las islas griegas, que son prácticamente cárceles a cielo abierto. Aquellos con los que hemos hablado tras salir nos contaban las pésimas condiciones de vida que tenían, que solo tenían un médico para 4.000 o 5.000 personas, colas infinitas para conseguir comida o baño. Esto puede ser una realidad en España!", afirma.