Los sindicatos plantearán la demanda de Podemos sobre las cotizaciones en la mesa de diálogo social con Díaz

El Congreso tumbó la reforma del subsidio por desempleo impulsada por el ministerio de Trabajo, pero Yolanda Díaz no desiste. La vicepresidenta segunda del Gobierno anunció este jueves que iniciará "con carácter inmediato" una ronda de reuniones con los agentes sociales para negociar esta reforma y volver a presentarla, aunque desde su equipo evitan concretar si elaborará un nuevo real decreto ley o si, por el contrario, se tramitará como proyecto de ley, que permite la presentación de enmiendas —tal y como reclamaron algunos de los socios parlamentarios de la coalición como el BNG— en el Congreso.

"Esta reforma va a estar consensuada", aseguró Díaz en declaraciones desde Namur (Bélgica), donde se desplazó para asistir a una reunión informal con sus homólogos europeos. "Es la única que no pudimos someter al diálogo social, solo pudimos consultarles por una razón de responsabilidad porque teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos faltaba en el Ministerio de Trabajo para recibir el desembolso de 10.000 millones de euros y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre", prosiguió.

Pese a que la reforma estaba comprometida con la Comisión Europea, fuentes del equipo de Díaz explican a infoLibre que la única penalización a la que se enfrentan es que los últimos 10.000 millones del Plan de Recuperación "tardarán más en llegar". De hecho, consideran que si hay una parte positiva de lo ocurrido es que ahora cuentan con más tiempo para sacarla adelante y podrán debatir con las organizaciones sindicales "con tranquilidad". No prevén llevar esta reforma ya al Consejo de Ministros, sino que convocarán al diálogo social a partir de este viernes, después de Trabajo anuncie la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Este anuncio ha sido celebrado en las sedes de UGT y Comisiones Obreras, los dos sindicatos mayoritarios, que en su día lamentaron la ausencia de diálogo y reclamaron la introducción de mejoras en el decreto ley. Con todo, ambas organizaciones consideraban que la reforma incluía aspectos positivos y que Podemos debería haberla convalidado —sus 5 votos fueron decisivos para tumbarla— para introducir cambios a posteriori. Los morados lo rechazaron al entender que suponía un recorte en las pensiones de los mayores de 52 años al rebajar del 125% al 100% la base mínima de cotización fijada legalmente cada año.

Desde el equipo de la vicepresidenta segunda siempre han negado ese recorte y encuadran la negativa de Podemos en su estrategia para desestabilizar a Díaz y marcar perfil propio. Es más, explican que los morados les "dejaron plantados" el miércoles, antes de que venciera el plazo para las votaciones, cuando les enviaron una oferta con el compromiso de aceptar la enmienda que solicitaban y trabajarla conjuntamente después en la tramitación del decreto como proposición. Podemos confirma la oferta pero considera que Trabajo no les garantizaba que su reclamación se fuera a tener en cuenta. El decreto incluía una rebaja progresiva de la cotización para la jubilación del subsidio para mayores de 52 años, que pasaba del 125% de la base mínima, establecida por el SMI, al 100% en 2028, "inasumible" para los morados.

UGT y Comisiones Obreras plantearán que las bases de cotización no disminuyan

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, asegura a este periódico que plantearán la necesidad de reformular la disminución de la base de cotización del subsidio de mayores de 52 años para que "no se penalicen" las prestaciones de jubilación futuras de los casi 450.000 personas que, según expone, se ven obligadas anualmente a completar sus carreras de cotización. "La forma de pactarlo entre Economía y Trabajo penaliza a los futuros pensionistas", afirma Bravo, que añade que "incluso tiene algún efecto perverso para los actuales".

Bravo, que asegura que el Gobierno lo puede justificar por la subida del SMI, considera que el sistema está "mal diseñado y pensado". "Si se quiere tener ese debate, hay distintas formas de plantearlo sin penalizar a nadie, ni actual ni futuro, y sin que eso suponga un desincentivo a la aceptación del empleo", subraya. Asimismo, cree que Trabajo no puede excluir a los mayores de 52 años de la mejora de la prestación los doce primeros meses. "Es una especie de señalamiento a ese grupo de edad, se asume que si cobran 480 euros y le cotizan por el 125 en la base mínima, ya no van a trabajar nunca", lamenta. "Hay que darle una vuelta entera a ese asunto y ver una manera de resolverlo sin perjudicar derechos de nadie".

Coincide con él Fernando Luján, vicesecretario general política sindical de UGT y uno de los negociadores clave del sindicato en materias como el SMI. "En su momento ya dijimos que nos incomodaba la eliminación del 125% del salario de la base mínima de cotización para los mayores de 52 años", explica. "Tenemos que ver de qué manera se puede garantizar una pensión digna para estas personas. Una de ellas, obviamente, es a través del reingreso en el mercado de trabajo con buenas condiciones y el mantenimiento también de unas bases de cotización que les permita acceder a una pensión de jubilación también suficiente", señala.

Luján considera que lo prioritario es "primar" el reingreso de estas personas que están en el paro a la actividad laboral, pero considera que también hay que abordar esta rebaja de las bases de cotización. "Entendemos que la manera de solventarlo no es a través de una eliminación paulatina de esta sobrecotización, sino habrá que plantear políticas más imaginativas", afirma.

Mejorar las cuantías, extinguir el IPREM y eliminar la parcialidad, otras demandas sindicales

El decreto del Gobierno, entre otras cuestiones, elevaba la cuantía de la prestación para algunos de los beneficiarios —de 480 euros a 570— o simultaneaba su cobro con el desarrollo de una actividad laboral remunerada durante un plazo de 180 días. Los sindicatos ponen en valor estas medidas, al igual que la inclusión del acceso a los desempleados jóvenes y menores de 45 años sin cargas familiares que agotaban la prestación contributiva o el acceso a los trabajadores eventuales agrarios. "La caída de este decreto ley deja de beneficiar o, mejor dicho, perjudica a más de un millón de personas", sostiene Bravo. Sin embargo, el sindicalista de CCOO también reseña que "dejaba fuera" a medio millón.

Por ese motivo, el sindicato dirigido por Unai Sordo plantea que se debe establecer una garantía de suficiencia en los subsidios de desempleo generados por personas con contrato a tiempo parcial. "Tenemos un problema de género, que se lo hemos dicho por activa y por pasiva al ministerio, y es el problema de los subsidios que se cobran parciales", señala Bravo. Concretamente el 12,5% de las personas que perciben subsidios por desempleo, en su inmensa mayoría mujeres, están a tiempo parcial. "Todos los demás subsidios, si tú procedes de un trabajo a tiempo parcial, te los pagan en proporción a la jornada que tuvieras. En este caso no". Una reivindicación que también trasladan desde UGT.

Podemos vota con PP y Vox para tumbar un decreto de Yolanda Díaz

Ver más

Además, ambos ponen el foco en que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) ya no funciona como indicador. Abogan por sustituirlo por otro de pobreza como el dato a partir del cual se establecen subsidios como el de desempleo, el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas. "Nos parece que no tiene ningún sentido y que 20 años después de su alumbramiento ya no tiene ninguna de las hipotéticas ventajas que pudo tener entonces. Ahora es totalmente arbitrario", señala Luján. El IPREM se sitúa en 8.400 euros anuales, mientras que el umbral de riesgo de pobreza está en 10.088 euros, un 20% más.

Los dos sindicatos mayoritarios creen, por tanto, que se deberían mejorar las cuantías del subsidio por desempleo, aunque reconocen que será complicado, no tanto por la posición de la patronal sino por el propio Gobierno, que también deberá hacer sus "equilibrios". "Hay equilibrios presupuestario, también en cuanto al déficit público y con respecto a la Unión Europea", señalan desde el sindicato de Pepe Álvarez y añaden que no creen que la CEOE muestre tantas reticencias como en el SMI. "No hemos tenido grandes diferencias en las cuestiones asistenciales", afirman, "hay cierta sensibilidad social con esto".

Ambos sindicatos se comprometen a exprimir al máximo la negociación y creen que su sello será decisivo de cara a la negociación parlamentaria. "Todas las reformas que hemos pactado desde el 1995 hasta ahora, y han sido siete acuerdos, se mantienen en el tiempo. Ahora queremos hacer lo mismo", plantea Bravo, aunque también señala que no irán con posiciones "maximalistas". "Si yo pido un 10 y tengo un 7, pues yo creo que la postura más inteligente es el 7 y luego continuar hasta el 10 antes de darle una patada a la mesa", zanja Luján.