Los votantes progresistas apoyan ampliamente las nuevas medidas de Sánchez contra la inflación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate sobre el estado de la nación.

España se enfrenta a un escenario de inflación “más alta durante más tiempo”, en palabras de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este escenario cambiante, el alza de los precios se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles. Actualmente, el 73% de la ciudadanía otorga mucha importancia a esta problemática, por encima de otros asuntos estructurales como el paro (49%) o las desigualdades sociales (46%), según el barómetro de junio de 40dB/El País.

Para atajar el problema de la inflación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó el debate del Estado de la Nación para presentar un segundo paquete de medidas anticrisis y aprobarlo en el Congreso con el apoyo de los socios del Gobierno y la abstención del principal partido de la oposición.

Algunas de las principales medidas aprobadas gozan de cierta popularidad. El impuesto extraordinario a las empresas del sector energético y entidades financieras, la bonificación del transporte público de cercanías y rodalíes o el cheque de 100 euros mensuales para estudiantes con beca son valorados positivamente por casi 2 de cada 3 ciudadanos, según una encuesta de Sigma Dos/El Mundo realizada a lo largo de la semana pasada.

Pero los ciudadanos son escépticos a la hora de valorar si estas medidas pueden contribuir a mejorar la situación económica. Según otra encuesta de GAD3/NIUS publicada esta misma semana, más de la mitad de los encuestados (53%) opina que la gratuidad del transporte público de competencia estatal ayudará mucho o bastante en mejorar la economía española, mientras que los impuestos extraordinarios a las grandes corporaciones no supera el 45% y los cheques a estudiantes caen por debajo del 35%.

Aunque la percepción de dichas medidas en la mejora de la situación económica dista mucho en función del partido al que uno recuerda haber votado en las pasadas elecciones generales. Los votantes que apoyan a las formaciones políticas que conforman el Gobierno son más optimistas. Casi dos tercios (66%) consideran que estas medidas sí ayudarán a relativizar la situación económica actual, mientras que entre los votantes de derechas (PP, Vox y Cs) esta cifra cae por debajo del 25%. En cambio, los socios nacionalistas que apoyan asiduamente al Gobierno se encuentran entre dos aguas: la mitad (53%) es optimista, la otra mitad, no tanto.

De todos modos, hay cierta variabilidad entre las percepciones que producen cada una de las medidas en el futuro económico de España. La bonificación del transporte es la más popular de todas. El 72% de los votantes del PSOE, el 70% de UP y el 63% de los nacionalistas creen que estas medidas servirán para rebajar las malas expectativas económicas que auguran los distintos organismos nacionales e internacionales, pero también uno de cada tres votantes del PP y uno de cada cuatro de Vox.

Los votantes, en cambio, están polarizados en torno a la utilidad de los anunciados impuestos extraordinarios a las grandes empresas de energía y entidades financieras, que entrarán en vigor a partir de enero de 2023. Para la mayoría de la izquierda (~70%) esta medida es positiva y será útil en el cumplimiento de su función –atajar la inflación— mientras que en la derecha los que opinan lo mismo cae por debajo del 20%.

La medida que más dudas genera es el cheque de 100 euros para estudiantes mayores de 16 años con una beca concedida con anterioridad. Los propios partidos que configuran o apoyan al actual Gobierno son escépticos, solo la mitad cree que cumplirá su función y las cifras caen con fuerza (15%) entre los votantes de los partidos de la oposición.

De todas formas, como hemos comentado anteriormente, los escenarios económicos actuales son cambiantes, y lo hacen a mucha velocidad. A finales de junio, cuando el Gobierno ya había aprobado su primer paquete anticrisis que incluía una bonificación de 20 céntimos por litro a los carburantes o la excepción Ibérica para topar el precio del gas en el mercado eléctrico, entre otras medidas, solo 1 de cada 4 ciudadanos lo valoraban como positivas y algo más de 1 de cada 3 consideraban negativas, según la encuesta de junio de 40dB. Es decir, las medidas aprobadas ahora gozan de mayor popularidad entre los ciudadanos que aquellas aprobadas en el primer paquete anticrisis.

Aunque la valoración de estas medidas en función de cómo están afrontando los ciudadanos la pérdida del poder adquisitivo debido a la crisis inflacionaria que vive España es desigual y se denota menos entusiasmo entre aquellos que han sufrido un mayor impacto económico con el encarecimiento de los precios.

Por ejemplo, el 44 y 42% de los ciudadanos que se han endeudado o han tenido que echar mano de los ahorros para seguir adelante consideraban negativas las medidas anticrisis aprobadas entonces. Entre los que han ahorrado dinero en este tiempo de crisis, en cambio, esa misma percepción de las medidas es 8 puntos interior.

Esto significa que las consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo ahora, agravada con la invasión de Rusia a Ucrania, no se reparte de forma equitativa. Las mujeres, los parados, las personas con baja cualificación y de mediana edad son los que más están sufriendo las consecuencias de la carestía de la vida y, por tanto, tienden a criticar más la actuación del Gobierno y sus iniciativas para paliar esta situación. Es algo que no debería sorprender a priori, aunque sí si se tiene en cuenta que estos perfiles demográficos tienden a apoyar más a los partidos que configuran el actual Gobierno.

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