Entidades sociales se concentran en el Congreso para exigir la prórroga de los desahucios

Entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones de consumidores y movimientos sociales por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes frente al Congreso para exigir que se prorrogue la suspensión de los desahucios de alquiler a familias vulnerables, que vence el próximo 31 de diciembre. Informa EFE.

Después de cinco años de prórrogas –primero semestrales y después anuales– que mantienen suspendidos cerca de 60.000 lanzamientos, estas organizaciones quieren además que el Gobierno haga estructural la medida y amplíe la cobertura a todos los supuestos de vulnerabilidad.

Durante la protesta, la directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC), Irene Escorihuela, ha explicado que su intención es reunirse en las próximas semanas con el Gobierno y con los grupos parlamentarios, incluidos el PP, Vox y Junts.

Estos tres grupos tumbaron la medida en enero, al votar en contra del decreto 'ómnibus' en el que el Ejecutivo la había incluido, lo que obligó al Gobierno a incluirla un mes después en otro decreto ley con la subida de las pensiones, otras medidas del llamado escudo social y ayudas a afectados por la Dana, que PP y Junts sí apoyaron. "La correlación parlamentaria no es muy favorable, pero esperamos que Junts sea favorable en esta ocasión", ha apuntado la directora del DESC.

En la misma línea, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha afirmado que "para poder hacer una política atrevida se necesita una mayoría parlamentaria y en estos momentos ésta es especialmente compleja".

"Como siempre, hasta que no se lleve a aprobación quiero ser prudente, pero necesitaría de la aprobación parlamentaria. No quiero aventurar nada, hay que abogar por el debate y el trabajo con la mayoría parlamentaria por sacarlo adelante", ha señalado Lucas en un acto de la Fundación Alternativas.

Según han explicado las organizaciones sociales, al estar el decreto vinculado a las vulnerabilidades provocadas por la pandemia y la guerra de Ucrania, los jueces suelen hacer una "interpretación restrictiva y muchos vulnerables con informes de vulnerabilidad quedan fuera" de la moratoria.

Es el acaso de Mari Carmen, de 87 años, que en la concentración frente al Congreso ha explicado que el decreto en vigor no le ampara porque su contrato es de renta antigua y su vulnerabilidad no está vinculada a ninguno de los supuestos.

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Los manifestantes han recibido el apoyo de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha considerado "gravísimo" que el Gobierno siga sin decir claramente si va a renovar o no esta medida, que es el asidero de supervivencia de miles de personas".

Por su parte, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, ha recordado que su grupo ya se mostró el año pasado partidario de ampliar el ámbito subjetivo de las personas que pueden verse beneficiadas y ha defendido que "hay que dar un paso en este país, hacer estructural esta medida y dar tranquilidad a la gente cuanto antes".

Entre otros, apoyan la iniciativa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de Inquilinos de Madrid y Cataluña, Amnistía Internacional España, EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), FACUA-Consumidores en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, RED ACOGE, UGT, CCOO, Confederación Intersindical, Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).