El doble rasero del PP: atacar al juez Prada por 'Gürtel' y defender a García Castellón por el 'caso Tsunami'
La decisión del PP de denunciar ante el Parlamento Europeo y con el apoyo de Vox el “señalamiento” de la vicepresidenta Teresa Ribera al juez Manuel García Castellón , por su “querencia” a pronunciarse sobre el caso Tsunami “en momentos políticos sensibles” coloca sobre el tablero una pregunta: la de por qué, al igual que todas las asociaciones judiciales, el partido de Alberto Núñez Feijóo considera inadmisible que alguien del Gobierno dé un latigazo verbal a un miembro de la magistratura pero al mismo tiempo lleva más de cinco años lapidando al juez clave del caso Gürtel, José Ricardo de Prada.
El último episodio de una serie jalonada de ataques basados en información incorrecta o directamente falsa se emitió hace apenas un mes cuando el senador José Antonio Monago señaló desde la tribuna a De Prada como la mano que había mecido la cuna de la moción de censura a Mariano Rajoy. "El mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España lo mecieron ustedes porque un juez, el juez De Prada, introdujo un párrafo en la sentencia de la Gürtel que provocó la caída del Gobierno de Rajoy y finalmente esa frase de marras fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto. Ese es el mayor caso de lawfare que le costó a un Gobierno del PP la Presidencia”.
El expresidente extremeño del PP se retractó días más tarde tras admitir que sus palabras habían sido fruto de un error dado que el Supremo no había borrado ningún párrafo de la sentencia. Pero aquello tuvo poco o nulo efecto en el PP. La prueba de cargo fueron las palabras que, una vez que Monago ya había pedido disculpas, enhebró Alberto Núñez Feijóo en una entrevista. Porque, según el líder del partido, el párrafo relativo al papel del PP como partícipe a título lucrativo de los manejos de la Gürtel fue “posteriormente derogado por el Supremo”.
De Prada pidió amparo al CGPJ. Se le denegó porque, según el Consejo, acusarle de lawfare no implica "amenaza de descrédito" para nadie. En cambio, y respecto a García Castellón, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha apresurado ahora a difundir sin solicitud previa del juez un acuerdo unánime de apoyo a su actuación donde recrimina a la ministra Ribera lo dicho sobre su "querencia".
Con el voto favorable del minoritario sector progresista, la permanente del poder judicial ha dado así su respaldo al juez que sin esperar a la Fiscalía y tras cuatro años en el limbo, optó por reactivar el caso Tsunami en plena negociación del PSOE con Junts y por atribuir a Carles Puidemont el delito de terrorismo. Bajo dominio de los miembros elegidos a propuesta del PP y con un mandato caducado en noviembre de 2018, a lo largo del quinquenio de interinidad y con su renovación bloqueada tras filtrarse aquel whatsapp del PP sobre cómo el partido seguiría controlando el Supremo desde atrás, el CGPJ ha evitado toda muestra de apoyo a De Prada.
Principal víctima de un comunicado erróneo difundido en octubre de 2020 por el Supremo, que lo rectificó de inmediato tras ser alertado de su equivocación, De Prada ha visto cómo el PP no ha cesado de disparar un eficaz mantra: que el alto tribunal “eliminó un párrafo” introducido por el juez progresista en la sentencia de la pieza más relevante del caso Gürtel, la que en mayo de 2018 había confirmado la existencia de la caja B y de un “sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”.
En su resolución de 2020, el Supremo ratificó la validez de lo afirmado sobre el “sistema de corrupción”. Con una sola salvedad: donde la Audiencia entendía probada la manipulación de contratos a escala local, autonómica y estatal, la Sala de lo Penal borró la referencia a lo “estatal”. El texto sobre esa cuestión quedó así: “(…) se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido [el PP], que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (Comunidades Autónomas y Municipios gobernados por el PP)”.
Una batalla guadianesca
La guadianesca batalla del PP contra Prada -aflora por momentos a conveniencia, se sumerge y luego sale de nuevo a la superficie- ya había comenzado en 2018. Tanto es así que cuando la negociación para renovar el CGPJ no había estallado aún por la dinamita de aquel whatsapp del PP sobre el control del Tribunal Supremo, De Prada compareció en noviembre de 2018 ante el Congreso como aspirante a una vocalía del órgano de gobierno de los jueces a propuesta de PSOE y Podemos. Ese día -16 de noviembre de 2018-, el portavoz del PP en la sesión, Carlos Rojas, espetó a De Prada lo que sigue: “Es bueno para la justicia que deje de poner sentencias”.
Aquella abierta declaración de censura a quien seguía ejerciendo como juez tampoco pasó factura al PP. Y aunque observadores alejados de la bronca política puedan plantearse si un magistrado en activo debe o no optar a un cargo bajo los auspicios de un partido -en este caso, los dos de la coalición de Gobierno-, el desprecio exhibido por el PP hacia De Prada contrasta radicalmente con su soporte a García Castellón. Es decir, al juez que, apenas un mes antes de dictar el auto por el que de facto imputaba a Puigdemont pese a su aforamiento, se había pronunciado públicamente contra la futura ley de amnistía en un acto en el que tuvo como prologuista y autor de encendidos elogios hacia su persona a Julio Ariza, jefe del clan mediático ligado a Vox.
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Aquella frase de Carlos Rojas sobre que era preferible ver a Prada en el CGPJ antes que en un tribunal no había sido el primer ataque directo a De Prada por parte del PP. El 1 de junio de aquel año, segunda sesión de la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel conocida dos semanas antes, el entonces portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, acusó al juez José Ricardo de Prada de “sintonía con el mundo proetarra”.
Aventado desde la tribuna del Congreso, el ataque del todavía partido del Gobierno contra quien había sido ponente de la sentencia que constataba la existencia de una caja B se basaba en unas declaraciones efectuadas dos años antes por De Prada. En abril de 2016, De Prada se había pronunciado sobre las condenas impuestas a España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar denuncias de torturas a detenidos por terrorismo, como en efecto había sucedido y así lo atestiguó el Parlamento de Estrasburgo . "La tortura -dijo el magistrado en una mesa redonda - se ha producido de manera clara y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de derecho". De Prada no sostuvo en ningún momento que “en la Audiencia Nacional se torturaba a terroristas” pero Hernando le endosó tal frase. El juez, que obtuvo el respaldo de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JJpD) , no lo logró por parte del CGPJ. El órgano de gobierno de la judicatura le había abierto expediente tras una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pero lo archivó en dos meses al no encontrar “tacha” en sus palabras. Nada más. No hubo comunicado de reproche a quienes desde el PP -primero Hernando y luego la portavoz de Justicia- habían señalado a un magistrado de la Audiencia Nacional como afín a una cruel banda terrorista oficialmente autodisuelta desde mayo de aquel año.
La viralización de un dato falso
Y así, cuando calificar a un juez de proetarra parecía ya estar en los cajones de hemerotecas apolilladas, el PP lanzó de nuevo los puñales contra De Prada el 14 de octubre de 2020. Poco antes de la hora de comer y con todas las redacciones en espera de la sentencia que había de dilucidar si el Supremo aceptaba o no el recurso de casación interpuesto por el PP, el tribunal adjuntó un comunicado a su sentencia.
La nota oficial afirmaba que los magistrados consideraban “excesivas las menciones a la caja B del PP de la sentencia recurrida porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa”. En realidad, ninguna de las 1.843 páginas de la sentencia del Supremo incluía tal aserto. Y por eso el comunicado se rectificó a última hora de la tarde. Pero el PP bombardeó desde el primer momento el mapa mediático con aquel mensaje erróneo, que permanece incrustado desde entonces en numerosos medios de comunicación afines a la derecha pese a la ya mencionada rectificación.
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Una vez se hizo patente que elefantes de la comunicación como El Mundo, ABC y La Razón así como una miríada de diarios de papel regionales y locales más otros digitales habían coincidido en publicar que el Supremo acababa de recortar de forma drástica la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, De Prada pidió amparo al órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se lo denegó alegando que su solicitud carecía de “fundamento”.
Desde que la Audiencia Nacional dictó su sentencia con De Prada como ponente, el PP había puesto especial énfasis en recusarlo para que no participase en el juicio de otras piezas derivadas de la trama de corrupción liderada durante años por Francisco Correa. De hecho, logró ya en octubre de 2019 que la Sala Penal de la Audiencia Nacional lo descabalgase del tribunal encargado de enjuiciar la pieza de los papeles de Bárcenas. Bajo la batuta de la magistrada conservadora Concepción Espejel -que no participó en la reunión- y por ocho votos frente a siete, el pleno de la Sala apartó a De Prada aduciendo que la argumentación de la sentencia de 2018 sobre la caja B “no era absolutamente necesaria”. Y que su imparcialidad ya estaba “comprometida”.
Que el Supremo validase un año más tarde la sentencia de 2018 resultó un auténtico chasco para observadores que daban por hecho el carácter profético del auto de la Sala Penal de la Audiencia que había apartado a Prada. En noviembre de 2020, al mes de aquella validación jurídica, el único disidente de los tres miembros del tribunal de la Audiencia que había confirmado la existencia de la caja B, Ángel Hurtado, fue ascendido a la Sala Penal del Supremo por el CGPJ.
