Unidas Podemos insiste en citar a Rajoy, Iglesias y periodistas en la comisión sobre las 'cloacas'

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha considerado que la Ley de Vivienda supone "dar un paso adelante indudablemente" en esta materia y ha considerado que es una "exigencia" dar respuesta a los problemas de los jóvenes teniendo en cuenta las dificultades con el alquiler.

Así se ha pronunciado Puig este viernes en Valencia, donde ha apostado por abordar la problemática con una "acción complementaria desde muchas perspectivas": tratando el problema de los alquileres o construyendo más viviendas de alquiler social y protección oficial.

La Junta de Andalucía ha criticado este viernes las medidas "intervencionistas" que, en su opinión, contempla la nueva Ley de Vivienda que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha anunciado que, "cuando tenga el texto completo" de la misma, "se supervisará para certificar que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas y que se ciñe a la legislación española vigente".

"De lo contrario, se tomarán las medidas oportunas", han advertido este viernes fuentes del Gobierno andaluz después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya alcanzado un acuerdo con sus socios parlamentarios ERC y Bildu para aprobar esta norma en el Congreso, después de una larga negociación. El acuerdo implica entre otras cosas limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

Desde la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Moreno (PP-A), han criticado que "la regulación de los precios de los alquileres y la declaración de zonas tensionadas que recoge la Ley de Vivienda son medidas intervencionistas", así como han opinado que la ley es, "además, permisiva con la ocupación ilegal".

Diversos cargos de Podemos han elogiado a la líder del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, su labor para poder sacar adelante la Ley de Vivienda, además de defender la alianza con ERC y Bildu para conseguir que el PSOE se moviera y se acercara a sus postulados.

La formación en su cuenta oficial de Twitter ha difundido una infografía con la imagen de su líder y el lema '¡Por fin! Ley de Vivienda', para destacar que han conseguido inclinar la balanza a favor de la gente "frente a los abusos y la especulación".

Uno de ellos ha sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien ha señalado que aunque Belarra no lo puede decir, él sí puede afirmar que el anuncio del pacto sobre la Ley de Vivienda es "sobre todo gracias al trabajo incansable y discreto" de la ministra.

Podemos e Izquierda Unida (IU) han alcanzado este viernes, último día para registrar coaliciones de cara al 28M, un acuerdo de coalición en La Rioja, la última región donde quedaba por despejar la incógnita de si concurrirían juntos y elevan así hasta diez el número de alianzas para los comicios autonómicos.

Según han explicado fuentes conocedoras de las negociaciones a Europa Press, la lista autonómica la encabezará IU con la diputada Henar Moreno como aspirante a presidir la Comunidad mientras que el número dos de la lista recae en Podemos. La marca electoral de la candidatura será Podemos-IU.

Por su parte, el acuerdo se extiende también a nivel municipal y en el caso de la Alcaldía de Logroño será Podemos quien tenga el primer puesto de la lista, quue ostentará Amaia Castro, mientras que el segundo recae en IU, quedando el nombre de la candidatura como IU-Podemos.

Mientras, el reparto de los recursos del futuro grupo parlamentario en el parlamento regional queda de la siguiente forma: Podemos obtendrá el 60% de los ingresos mientras que IU se quedará con el 40% restante.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, cree que el Gobierno quiere intervenir el mercado con la nueva Ley de Vivienda que se aprobará en el Congreso tras el acuerdo al que han llegado este viernes PSOE-Unidas Podemos con ERC y Bildu, del que la portavoz popular piensa que "no puede salir bueno".

"Más allá de que todavía no hemos conocido las medidas, creo que no van en el camino correcto: seguro que quieren intervenir un mercado; seguro que quienes van a salir fortalecidos son los okupas, no tengo ninguna duda", ha asegurado la también portavoz popular durante la clausura del acto de presentación del programa marco municipal para las elecciones del 28 de mayo, que se ha celebrado en Santander.

Gamarra ha subrayado que los okupas saldarán fortalecidos con la normativa "porque también durante la pandemia lo que se hizo fue proteger a los okupas".

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha defendido que la Ley de Vivienda no va contra propietarios ni empresas y por el contrario facilitará el acceso a la misma a jóvenes, trabajadores y familias.

Alegría ha hecho estas declaraciones después de que el Gobierno alcanzase un acuerdo con sus socios parlamentarios ERC y Bildu para aprobar esta norma en el Congreso, después de una larga negociación. El acuerdo implica entre otras cosas limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

La ministra sostiene que la ley da respuesta a miles de jóvenes, trabajadores, familias y a "personas con dificultades" y que desde luego no va contra propietarios, empresas, arrendadores ni tampoco en contra de las competencias en materia de vivienda de las comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes el "acuerdo histórico" para sacar adelante la Ley de Vivienda. De este modo el Gobierno da respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, según ha señalado.

En un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, Sánchez ha aplaudido que el Gobierno y sus socios parlamentarios hayan llegado a un pacto para aprobar la primera Ley de Derecho a la Vivienda de la democracia."Vivienda digna por ley", ha escrito antes de añadir: "Damos respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y reforzamos nuestro estado del bienestar.

"El Gobierno ha llegado este viernes a un acuerdo con ERC y Bildu para aprobar esta ley en el Congreso de los Diputados, tras una larga negociación. El acuerdo implica entre otras cosas, limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado de "histórico" el acuerdo para aprobar la Ley de Vivienda, una normativa con la que gana la ciudadanía y "pierden" la banca, los especuladores y la patronal inmobiliaria.

También ha expresado su satisfacción por este pacto tras tres años "largos" y "con muchas horas de negociación" para alumbrar la primera Ley de Vivienda estatal, al proclamar que no se equivoca al afirmar que ha sido la negociación "más difícil" de todo el mandato, teniendo en cuenta además "cómo ha sido la legislatura".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en rueda de prensa en la sede del Ministerio, donde también ha sostenido que esta normativa será clave para el próximo ciclo electoral, dado que si quieren revalidar la confianza de la ciudadanía otros cuatro años progresistas, es necesario "gobernar, gobernar y gobernar". Incluso ha dicho que es el paso más importante de la legislatura.

Durante su comparecencia, ha asegurado que al final ha quedado demostrado que desde el consenso con la mayoría progresista el país avanza y que esta normativa ya es posible desde un "trabajo en equipo" entre ERC, Bildu, PSOE y Unidas Podemos, que ha permitido llegar a un texto que permite regular de manera efectiva los precios del alquiler, proteger a los inquilinos, frenar los "abusos de caseros" y evitar desahucios de familias en situación de vulnerabilidad.

También ha querido ensalzar el papel del Ministerio de Transportes y de su grupo parlamentario, que desde el principio ha tratado de armar los votos de la mayoría progresista que faltaban, que es la que otorga la "estabilidad" a un Gobierno progresista que está en minoría.

"Hoy gana la ciudadanía, pierde Blackstone, la banca y los especuladores que han campado a sus anchas jugando con la vida de la gente. Las casas son para vivir y no especular", ha aseverado para destacar que avanza la vida de la gente y se queda atrás la patronal inmobiliaria y Joan Clos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que ERC y EH Bildu "impongan" la política de vivienda en España cuando "no quieren formar parte de ella" y cree que el acuerdo que han alcanzado estos partidos con el Gobierno en esta materia, con medidas como "topar precios e intervenir en el mercado", puede acabar conllevando en un aumento de los precios de alquiler como "consecuencia de la disminución de los pisos en alquiler".

Feijóo ha realizado estas manifestaciones en San Sebastián, donde ha visitado, acompañado de varios cargos del PP Vasco, la empresa Viralgen y se ha referido al acuerdo alcanzado por el Gobierno central con ERC y EH Bildu para aprobar en el Congreso la Ley de Vivienda.

El acuerdo alcanzado incluirá finalmente una rebaja del concepto de gran tenedor, que se considerará así a partir de la propiedad de cinco inmuebles y no de diez como hasta ahora, y ampliará la declaración de zonas tensionadas del mercado alquiler, donde el precio de los alquileres están topados.

Además, en materia de subidas de alquileres, la norma mantendrá también el límite del 2% para este año, mientras que se incrementará a un 3% en 2024 para, en el futuro, crear un nuevo tope. En concreto, se eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que la Ley de Vivienda "no va en contra de nadie, al contrario, favorece a todo el mundo", y ha asegurado que da garantías a inquilinos y propietarios.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los periodistas en Barcelona junto al candidato del PSC a la alcaldía de la capital catalana, Jaume Collboni, para explicar las novedades de la ley.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC y Bildu para la aprobación en el Congreso de la Ley de Vivienda tras casi tres años de negociaciones, que fijará una limitación a las subidas de todos los alquileres del 3% a partir de 2024, una vez finalice el actual tope al 2%.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, espera que la futura Ley de Vivienda no invada el derecho "muy importante" a la propiedad privada, como ha dicho este viernes en declaraciones a los medios tras su participación en un acto de la Fundación Mapfre.

Garamendi ha reconocido que desconocía el contenido del acuerdo alcanzado por los partidos del Gobierno de coalición y los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda, y ha preferido esperar a estudiarlo para opinar.

"Lo que sí nos preocupa, habrá que verlo, es que hay un derecho muy importante, que es el derecho a la propiedad, que esperemos que no sea invadido", ha comentado el presidente de los empresarios.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este viernes que España es hoy "un país un poco mejor" tras haberse desbloqueado en el Congreso la Ley de Vivienda gracias a un acuerdo entre el Gobierno y ERC y Bildu.

"Hoy desde el Gobierno impulsamos por primera vez una ley integral que nos permite avanzar en el derecho a la vivienda. Proteger a las familias y, en especial a todas las personas jóvenes, es un motivo para la esperanza. Hoy somos un país un poco mejor", ha subrayado Díaz en sus redes sociales.

La vicepresidenta ha agradecido "a todas las personas y organizaciones" su lucha "incansable durante años" para hacer posible la llegada de esta ley y, aunque ha reconocido que "queda mucho por hacer", ha resaltado que, en virtud de esta norma y por primera vez, las comunidades autónomas y ayuntamientos "tendrán un mecanismo para fijar los precios del alquiler".

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC y Bildu implica, entre otras cosas, limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado este viernes a la gran distribución a dar "un paso adelante" y empezar a bajar los precios de los alimentos.

En sus redes sociales, la vicepresidenta ha advertido de que la alimentación "se ha convertido en el núcleo de la inflación" y ha pedido actuar ya "de forma decidida" y mediante medidas "eficaces".

"Llevamos meses haciendo propuestas concretas. Llegó el momento de que las grandes distribuidoras den un paso adelante y empiecen a bajar los precios", ha recalcado Díaz.

La vicepresidenta segunda reaccionaba así a los datos definitivos del IPC de marzo que muestran que, aunque la inflación moderó su crecimiento 2,7 puntos, hasta el 3,3%, los precios de los alimentos sólo aflojaron una décima respecto al mes anterior.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicado los proyectos piloto para la jornada laboral de cuatro días, que podrían impulsarse en Baleares la próxima legislatura, porque mejorarían la productividad y la conciliación.

En varios mensajes en Twitter recogidos por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha apuntado que, aunque hay más personas trabajando y contratos indefinidos que nunca, "hay que seguir avanzando en políticas que mejoren vidas y derechos".

La presidenta ha recuperado en esta red social las intervenciones del doctor en Derecho y Economista Adrián Todolí y de la empresaria María Álvarez en la conferencia política del PSIB celebrada a finales de marzo sobre los beneficios de la jornada laboral de cuatro días.

En su intervención, Todolí argumentaba que en el modelo actual las familias trabajan más, lo que deriva en más estrés porque con la incorporación de la mujer al mercado laboral, en las familias "se trabajan ahora 40 horas más". "No estamos igual que hace 100 años sino que vamos a trabajar más horas para vivir con la capacidad económica de hace años", añadía.

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que sería "un error" que no se aplicase la Ley de Vivienda estatal en Madrid y ha celebrado que se haya desbloqueado su aprobación tras más de un año de bloqueo.

"Felicito a los grupos parlamentarios y espero que se apruebe con una amplia mayoría", ha indicado durante la presentación de 'Madrid Próximo', su apuesta de transformación urbana para la capital.

El acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu implica entre otras cosas limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

Se trata de una de las normativas clave de la legislatura que negociaron PSOE y Unidas Podemos, que han logrado acercar posturas con estas fuerzas del bloque de investidura en las últimas fechas, con un anuncio de pacto que llega en vísperas de las elecciones del 28M.

Maroto ha destacado que se trata de la primera ley estatal sobre esta materia en democracia y ha incidido en lo "necesaria" que es ya que la vivienda es hoy "el principal problema de las familias y jóvenes en Madrid".

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prevé que la inflación seguirá moderada los próximos meses, aunque podría repuntar en abril, y estima que en 2023 la tasa media se sitúe mucho más baja que en 2022, en torno al 4%.

"Este contexto de desaceleración de la inflación confirma la necesidad de evitar espirales de aumentos precios-salarios que se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que nos lleven a una espiral inflacionista", ha vuelto a insistir la patronal a través de un comunicado.

En el mes de marzo la inflación general disminuyó 2,7 puntos porcentuales hasta el 3,3% y la subyacente desaceleró una décima hasta el 7,5%, según las cifras confirmadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Este dato es el inicio de un periodo de inflación más moderada", ha apuntado la patronal.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido este viernes a las declaraciones realizadas por la ministra de Justicia, Pilar Llop, en las que asegura que, con las enmiendas presentadas, Unidas Podemos está admitiendo que hay errores en la ley, recordado que la redacción del Código Penal en dicha norma es de Justicia, un ministerio que "siempre ha estado en manos del PSOE", por lo que, a su juicio, son los socialistas quienes se están enmendando a sí mismos.

En declaraciones a los periodistas, antes de su participación en un acto del Colectivo LGTBI de Madrid (COGAM), Montero ha asegurado que su departamento y su formación solo "ha buscado desde el minuto uno el acuerdo" con los socios de Gobierno y que ha sido el PSOE el que "ha enmendado su propia propuesta".

"La propuesta de redacción del Código Penal del sí es sí es de todo el Gobierno, pero está elaborada por Justicia que es un Ministerio que siempre ha estado en manos del PSOE", ha explicado.

Según ha indicado, la búsqueda de acuerdo con los socialistas ha llevado a Podemos a realizar "cesiones" como ocurre con las propuestas que suben penas, a pesar de que, según ha indicado, "las feministas" piensan que "más penas no implican mayor protección de las víctimas". Es por eso que, según ha indicado, pese a esas cesiones quieren "preservar el consentimiento".

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha recalcado que el Gobierno está actuando como debe ante la situación "excepcional" vivida con Ferrovial, tras las muestras de respeto proyectadas por el Ejecutivo ante la 'luz verde' de la junta de la compañía a trasladar su sede social a Países Bajos, una propuesta respaldada por el 93,3% de los accionistas.

En referencia a la seguridad jurídica, el nuevo titular de Industria ha reiterado, en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE recogida por Europa Press, que desde el Gobierno se atienden a las medidas de "máxima protección para la ciudadanía y también para el tejido empresarial".

En este sentido, ha recordado el "despliegue sin precedentes" por parte del Ejecutivo de recursos públicos tras el covid, "del que también se beneficiaron muchísimas multinacionales, como Ferrovial".

Por ello, Gómez ha considerado que hay adoptar medidas que garanticen un crecimiento de la economía sin dejar de lado la protección social, porque la "obligación del Gobierno es proteger a los más vulnerables y establecer puentes entre el acceso al mercado laboral y el crecimiento económico".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la oposición mostrada por el Gobierno al traslado de Ferrovial a Países Bajos y, al hilo de esta cuestión, ha considerado que "la caza y captura del presidente o de la familia Del Pino, no ha sido de lo más procedente".

No obstante, ha aplaudido la posición final de "respeto" que ha expresado el Ejecutivo ante la 'luz verde' de la junta de Ferrovial a trasladar la sede social de la compañía a Países Bajos, una propuesta que suscitó el respaldo del 93,3% de los accionistas.

"Me alegro de que la posición del Gobierno sea de respeto" sobre una decisión estrictamente empresarial, ha subrayado Garamendi en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE recogida por Europa Press, y ha recordado que, por otro lado, "hay compañías que vienen a España y nos encanta que vengan".

Luz verde. Esquerra Republicana y EH Bildu han anunciado que han alcanzado un acuerdo con el Gobierno para desbloquear la ley de vivienda, que ahora mismo estaba encallada en su tramitación en el Congreso de los Diputados, según informa Antonio Ruiz Valdivia.

Estos dos socios han avanzado en un mensaje el acuerdo y han convocado a la prensa en el Congreso de los Diputados a las 11.45, donde los diputados Oskar Matute (Eh Bildu) y Pilar Vallugera (Esquerra) explicarán los detalles del pacto.

El Gobierno y sus socios en el Congreso han estado negociando en los últimos días con absoluta discreción para llegar a un acuerdo a las puertas de la campaña electoral del 28 de mayo.

Es una de las leyes más icónicas de la coalición (la primera de vivienda en la historia de la democracia), en un contexto en el que la preocupación por el acceso a la vivienda crece entre los ciudadanos (según el CIS). El principal escollo durante la negociación estaba en si poner un tope temporal o permanente en los alquileres.