Zelenski advierte de nuevas ofensivas rusas y ordena reforzar defensas aéreas

La Comisión Europea (CE), órgano ejecutivo de la UE, afirmó este martes que no aprecia razones para que el Gobierno de España bloquee o rechace la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, y cree que debe alinearse con la autorización con condiciones ya dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“Las autoridades competentes han dado su opinión sobre la transacción. El Banco Central Europeo la ha aprobado. La autoridad española de Competencia la ha aprobado, sujeta a una serie de medidas de mitigación para garantizar”, indicaron a EFE fuentes comunitarias, que se refirieron, entre los compromisos, a que los consumidores de las zonas más remotas de España no pierdan el acceso a los cajeros automáticos y a los préstamos a las pymes.

“Sobre esta base, no conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alineara con las decisiones de las autoridades competentes”, agregaron.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este martes a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos que suspendan las entrevistas para la obtención de visados a estudiantes extranjeros, según ha adelantado el medio Político.

La Administración Trump asegura que esta medida no afectará a aquellas entrevistas que estén ya programadas.

La orden se produce días después de que la universidad de Harvard denunciara a la Administración del presidente tras prohibirle matricular a estudiantes que fueran extranjeros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, han mantenido este martes una conversación telefónica en la que han mostrado su apoyo a la reconstrucción de la Franja de Gaza sin desplazar a su población y han coincidido en la necesidad de implementar la solución de los dos Estados con el reconocimiento de Palestina.

El portavoz de la Presidencia de Egipto, Mohamed al Shenawy, ha informado en un comunicado de la conversación mantenida entre ambos gobernantes, quienes abordaron la situación en los territorios palestinos y "rechazaron inequívocamente la continua agresión israelí contra Gaza y los intentos de desplazar a los palestinos de sus tierras".

"El presidente Al Sisi y el presidente del Gobierno español reiteraron la importancia de hacer posible la aplicación de la solución de los dos Estados, ampliando el reconocimiento del Estado palestino, al tiempo que se moviliza el apoyo para la ejecución del plan árabe-islámico para la reconstrucción de la Franja de Gaza sin desplazar a su población", detalla la nota. 

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho este martes a los nuevos secretarios de embajada, en un acto presidido por el rey en la Escuela Diplomática, que una de sus funciones será trabajar por la diversidad lingüística de España y "por conseguir la oficialidad (del catalán, euskera y gallego) también en Europa".

En su discurso en el acto de entrega de despachos, Albares ha recordado que la España democrática "es un referente de progreso social, de diversidad. También de diversidad lingüística".

Tras el acto, en declaraciones a los medios de comunicación, el ministro ha pedido que los nuevos informes que se presenten sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE deben presentarse pronto, porque la decisión "tiene que ser rápida".

Así lo ha señalado el ministro en Madrid tras el aplazamiento de esta decisión ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete, debido a las dudas legales, financieras y políticas de siete Estados miembros, que no ha querido citar, aunque ha dicho que Francia no está entre ellos.

"Hace 40 años que hemos entrado en Europa y ya va siendo hora" de que se reconozca la identidad plurilingüe de España, ha señalado Albares, que ha explicado que se lo ha "dejado claro" a todos sus colegas europeos: "Nosotros queremos trabajar desde ya para que la unanimidad pueda conseguirse cuanto antes".

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha explicado que el PSOE ha enmendado el proyecto de ley de función pública de la Administración del Estado, actualmente en tramitación parlamentaria, para poder mantener en servicio a los funcionarios a los que se les reconozca una incapacidad permanente total.

El ministro ha explicado, en respuesta a la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren, que la enmienda prevé la posibilidad de que "puedan realizarse ajustes razonables que permitan la continuación de la prestación de servicios si fuera posible".

López ha afirmado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2024, que ha dado lugar a un cambio del Estatuto de los Trabajadores para el sector privado, también concierne a la discriminación por discapacidad en el sector público.

El tribunal europeo dictaminó que la legislación española era contraria al derecho europeo al establecer como causa automática de la extinción de contrato el reconocimiento de la incapacidad permanente debido a una discapacidad sobrevenida.

La reforma del Estatuto de los Trabajadores está en vigor desde el pasado 1 de mayo, de manera que ahora es el trabajador el que decide voluntariamente si desea la extinción del contrato o prefiere que la empresa le adapte el puesto para continuar trabajando o le busque uno nuevo, siempre que esto no suponga un coste excesivo.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este martes en el Senado que "ningún experto tiene claras todavía" las causas del apagón y que un informe "fáctico" de "incidencias menores" a las del 28 de abril ha tardado "al menos seis meses" en otros países.

Aagesen ha señalado que el comité del apagón sigue trabajando para identificar las causas y tienen un contacto constante con la Comisión Europea, con Francia y con Portugal, "y la sensación no es de que los Gobierno lo haya hecho mal, más bien lo contrario", ha recalcado.

La ministra ha comparecido en el Senado interpelada por el senador de Vox Pelayo Gordillo, que ha criticado "el despropósito absoluto" que supone "la entrega de la autonomía energética" a otros países, al tiempo que ha denunciado que el calendario de cierre nuclear va a "condenar a la pobreza energética" a España.

La energía renovable es necesaria, ha dicho Gordillo, "pero siempre que no vaya contra la riqueza energética, ni tampoco contra la riqueza del sector primario española" y ha criticado que la ministra no pueda garantizar que ese apagón "no vuelva a repetirse".

No obstante, Aagesen ha apuntado que el Gobierno tiene "la hoja de ruta" para reducir la dependencia exterior, sobre todo de Rusia, y ha aseverado que los consumidores españoles "no van a pagar la factura de la gestión de los residuos radioactivos, que forma parte del coste de esa propia generación".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará el próximo lunes a Melilla para inaugurar oficialmente el nuevo Hospital Universitario de esta ciudad autónoma, a la que se desplazará por vez primera desde la reapertura de la aduana con Marruecos.

Fuentes del Ejecutivo han informado de la presencia de Sánchez en la inauguración de ese hospital, que esta semana ha abierto sus puertas de manera parcial con las primeras consultas externas después de que el centro fuese anunciado hace 19 años en otra visita del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez volverá a Melilla después de que el 23 de marzo de 2022 se desplazara a esta ciudad autónoma y a Ceuta en su primera visita a ambas ciudades tras haber dado por iniciada una nueva etapa en la relación con Marruecos después del cambio en la posición del Gobierno sobre el Sahara Occidental.

Una nueva etapa que permitió la reapertura de la aduana con Melilla el pasado 15 de enero después de que fuera cerrada de forma unilateral por Marruecos el 1 de agosto de 2018.

Por tanto, será la primera vez que el presidente del Gobierno se desplace a la ciudad con la aduana con Marruecos reabierta, aunque hay voces críticas como la de la Confederación Melillense de Empresarios, que este mes ha lamentado que no sea una verdadera aduana comercial y que no tenga nada que ver con el tránsito previo a su cierre.

El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha anunciado en la tarde de este martes que elevará al Consejo de Ministros la decisión de la operación de concentración de BBVA y Sabadell. La Oferta Pública de Adquisición (opa), que se lanzó hace un año, pasará ahora a ser evaluada por el Consejo, que tendrá un margen de 30 días para tomar una decisión final sobre la operación.

Desde el ministerio fundamentan la decisión en razones de “interés general” y en la “defensa de la competencia”, dos argumento que han venido repitiendo las voces que más se oponían a la opa. La nota del ministerio remarca el “potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social”.

En declaraciones a la prensa, Cuerpo ha explicado que en la decisión han participado otros ministerios: “Oídos todos los ministerios con competencias económicas, cinco de ellos han pedido esta elevación”, señaló. La protección del empleo, la inclusión financiera o la cohesión territorial han sido los puntos que economía ha valorado para tomar la decisión. En estas reclamaciones han puesto el acento a lo largo de estos meses tanto los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, como Sumar, asociaciones de consumidores o la patronal catalana, ya que Sabadell tiene la sede allí. También Junts, que se ha opuesto a la fusión desde el principio, será una pieza clave en la recta final de esta opa.

Informa Selina Bárcena

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este martes que "está claro" que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "mintió desde una sede oficial de la Comunidad de Madrid" en relación con la actuación de su pareja, Alberto González Amador

Montero ha hecho estas afirmaciones en declaraciones a los periodistas en el Senado, al ser preguntada por la declaración judicial del abogado de la pareja de Díaz Ayuso, Carlos Neira, quien ha asegurado que el 30 de enero de 2024 obtuvo el mandato de González Amador para alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía a cambio de admitir dos delitos fiscales.

Esta declaración contradice la del propio González Amador, quien aseguró que el pacto fue una iniciativa de su abogado y que no tuvo conocimiento de ello hasta el 14 de marzo por la prensa, una vez se había filtrado.

Tras comentar que esto "es un vodevil", la vicepresidenta ha opinado ante los periodistas que en este caso "alguien ha mentido", o González Amador o su abogado, y que "está claro" que también lo ha hecho la propia presidenta madrileña.

María Jesús Montero ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid al decir que "lo que está claro es que en su momento la señora Ayuso mintió y mintió desde una sede oficial de la Comunidad de Madrid".

También se ha referido al director de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que "estuvo trabajando para la pareja de Ayuso y, por tanto, también tendrá que explicar qué es lo que hacía y en que empleaba su tiempo y los recursos públicos". 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que "está jugando con fuego" al negarse a detener los ataques contra Ucrania.

"Lo que Vladímir Putin no entiende es que, si no fuera por mí, a Rusia ya le habrían ocurrido muchísimas cosas malas; y quiero decir MUY MALAS. ¡Está jugando con fuego! ", afirmó Trump en la plataforma Truth Social.

El mandatario republicano insistió así en sus declaraciones del domingo ante la prensa cuando criticó los últimos ataques masivos de Rusia contra Ucrania y dijo que está meditando imponer sanciones a Moscú porque Putin "esta matando a mucha gente".

Ese mismo día, declaró también en Truth Social que siempre ha tenido una "muy buena relación" con el presidente ruso, pero que este "se ha vuelto completamente loco".

Trump advirtió además de que si el jefe del Kremlin busca invadir toda Ucrania lo único que logrará es "la caída de Rusia".

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha impulsado un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, con un acercamiento hacia Rusia y duras críticas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Sin embargo, en las últimas semanas ha intensificado la presión sobre Moscú y ha amenazado con nuevas sanciones a Rusia ante la negativa de Putin a aceptar una tregua que Zelenski sí está dispuesto a acatar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que representantes de la Unión Europea han pedido "fijar rápidamente las fechas de la reunión" para llegar a un acuerdo comercial, tras la amenaza del mandatario de imponer un arancel del 50 % al bloque por no ver avance en las negociaciones.

"Me acaban de informar que la UE ha llamado para fijar rápidamente las fechas de la reunión. Este es un evento positivo, y espero que, FINALMENTE, al igual que mi exigencia a China, abran las naciones europeas al comercio con los Estados Unidos de América", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump advirtió el pasado viernes que impondría un arancel del 50 % a la UE a partir del 1 de junio por considerar que las conversaciones bilaterales no estaban "yendo a ninguna parte".

También afirmó que se librarían del impuesto aquellas empresas que fabriquen sus productos en Estados Unidos.

Sin embargo, el domingo el mandatario acordó en una llamada por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, extender el plazo para lograr un pacto hasta el 9 de julio.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha pedido este martes que se haga una auditoría externa para aclarar definitivamente las intromisiones informáticas indebidas que realizaron dos trabajadores, que fueron despedidos la semana pasada.

Espadas lo ha manifestado así en una rueda de prensa tras una reunión de la Junta de Portavoces en la que, ha explicado, la letrada mayor de la Cámara, Sara Sieira, ha comunicado que la investigación interna continúa para dilucidar los accesos informáticos realizados por otros dos trabajadores, al margen del matrimonio que resultó despedido.

Fuentes de la dirección parlamentaria han explicado a periodistas que no está prevista una auditoría externa como la solicitada por Espadas porque supondría enmendar la instrucción interna, que consideran que ha sido ejemplar.

Respecto a la investigación interna sobre los accesos informáticos de otros trabajadores, entienden que fueron realizados en función de sus tareas laborales, sin que fueran intromisiones indebidas como las de los dos despedidos, al menos por lo que hasta ahora se ha conocido en la instrucción.

La investigación en el Senado comenzó el pasado octubre y concluyó en una primera fase con una propuesta de suspensión de empleo y sueldo por tres meses para el matrimonio de trabajadores indefinidos que, según la instrucción, hicieron los accesos indebidos para obtener información sobre los avances de una promoción interna a la que optaban ambos.

En una segunda fase, ante la reincidencia, Sieira elevó la propuesta de despido a la Mesa, en la que hay representantes del PP y del PSOE, que fue la que la semana pasada decidió los despidos.

El juez Ismael Moreno ha suspendido la declaración como imputada de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera prevista para el jueves para que su abogada tenga tiempo para estudiar la causa en la que se le investiga en relación a la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec).

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la letrada que representa a Pardo de Vera y anuncia que la volverá a citar en otra fecha "una vez adecuada la agenda de señalamientos de este Juzgado".

Para pedir el aplazamiento de esta citación y garantizar así el derecho a la defensa de Pardo de Vera, la abogada ha alegado en un escrito al juez que hasta este lunes, 26 de mayo, no tuvieron acceso a las actuaciones en las que obran 12.900 acontecimientos, además de distintas piezas separadas y anexos. "Ello restando menos de tres días para la fecha señalada para la declaración de mi patrocinada".

Por ello, la letrada pedía que se le otorgara "el tiempo indispensable para instruirnos de las actuaciones", en las que la expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes ha sido imputada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Al suspender el juez la citación para este jueves, esta ya no coincide con la que ya había fijado para ese mismo día el Senado, que la ha llamado a declarar por segunda vez ante la comisión de investigación del caso Koldo.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este martes a los ex altos cargos del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso "dar su mejor versión" en la declaración a la que están llamados por los conocidos como Protocolos de la Vergüenza.

Así se ha referido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros tras la suspensión ayer de la declaración de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y el exasesor sanitario del Ejecutivo madrileño Antonio Burgueño, los tres en calidad de investigados, por las muertes en residencias de la Comunidad de Madrid en la pandemia.

Mur y Martínez Peromingo son considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño fue el responsable de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional, que incluía la medicalización de las residencias.

"Me gustaría animar a dar su mejor versión a los altos cargos de su Gobierno (de Díaz Ayuso) que han sido llamados a declarar en esa causa porque las 7.291 víctimas de las residencias en Madrid", ha remarcado Bustinduy, se merecen que se "salvaguarde el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación".

"Surgido de aquella experiencia tan traumática y tan dolorosa para el conjunto de la ciudadanía", en referencia a la pandemia del coronavirus, el ministro ha asegurado que desde el Gobierno de España trabajan para mejorar "las condiciones de vida de las personas que están institucionalizadas en una residencia".

"Estamos transformando el sistema de provisión de cuidados de larga duración y próximamente traeremos al Consejo de Ministros en segunda vuelta la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que va a cambiar ese modelo", ha avanzado.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este martes tramitar por urgencia la proposición de ley para el embargo de armas a Israel, como habían solicitado Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu y el BNG.

El PSOE ha votado a favor de la urgencia en la tramitación de la iniciativa, que pretende reformar la ley de 2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

La proposición busca además introducir la figura del embargo para la venta, compra o intercambio de armas con países que vulneran gravemente el derecho internacional humanitario.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha confirmado en rueda de prensa el voto favorable de los socialistas y ha mostrado su alegría por que su socio de Gobierno se esté "abriendo cada vez más a apoyar medidas de presión a Israel". "La vida de los palestinos no puede esperar los plazos ordinarios de esta Cámara", ha subrayado Martínez Barbero, cuyo formación ha vuelto a pedir que España retire a su embajadora de Tel Aviv.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al Gobierno que abandone el "paripé" y la "hipocresía vergonzante" y que apruebe de manera inmediata un real decreto para el embargo formal, que ayude a parar la guerra en Gaza y sirva para presionar al "Hitler de nuestro tiempo".

Una vez aprobada la tramitación urgente, se abre un plazo de ocho días para la presentación de enmiendas a la proposición de ley. 

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que defiende todos los idiomas de España, incluido el catalán, pero no tiene claro que sea legal aprobar en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea que sean oficiales.

En una rueda de prensa, Feijóo ha explicado que el informe técnico del consejo señala que se puede estar "ante un supuesto de ilegalidad" porque para poder hacer que el euskera, el gallego y el catalán sean idiomas oficiales en la UE sería necesaria una reforma de los tratados "para dar cabida a idiomas que no son oficiales en la totalidad de los Estados miembros".

Así, aunque ha insistido en que apoya el catalán, ha destacado que "hay bastantes consideraciones legales" en relación con los más de 40 idiomas que no son oficiales en el conjunto de los estados, como es el caso de las lenguas españolas, que no son oficiales en el conjunto, sino en las comunidades autónomas respectivas, ha detallado.

Además, ha añadido, hay que tener en consideración el coste económico de esta medida. "Por lo que he leído por ahí, aunque no conozco la memoria económica, estamos hablando de entre 130 y 140 millones de euros todos los años de dinero público", ha añadido el líder popular, quien cree que "bien merece una reflexión este asunto".

Feijóo ha hecho estas afirmaciones unos minutos antes de conocerse que los países de la Unión Europea han aplazado la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que la declaración del abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, asegurando que obtuvo el mandato de su cliente para alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía a cambio de admitir dos delitos fiscales supone que "la verdad se abre camino".

Con esta escueta frase ha reaccionado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por la declaración de Neira, abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en una de las últimas diligencias, antes de que se decida si se procesa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración del correo en el que el abogado ofrecía un acuerdo a la Fiscalía con su cliente, a cambio de admitir dos delitos fiscales.

Neira ha asegurado que el 30 de enero de 2024 obtuvo el mandato de Alberto González Amador para alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía a cambio de admitir dos delitos fiscales y contradice así a su cliente, González Amador, quien aseguró que aquel correo fue una iniciativa de su abogado, que no tuvo conocimiento de ella hasta el 14 de marzo por la prensa, una vez se había filtrado su contenido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido de que las informaciones y filtraciones del trabajo de unidades de investigación como la UCO de la Guardia Civil "ponen en tela de juicio" y cuestionan la "neutralidad, la objetividad y la discreción absoluta" de sus pesquisas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y al ser preguntado sobre los "ataques" a la UCO por la filtración de conversaciones del exministro José Luis Ábalos y la publicación de un audio sobre una supuesta operación desde personas vinculadas al PSOE para dañar esta unidad, el ministro ha querido dejar claro que ningún miembro del Gobierno ha señalado a esa unidad como autora de ninguna filtración.

"El ministro del Interior tiene la máxima consideración de la UCO y de todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, no solo por ser ministro del Interior, sino porque conozco de su profesionalidad", ha subrayado antes de recordar que esas unidades actúan bajo las directrices de las autoridades judiciales o de la Fiscalía.

Con todo, el ministro ha mostrado su preocupación por las referencias de algunos medios de comunicación a "informaciones de las unidades de investigación".

"Me parece que eso es tanto como decir o imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes", ha advertido el ministro que ha detallado que entre estas obligaciones están la "neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta en las investigaciones".

Los promotores en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley que regula los alquileres de temporada y de habitaciones —Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG— han pedido este martes que se tramite por el procedimiento de urgencia, dada la "emergencia habitacional" que vive España.

Los partidos a la izquierda del PSOE reivindican así su iniciativa, dirigida a combatir el uso fraudulento de los alquileres temporales, frente a la registrada la semana pasada por el grupo socialista, que rechazan porque contiene "regalos fiscales a los rentistas".

"Las fuerzas a la izquierda del PSOE hemos unido voluntades para exigir que la regulación del alquiler de temporada se tramite ya por el procedimiento de urgencia", ha explicado el diputado de Sumar Gerardo Pisarello en rueda de prensa.

Pisarello ha advertido al PSOE de que el Gobierno "no puede tener una política estrábica, con un ojo puesto en la defensa de los inquilinos y el otro pendiente de complacer a los rentistas y especuladores".

El portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha replicado que su iniciativa legislativa tiene "palo y zanahoria", es decir, bonificaciones fiscales para favorecer que salgan viviendas vacías al mercado y un aumento de la fiscalidad para los pisos turísticos y los compradores de vivienda extracomunitarios.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá "trabajando y dialogando" con los socios europeos para que se reconozcan en la UE las lenguas cooficiales españolas, tras posponerse la votación prevista para este martes en Bruselas al no contar con la unanimidad requerida.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada por la presión de Junts, Alegría ha asegurado que "el compromiso es claro" y el objetivo es trabajar "desde ya" para convencer "cuanto antes" a todos los países miembros.

Ha explicado que el Ejecutivo lleva años trabajando con los socios europeos para que se reconozca la "identidad plurilingüe" del país y en las últimas semanas se habían conseguido "grandes avances", con un "amplio" grupo de Estados dispuestos a apoyar esta medida.

Sin embargo, un grupo "menor", que no ha cuantificado, ha solicitado más tiempo e información y España ha decidido aceptar esa petición para seguir dialogando.

Alegría ha arremetido contra el PP por su "posición contraria" al reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE y en especial ha criticado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que "ya no le gusta el gallego" pese a que defendió su uso "normalizado" en las escuelas de Galicia cuando era presidente de la Xunta.