La herencia del PP

Dos empresas aportan datos de juego sucio en la venta de pisos públicos de Madrid a un fondo buitre en la etapa de Ana Botella

Ana Botella en una imagen de 2014, cuando era alcaldesa de Madrid.

Boicoteada por el PP, por el principal beneficiario de la operación –el fondo buitre Blackstone– y por el intermediario que cobró 2,4 millones sin que se sepa cambio de qué, la comisión municipal que investiga en Madrid la venta de 1.860 pisos públicos en 2013 bajo el mandato de Ana Botella cerró este viernes la fase de comparecencias. Y lo hizo con los testimonios de dos directivos de otras tantas empresas privadas que no lograron alzarse con la adjudicación de las 18 promociones en venta y que, si nadie los desmiente con datos, auguran un dictamen susceptible de ser resumido en tres palabras: hubo juego sucio.

Las revelaciones más peligrosas para el PP partieron del último de los comparecientes ante la comisión, Carlos García Álvarez, presidente de Urban Glocal Solutions SL. De la mano del fondo estadounidense Harbor Group, al que definió como especializado en viviendas sociales de alquiler, y de la consultora también norteamericana Alvarez&Marsal, Urban ofertó la cifra más alta –130 millones– por aquellas 18 promociones finalmente adjudicadas a dos filiales de Blackstone.

La EMVS, aseguró, llegó a comunicarle telefónicamente que su oferta había ganado. Días después, la misma EMVS envió un correo donde atribuía aquella comunicación a un "error". ¿Cuál?, preguntaron los concejales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos que participan en la comisión. Nunca se lo explicaron, respondió el directivo de Urban Glocal. 

Antes que García Álvarez había comparecido el representante de Canary Top SL. La Empresa Municipal de Vivienda (EMVS), dijo, ni siquiera permitió acceder a la información básica que requería para presentar una oferta en nombre de un fondo de inversión cuya identidad no desveló.

Pero, sin duda, el testimonio que con mayor profusión de cifras, fechas y pormenores refutó la decisión del equipo de Botella y afianzó las sospechas sobre la operación alentadas por la propia Cámara de Cuentas de Madrid, donde los auditores afines al PP son mayoría, fue el de García Álvarez. El grupo en el que Urban figuraba como futuro gestor del parque de alquiler ofreció también –dijo García Álvarez– la creación de un fondo de emergencia que evitase el desahucio de inquilinos en casos de "vulnerabilidad sobrevenida".

El proceso de venta –sentenció– fue "un traje a medida", proclamó de forma directa. Alguien, diagnosticó el directivo, decidió que había que impedir la entrada en España de fondos privados capaces de gestionar parques de alquiler para rentas medias y bajas de forma efectiva y pensando en la permanencia de quienes ya vivían allí.

La entrada de ese tipo de fondos sociales –"del tercer sector", definió el compareciente– habría asestado un golpe formidable a los operadores interesados en "dar el pase". Es decir, en comprar y vender lo más rápido posible aunque eso comporte expulsar a quienes residen en los pisos que originalmente fueron de titularidad pública.

"Birlada con malas artes en la línea de meta"

¿Pensaron en acudir a los tribunales una vez que la EMVS dio marcha atrás tras anunciarles que habían ganado?, le preguntó al presidente de Urban, Carlos García Álvarez, la concejal socialista Mercedes González. "Nosotros sí, pero los fondos lo desestimaron. No quisieron saber nada más. Hicieron una apuesta importante tres veces y tres veces se la birlaron en la línea de meta con malas artes".

El presidente de Urban dijo "tres veces" porque, según su relato, fueron tres las ocasiones en que, desde 2011, el grupo que representaba había lanzado ofertas supuestamente ganadoras por aquel lote de viviendas y tres las que la EMVS dio marcha atrás. 

Oficialmente, el proceso de venta fue convocado en mayo de 2013 mediante un anuncio publicado en el diario El País. Pero meses antes, en diciembre de 2012, la EMVS ya había contratado a cinco comisionistas para que buscasen clientes. Y antes aún, en el segundo semestre de 2011, ya empezó a rastrear posibles compradores en los salones internacionales del sector. Al menos, eso contó García Álvarez en su comparecencia. Tanto él como su homólogo de Canary Top SL, Pablo Jorge García, coincidieron en que la venta a Blackstone es nula. Y que si así lo declarase un tribunal la empresa pública ni siquiera tendría por qué indemnizar al fondo buitre.

Finalizadas las comparecencias, el dictamen de la comisión se conocerá en septiembre. Y tanto en Ahora Madrid como en el grupo socialista cobra fuerza la idea de acudir a los tribunales.

Fuentes conocedoras de los entresijos de la investigación entienden que el plante de los conservadores –la comisión carece de potestad para forzar comparecencias–, el de los representantes de Fidere –filial de Blackstone– y el de la UTE Ítaca-Creaziona, la que cobró 2,4 millones de comisión por trabajos de intermediación de los que no hay rastro, solo perjudica a sus protagonistas. Esos 2,4 millones –dijo García Álvarez– carecían de sentido. Ítaca está capitaneada por un antiguo directivo y socio de Aguirre Newman, firma ligada accionarialmente a un hermano de Esperanza Aguirre.

En 2015, un informe del Ministerio de Hacienda constató que el 60% de los desahucios ejecutados en Madrid capital tenían como víctimas a inquilinos de viviendas públicas vendidas por el Ayuntamiento o el Gobierno regional a fondos buitre.

En los últimos años, varios de los también llamados fondos oportunistas han hecho grandes operaciones en Madrid. Además de Blackstone, Goldman Sachs-Azora se alzó con viviendas del Gobierno regional. Y Cerberus, para el que trabaja un hijo de José María Aznar y Ana Botella, ha fortalecido sus posiciones gracias al parque inmobiliario de distintos bancos.

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