El fracaso de la gestión de residuos

Ecologistas denuncian a España frente a la Comisión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje para 2020

Protesta de Greenpeace en el vertedero de Valdemingómez.

Un total de 16 organizaciones han denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por incumplir sus objetivos de reciclaje y reutilización para los residuos minicipales para 2020. Las directivas europeas y la ley de Residuos de 2011 obligan al país a preparar un 50% de los desechos para su reutilización y reciclado en el 2020. Los últimos datos oficiales son de 2018 y solo alcanzan el 35%; la estimación de Eurostat indica que en 2019 bajamos al 34,7%. El sistema español no funciona y los ecologistas buscan un tirón de orejas por parte del Ejecutivo comunitario, que ya ha admitido a trámite la demanda. "Estamos en una situación crítica, a la cola de la Unión Europea en materia de reciclaje. La mayoría de los residuos acaban en vertederos e incineradoras", aseguró en una rueda de prensa celebrada este jueves para presentar la acción Adriana Espinosa, de Amigos de la Tierra. 

Desde hace años es sabido que era prácticamente imposible que España cumpliera con el 50% de reciclaje y reutilización para 2020. Estábamos demasiado lejos. Ya estamos en 2021, así que las organizaciones, entre las que se encuentran Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Rezero o Surfrider, más un buen número de asociaciones de ámbito autonómico, han considerado que es el momento de actuar. Ahora, la Comisión Europea estudiará los términos de la denucnia y si tiene base, se pide al Gobierno que se defienda. Si sus explicaciones son insuficientes, "se abre un procedimiento de estudio en profundidad de esos incumplimientos", detalló Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción. Y si concluye que, efectivamente, se ha producido una infracción, se elevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "independientemente de que se puedan abrir expedientes sancionadores". La sensación entre los denunciantes es que el Estado español tiene todas las de perder en el caso, porque la inacción es clara, aunque "no es tarde para cambiar este modelo absolutamente viciado". 

Las organizaciones criticaron con dureza al Gobierno español y, en concreto, al Ministerio para la Transición Ecológica liderado por Teresa Ribera por la insuficiente ambición de su anteproyecto de Ley de Residuos, que viene a sustituir a la de 2011 y que hace unas semanas cerró su periodo de participación pública. "El actual texto no está ni de lejos a la altura de las circunstancias, más bien al contrario", aseguró Espinosa. "Sigue repitiendo soluciones que han demostrado ser fallidas año tras año. En primer lugar, la ley debe cumplir con la jererquía de residuos. Debe priorizar la prevención. Además, debe desplegar todo el potencial de la materia orgánica. Se debe garantizar que se recoge".

Varios ayuntamientos han colocado en los últimos años contenedores para recoger este tipo de residuos, que en otros muchos se mezcla con la fracción resto: pero las cifras no han mejorado. Y por último, apuntó la activista, la norma "debe cumplir de verdad con la responsabilidad ampliada de productor, sobre todo en el caso de los envases". Son las empresas que ponen productos en el mercado los que deben garantizar su correcto tratamiento. Así lo exige la Unión Europea. No es solo cuestión de la conciencia cívica de los ciudadanos. Y el cumplimiento de este principio está plagado de carencias, consideran las asociaciones. 

"Es una constante del Estado español el incumplimiento de las obligaciones ambientales", afirmó Arribas. Además de la infracción de la meta de 2020, la directiva europea 2018/851 debía haberse traspuesto al ordenamiento jurídico español en julio de este año y aún no se ha hecho. Dicho texto asegura que organizaciones como Ecoembes, bajo el régimen llamado "de responsabilidad ampliada del productor", deben "aceptar la devolución de productos reutilizables y la entrega de los residuos generados tras el uso del producto", así como "asumir la subsiguiente gestión de los residuos y la responsabilidad financiera de estas actividades".

Para las organizaciones denunciantes, la ley de Residuos debería obligar a implantar mecanismos como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Ecoembes, formada por las principales compañías que ponen envases en circulación, es el máximo exponente de un sistema que se basa en el contenedor amarillo. El SDDR, en el que los consumidores pagan de más por el envase y luego lo devuelven para su reutilización a cambio del dinero extra que abonaron, no es compatible con su modelo.

El objetivo de 2020 de la Unión Europea incluye también la reutilización. "Pero la reutilización ni está ni se la espera", critica Rosa García, de Rezero. El anteproyecto no obliga a instalar el SDDR, pasa de puntillas por este modelo: el Gobierno asegura que se regulará en un decreto posterior, pero los ecologistas no creen en esas promesas. "La ley de 2011 nos ha llevado a esta situación, hace falta una norma mucho más ambiciosa. Se da la circunstancia que es prácticamente el mismo equipo ministerial que hizo esa ley fallida", criticó Julio Barea, de Greenpeace. El SDDR, considera, "no es la panacea", pero es "imprescindible" para ir un paso más allá del reciclaje. El activista pidió a Teresa Ribera "que no se deje presionar" por Ecoembes, que a juicio de la organización, ofrece constantemente cifras imposibles de contrastar y muy poco creíbles y constantemente "torpedea" un cambio de modelo en cuanto a gestión de residuos. 

Ecoembes está impulsando en diversos municipios de la geografía españolaun Sistema de Devolución y Recompensa (SDR), llamado Reciclos, que no implica una reutilización de los envases: solo una pequeña bonificación al usuario que, mediante el uso de una app móvil y de códigos escaneables, puede obtener rebajas o descuentos en determinados servicios si registra los recipientes que deja en el contenedor amarillo. Con esta maniobra, critican los ecologistas, la organización pretende desviar la atención del SDDR y seguir incumpliendo la responsabilidad ampliada del productor que exige la UE. El Salto publicó hace dos semanas que, además, Ecoembes pretende que este nuevo mecanismo sea sufragado con dinero público. 

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