Privilegios

La dirección del PSOE duda si apoya o no el aforamiento exprés del rey Juan Carlos

Felipe VI y Juan Carlos el pasado 19 de junio.

Juanma Romero / Yolanda González

En un mes, el rey Juan Carlos gozará de un blindaje total. Eso es seguro, según los cálculos del Gobierno. Lo que no es seguro es si el PSOE acompañará al PP en este viaje, porque aún no tiene una posición adoptada. La madurará este fin de semana Alfredo Pérez Rubalcaba con la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez. Y no será una decisión fácil, habida cuenta del malestar interno que desató en el partido el respaldo sin fisuras de la dirección a la Ley de Abdicación y el hecho de que el secretario general hubiera acordado con el monarca y Mariano Rajoy la puesta en marcha de su renuncia. 

El Grupo Popular registró ayer viernes, un día después de la proclamación de Felipe VI como rey, dos enmiendas a un proyecto de ley que estaba en trámite en la Cámara baja, con la firma de Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. Así actuaba rápido, muy rápido. El jueves 19 de junio, a medianoche, en cuanto el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley de Abdicación, Juan Carlos perdía la inviolabilidad con la que ha estado protegido durante todo su reinado. Perdía todo escudo legal, una situación que preocupaba enormemente al Ejecutivo, que a su vez había recibido la presión, entre otros, del fiscal general del Estado –nombrado por el Gobierno– y del Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría controla el PP. La misma Zarzuela había apremiado a Mariano Rajoy a hacer algo: es "razonable" que se resguardase a Juan Carlos, dijo un portavoz de la Corona a los pocos días de que anunciase su abdicación. 

Con las enmiendas presentadas, se consiguen dos cosas. Primero, que sólo las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo puedan conocer las causas dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina –en este caso, Letizia–, los príncipes de Asturias –ahora, la princesa Leonor y su futuro cónyuge–, así como contra el rey o reina que hubiera abdicado y su consorte (Juan Carlos y Sofía). Dos, que los tribunales que estuvieran tramitando alguna causa contra los nuevos aforados reales cuando la ley entre en vigor, las perderán y deberán remitirlas al TS. El Grupo Popular justificaba esta modificación porque no está previsto en la normativa vigente qué regimen ha de aplicarse al exjefe del Estado y a su cónyuge y por la "dignidad de la figura de quienes han sido reyes de España", que debe ir en línea con el tratamiento dispensado "a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado". 

Salvaguarda sin precedentes

En realidad, el fuero que le proporciona el Gobierno a Juan Carlos (y también a las reinas Sofía y Letizia y a Leonor) no es equiparable a ningún otro cargo público. No tiene precedentes. Es único, porque ningún representante goza de protección una vez deja su puesto y porque los altos cargos son sólo juzgados por el Supremo en todas las causas penales, pero no en todas las civiles. El aforamiento sólo les sirve en los procedimientos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Dicho de otro modo, quedan fuera de cobijo las cuestiones que afecten a su vida privada. En cambio, el Ejecutivo prevé una salvaguarda completa, en el orden penal y civil, para los exreyes, la reina y la princesa de Asturias. Dos juzgados ordinarios de Madrid habían recibido sendas demandas de paternidad del monarca, que se rechazaron por su condición de inviolable. Ahora, perdido ese privilegio, podrían reactivarse. 

El Gobierno había introducido ese cordón judicial en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando Rajoy ya conocía las intenciones de Juan Carlos. Pero culminar la tramitación de esa norma le habría llevado un año, y consideraba que no podía esperar tanto. Así que la fórmula más ágil era colar dos enmiendas en la primera ley orgánica a mano, que nada tiene que ver con la protección jurídica de la familia real. Es la ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Es un proyecto de cuatro páginas, que se refiere a la jubilación de jueces o a la mejora del régimen de permisos por asuntos propios. Bajo ese paraguas mete en la norma básica del Poder Judicial un nuevo artículo, el 55 bis –para procurar el blindaje a Juan Carlos, Sofía, Letizia y Leonor–, y una disposición transitoria única –para suspender todos los procedimientos en trámite y remitirlos al Supremo–. Además, al incorporar las enmiendas a un texto en tramitación, los conservadores se evitan tener que pasar por los órganos consultivos del Estado. En suma, Rajoy se ahorra tiempo y debate público

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, informó a todos los grupos de la presentación de las dos enmiendas. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, simplemente le contestó que la estudiaría y luego decidiría. Ayer, tanto desde la dirección del grupo en la Cámara baja como en Ferraz se guardaba estricto silencio. Nadie quería anticipar nada, ni siquiera apuntar qué alternativa era la más probable. "No queremos especular. Vamos a mirarla con tranquilidad y veremos. Es un tema delicado", reconocían fuentes socialistas a este diario. La decisión está en manos de Rubalcaba y Rodríguez, que durante el fin de semana calibrarán qué es mejor. "Alfredo lo consultará, como siempre hace", insistían sus colaboradores más cercanos. El lunes estaba prevista la convocatoria de la Comisión Permanente, el equipo de colaboradores más cercano al secretario general. 

No hay mucho margen de maniobra, porque el PP quiere que ese mismo lunes, 23 de junio, se convoque la ponencia y el martes 24, a las nueve de la mañana, la Comisión de Justicia del Congreso, para que se debata y visen las enmiendas al texto legal, de ahí este pase al pleno, luego al Senado y, si aquí se introducen más cambios, irá de vuelta al Congreso para su aprobación definitiva. 

Lo que recomendó la Conferencia Política

El miércoles, El País informó de que Gobierno y PSOE estaban comenzando a negociar el encaje del aforamiento del rey Juan Carlos. Rodríguez lo desmintió radicalmente: "Es absolutamente falso que estemos trabajando en algo que desconocemos", dijo a los periodistas. La portavoz descartó que se estuviera pensando en una proposición de ley suscrita por los dos grandes partidos. Ni siquiera adelantó si su grupo respaldaría el blindaje a Juan Carlos. Recordó, eso sí, que el PSOE, en su Conferencia Política aprobó reducir el número de aforados, porque es "muy excesivo", y porque la protección especial debe recaer en las actividades que quienes gocen de ella realicen "en el ejercicio del cargo institucional en virtud del cual se les afora".

El caso de Juan Carlos quedaría fuera de ese cajón, puesto que ya no es jefe del Estado. Sólo conserva el título de rey y el tratamiento de majestad de forma vitalicia y puramente honorífica, según el real decreto 470/2014, aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de junio y publicado en el BOE el pasado jueves, al tiempo que entraba en vigor la Ley de Abdicación y el príncipe de Asturias se convertía en monarca. 

Las dudas que transmite el PSOE también las percibió el PP. En un principio, los conservadores eran partidarios de sacar adelante el blindaje del rey con los socialistas, en coherencia con el pacto sobre la norma que ha posibilitado la renuncia de Juan Carlos. Pero observó demasiadas reticencias en la formación de Rubalcaba. Según relataron a infoLibre fuentes del Gobierno y del partido, se quería que el aforamiento estuviera listo antes de vacaciones, y se constató que el líder del PSOE no iba a ir más allá de la Ley de Abdicación, en buena medida porque tiene abierto el melón del relevo interno, porque está sumido en un proceso precongresual que no se resolverá hasta finales de junio. El PP tenía claro que debía procurar al rey padre la protección enseguida, en cuanto se atravesara el hito de la proclamación de Felipe VI, "por responsabilidad política". Los socialistas, sin embargo, niegan que la duda proceda de la interinidad de la cúpula. "Esta dirección actúa y asume sus responsabilidades hasta el último momento", señalaron en el equipo de Rubalcaba. 

Los candidatos no se mojan por ahora

El respaldo del PSOE a la Ley de Abdicación llevó aparejado un vivo debate dentro del partido. El mismo secretario general confesó que conocer con antelación la salida de Juan Carlos influyó en él a la hora de no dar paso a una gestora tras la debacle de las elecciones europeas. Barones y cuadros medios defendieron que cabía pensar en un referéndum sobre la monarquía, o que cupiese discutir sobre la Jefatura del Estado en la reforma constitucional que el partido reclama desde hace un año. Eran conscientes de que las bases socialistas se sienten republicanas. Al final, el ruido interno se apaciguó tras la llamada al orden de Rubalcaba y de Susana Díaz, la baronesa andaluza. Además, los dos principales corredores por la Secretaría General, Pedro Sánchez y Eduardo Madina, recordaron que el PSOE apoyó la Constitución de 1978 y que la norma sólo se limitaba a certificar la voluntad del monarca de dejar el trono. Ambos votaron a favor de la ley en el Congreso. Aun así, se produjeron tres fugas de voto en el pleno del Congreso. Ninguna en el Senado. 

El PSOE quiere evitar ahora ese malestar. "No queremos especular con la posición. Cuando se decida, se comunicará y punto", remarcaron desde la dirección del grupo. Este diario se dirigió a Madina y Sánchez. El entorno del diputado vasco aseguró que lo estudiaría este fin de semana. Desde el círculo del madrileño no hubo respuesta alguna.

La Moncloa pide "coherencia" a los grupos

El Gobierno, mientras, consciente de que cabe la posibilidad de que apruebe el escudo de los exreyes, Letizia y Leonor con el sostén de Foro y UPN y sin el PSOE de compañero, reclamó ayer "coherencia" a los grupos, ya que el aforamiento es una figura jurídica que también ampara a diputados y senadores. La comparación no es exacta, porque Juan Carlos estará blindado aun sin tener cargo, y además le resguarda de todas las demandas civiles y penales. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, emplazó a los partidos a reflexionar sobre el hecho de que en España hay "muchísimos" aforados, unos 10.000, entre ellos los parlamentarios, pero defendió que era razonable conceder un estatus especial a quienes han ejercido altas magistraturas del Estado. A su vez, Alonso pidió a los socialistas que entiendan el "alcance" de la decisión y la apoyen. 

Quien rechazará el aforamiento será la izquierda de la Cámara. Cayo Lara reiteró ayer viernes que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) no está de acuerdo, porque Juan Carlos no ocupa cargo alguno que justifique esa salvaguarda especial, y criticó que el PP le garantice ese tratamiento "por la puerta de atrás", utilizando una ley que no tiene nada que ver. "El ciudadano Juan Carlos tiene que estar como los demás por eso de que todos debemos ser iguales ante la ley", aseguró, informa Europa Press. Estimó que es una "improvisación más" en la "chapuza de la abdicación", pues "han tenido años" para resolver estas cuestiones. Su grupo, prometió, estudiará las "deficiencias jurídicas" del proceso por si cabe algún tipo de recurso. IU, además, es partidaria de acotar el aforamiento a la función pública durante el tiempo que se permanece en el cargo. Es decir, que no haya protección para actividades que queden al margen de la función institucional. Por eso presentará una iniciativa parlamentaria próximamente. 

UPyD: limitar el fuero a lo que dice la Constitución

La federación de Lara se ha quejado del procedimiento del que tira el Gobierno para colar enmiendas a su capricho en leyes que nada tienen que ver. Ha recurrido, igual que el PSOE, a los letrados de la Cámara, y estos han determinado en algunas ocasiones que las modificaciones planteadas por el PP no eran "congruentes" con la norma que se sometía a discusión y, por tanto, debían rechazarse. Advertencia a la que los conservadores hacían caso omiso. Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural, cree que este es otro caso más, que las enmiendas son "antirreglamentarias e inconstitucionales" y, por tanto, es posible que requiera el dictamen de los letrados. 

UPyD presentó a su vez otras dos enmiendas para que, en lugar de ampliarse el fuero a Juan Carlos, se limite a los casos previstos en la Constitución hasta que esta sea reformada. Es decir, que sólo dispongan de escudo diputados, senadores y miembros del Gobierno. "No parece razonable aumentar el número de aforados en nuestro país. Convendría comenzar por reducir el número de personas que disfrutan de ese privilegio y no, como parece que se pretende, extenderlo a otros", reza su texto, informa Efe.

ERC, por su parte, quiere que se cree una comisión en el Congreso para examinar si Juan Carlos pudo incurrir en algún delito que pudiera ser susceptible de responsabilidad penal, ahora que ha perdido la inviolabilidad que confiere al rey la Constitución. Sin embargo, el Ejecutivo siempre ha defendido que no existe la violabilidad retroactiva. Es decir, que los 38 años y medio del reinado de Juan Carlos están blindados. 

Juan Carlos acabará gozando de un pararrayos jurídico integral, dada la mayoría absoluta del PP. Pero, si no atrae a Rubalcaba, será la primera vez que el PSOE se desmarca en un tema tan sensible como la Corona. 

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