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Transparencia

Las dudas que no resuelve Begoña Villacís sobre la empresa que creó con su marido

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís.

Una semana después de que el diario Abc publicase que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y virtual candidata a la Alcaldía por la formación naranja, Begoña Villacís, había ocultado su participación en una empresa fundada con su marido, Iuriscontencia SL, persisten las incógnitas.

El jueves, y en la misma conversación donde remachó que se había desvinculado en 2009 de Iuriscontencia SL al vender a su cónyuge sus participaciones y que constó como administradora solidaria hasta marzo de 2018 solo por un error, Villacís confirmó a infoLibre un dato desconocido hasta entonces: que desde 2015, su marido y ella son inquilinos del chalé de 629 metros útiles que, levantado sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Villanueva de la Cañada, a 30 kilómetros de la capital, constituye el mayor activo de Iuriscontencia SL. Comprada en 2008, las cuentas de la sociedad asignan a la parcela un coste de 203.000 euros, es decir, de 101,5 euros por metro cuadrado. Esas mismas cuentas asignan al chalé allí construido un valor superior a 500.000 euros.

El mismo año en que adquirió ese suelo, Iuriscontencia contabilizó una deuda de 200.000 euros, pero no lo hizo en la casilla reservada a pasivos financieros derivados de créditos bancarios sino en otro apartado. Con quién contrajo esa deuda continúa siendo un interrogante: Villacís dice que su marido aportó el dinero –es decir, que le hizo un préstamo a la compañía– pero este no ha accedido a confirmar el dato. Iuriscontencia tiene como principal objeto social el asesoramiento jurídico. No se trata, remacha la edil, de una sociedad patrimonial.

La empresa tiene otros dos inmuebles: una oficina de 175 metros cuadrados construidos en el céntrico barrio de Argüelles y una plaza de garaje de 14 metros ubicado en el mismo complejo. Las cuentas de 2017, las últimas disponibles en el Registro Mercantil, valoran en 992.183 euros el chalé, la oficina y el garaje. La primera compra, la de la citada parcela, se efectuó en 2008. Las dos últimas –la oficina y el garaje–, en 2016. Sobre ninguna de las tres propiedades pesa hipoteca a día de hoy. A la oficina, Iuriscontencia le asigna un valor contable –es decir, de adquisición– de 212.268 euros.

Hasta 2016, Iuriscontencia SL no anotó ni un solo euro en la casilla que los formularios de cuentas anuales reservan para "deudas con entidades de crédito". Sus fondos propios en 2016 se situaban en 491.024 euros. Al año siguiente, y tras una inspección de Hacienda efectuada en 2016, esos fondos se desplomaron hasta cifras negativas: -39.508 euros. La existencia de esa inspección fue desvelada el sábado por elconfidencial.com.

Sus pasivos financieros, a corto o a largo plazo, aparecen siempre contabilizados en otros apartados distintos a las deudas con entidades de crédito, salvo en los dos últimos ejercicios, donde sí constan cantidades adeudadas a bancos: 118.637 euros en 2017, aunque la mayor parte de los pasivos financieros aparecen anotados en la categoría de "otros": 606.245 euros.

¿Aportó su marido el dinero para la parcela?

¿Significa todo lo anterior que el grueso de las deudas contraídas por la sociedad hasta 2016 proceden de préstamos aportados por sus socios o por terceras personas ajenas a la empresa o por otras sociedades? No necesariamente, coinciden todos los fiscalistas consultados por este periódico. "Pueden haber anotado créditos bancarios en otros apartados donde no se ve la procedencia, y solo se trataría de un error contable, aunque no es habitual hacerlo así", sostiene un experto acostumbrado a escrutar cientos de memorias anuales de empresas de todo tamaño. Los demás sondeados coinciden en el diagnóstico: lo usual, y lo más transparente, es que los préstamos otorgados por entidades financieras figuren en la casilla reservada expresamente a ese tipo de deudas. 

Cuando este periódico le preguntó el jueves a Begoña Villacís con qué persona física o jurídica había contraído Iuriscontencia la deuda de 200.000 euros que en 2008 le permitió comprar la parcela de 2.000 metros cuadrados sobre la que cuatro años más tarde quedó construido el chalé del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, la edil deslizó su convicción de que el dinero había sido aportado por su marido. "La sociedad genera ingresos y además hay préstamos que mi marido le hace a la sociedad", fueron sus palabras, y así se las trasladó este diario junto con un resumen de sus restantes declaraciones para que corrigiese o matizase cualquier eventual error antes de la publicación.

Villacís no tocó ese punto, pero aconsejó a infoLibre recabar la versión de su marido, el abogado Antonio Suárez-Valdés, dado que, como insistió a lo largo de la charla, ella se había "desvinculado" de Iuriscontencia en abril de 2009. Ni su familia ni la propia Begoña Villacís –afirmó con rotundidad– le han prestado nunca ni un euro a Iuriscontencia.

El viernes, y durante una breve conversación telefónica, el cónyuge de Villacís dijo no recordar quién había prestado aquellos 200.000 euros que actuaron como germen del patrimonio inmobiliario. Este periódico le remarcó que su esposa había dicho que fue él quien aportó esos fondos. El abogado no lo confirmó. Este lunes, infoLibre volvió a hablar con él y le envió un resumen de las escuetas respuestas que había ofrecido el viernes por si había algún error. "No vamos a facilitarles datos porque luego los tergiversan", dijo. 

Las cuentas de la sociedad de 2008 y de los ejercicios sucesivos, hasta el de 2016, no mencionan ninguna operación vinculada. Los préstamos desembolsados por los socios lo son. Los autoalquileres de inmuebles, también. Las operaciones vinculadas deben hacerse siempre a precio de mercado: es decir, el socio que presta el dinero debe cobrar intereses que encajen con los del mercado. Y si el socio, como ocurre aquí, y su cónyuge se convierten en inquilinos de la empresa, han de pagar una renta mensual equiparable al que pagarían de no ser suya la empresa que posee el inmueble alquilado. El precio, aseguró más tarde una portavoz de la edil, 1.400 euros.

Un 'decalaje' de dos años

En 2016 concurrieron varias circunstancias relevantes para Iuriscontencia SL, fundada en 2007 con un capital de 3.010 euros repartido en otros tantos títulos. De acuerdo con su versión, Villacís había dejado de ser socia de la compañía el 1 de abril de 2009 al vender sus 1.354 participaciones a su marido, aunque siguió desempeñando el cargo de administradora solidaria hasta septiembre de 2011.

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Y de nuevo según su versión, solo se percató de que el cese no se había inscrito en el Registro Mercantil hasta que en marzo de 2018 el digital elsaltodiario.com publicó que lo seguía manteniendo y no lo había incluido en su declaración de bienes e intereses. A partir de ahí, expone la portavoz de Ciudadanos, acudió de inmediato al Registro y subsanó el error.

Pero este lunes el diario Abc publicó que cuando el marido de Villacís compareció ante notario en 2016 para escriturar la compra de la oficina comprada por Iuriscontencia SL lo hizo en calidad de administrador solidario. Y que así consta en un "documento notarial". Los expertos consultados a ese respecto aseguran que, muy posiblemente, Suárez-Valdés figura en la inscripción registral del inmueble como administrador solidario porque ese era su cargo formal en tanto el Registro no inscribiese el cese de su mujer.

A la vista de ese dato, este periódico trasladó a la edil una nueva pregunta el mismo lunes. La de qué factor explica que Antonio Suárez-Valdés, socio único de Iuriscontencia desde 2015, compareciese en abril de 2016 ante el notario como administrador solidario. Esta vez, sus portavoces rehusaron ofrecer una respuesta. Y lo hicieron alegando que en esa fecha todo lo concerniente a Iuriscontencia le era ya ajeno. No se sabe, por tanto, por qué si, aun en el supuesto de que, como consecuencia del error registral, su marido hubiese tenido que firmar en calidad de administrador solidario al comprar la oficina el 1 de abril de 2016, se produjo un decalaje de dos años. Porque Begoña Villacís no formalizó su cese como administradora de la sociedad hasta marzo de 2018.

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