caso Neurona

Empleados de la campaña electoral de Podemos declaran ante el juez que no conocían a los trabajadores de Neurona

El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

infoLibre

Dos personas que trabajaron para Podemos en la campaña para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 han declarado este lunes en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid que no conocían ni a la consultora política Neurona ni a sus trabajadores, en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez Juan José Escalonilla para determinar si el trabajo que esta empresa hizo para el partido fue real o si, por el contrario, hubo un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas de Podemos.

El juez ha escuchado los testimonios de Silvia Santana y Tirso Nohales, dos personas que fueron contratadas por Podemos para la campaña electoral de 2019 para la prestación de servicios audiovisuales, "de cara a comprobar la realidad de prestación por Neurona Comunidad S.L. de los servicios que presuntamente le fueron contratados por el partido político", según el auto de citación. También estaba llamado como testigo Víctor Lasa, otro trabajador de la campaña electoral, pero no ha podido acudir.

Santana, que cubrió solo dos actos electorales para Podemos, y Nohales, que participó en unos diez, han explicado a Escalonilla que ellos solamente se ocuparon del servicio de streamingstreaming (emisión en directo) y que no conocían ni a Neurona ni a sus trabajadores, pero tampoco a los demás proveedores contratados por la formación electoral para dichos actos, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes han indicado que tanto Santana como Nohales han precisado que eran conscientes de que había otros trabajadores contratados por Podemos cubriendo los actos electorales, pero que ellos no tenían relación con los mismos. Así, ambos han detallado que en algunos eventos en los que se ocuparon del streaminghabía otras cámaras además de las que ellos manejaban.

Durante la declaración se les han mostrado una serie de vídeos editados sobre esos actos electorales que habría realizado Neurona. Santana y Nohales, de acuerdo con dichas fuentes, han reconocido los eventos en los que participaron, pero no las imágenes usadas ni el resultado final. También se han visionado vídeos editados de eventos en los que no estuvieron ninguno de los dos.

Fuentes de Podemos han señalado que el trabajo que hacían Santana y Nohales era complementario al de Neurona, porque ellos se encargaban solamente del streaming, mientras que la empresa hacía tres cosas distintas: grabar imágenes de recurso en los actos electorales para usarlas en los vídeos editados, elaborar esos vídeos y el análisis político previo para poder confeccionarlos.

Por su parte, la abogada de Vox, Marta Castro, ha llamado la atención —en declaración a la prensa— sobre el hecho de que "los testigos ponen de relieve que no conocían a ningún personal de Neurona", al tiempo que ha apuntado que tampoco ha quedado claro el trabajo que hacían Santana y Nohales. Igualmente, ha resaltado que "parece que falta bastante documentación" relativa a la estrategia de comunicación de Podemos para la campaña electoral de 2019.

El contrato con Neurona

La investigación de Escalonilla se centra en el contrato que Podemos suscribió con Neurona Comunidad por 363.000 euros para que realizara labores de consultoría política con motivo de las elecciones generales, ya que ve "indicios racionales" de que los cobros efectuados por la empresa al partido "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido contratos simulados para ocultar "una distracción de dinero" de las cuentas 'moradas' constitutiva de un delito electoral.

La causa parte de la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente por cuatro supuestos ilícitos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el destino de 50.000 euros transferidos de la Caja de Solidaridad del partido a #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras 'moradas' —la abogada Marta Flor—; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede.

Escalonilla ha archivado las actuaciones en lo relativo a los contratos electorales con ABD Europa y a la llamada Caja B, pero continúa investigando lo demás. No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid le ha recomendado limitar sus pesquisas al contrato con Neurona, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros "rumores, sospechas o suspicacias".

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