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El futuro de Cataluña

ERC pide al PSOE que el catalán sea lengua oficial en la UE y que la comisaría de Via Laietana sea un centro por la memoria

El portavoz de ERC en el congreso, Gabriel Rufián.

Lo avisó el president de la Generalitat el pasado miércoles: “Exigiremos resultados, lo importante es avanzar”. Y no era una forma de hablar. La hoja de ruta pactada entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez implica en la práctica aparcar sine die las exigencias de autodeterminación e independencia para embarcarse en un proceso de diálogo “sin plazos temporales”. Y para el mientras tanto, ERC necesita que se den pasos, que se concreten cosas, desterrar la idea de que todo se ha parado.

La interlocución entre los republicanos y el PSOE es ahora más intensa que nunca. Hay hilo directo entre la Moncloa y la Generalitat para todo lo que tiene que ver con la mesa de diálogo como foro que cuidar por interés político de primer orden para ambas partes. Pero también los contactos son estrechos a nivel de partidos. La comunicación en Madrid entre el portavoz republicano, Gabriel Rufián y la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, sigue funcionando. Ambos mantienen esa cauce de diálogo que entablaron en el Congreso y que seguirá funcionando en la resolución de conflictos que surjan en el día a día.

Próxima parada, Presupuestos

Ahora, y en el marco de las negociaciones para poner el marcha los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, ERC y PSOE activarán las “reuniones técnicas” entre partidos que ya funcionaron, por ejemplo, en la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020. Serán encuentros discretos, generalmente sin convocatoria pública, que servirán para afianzar una relación política que, si los planes salen como ambas partes esperan, puede resultar estratégica para los próximos años. El formato de esas reuniones será parecido al de otras ocasiones, y por parte de Esquerra estará conformado también los mismos interlocutores: el propio Gabriel Rufián, la portavoz Marta Vilalta y el presidente del grupo parlamentario en Cataluña, Josep María Jové.

Entre esos avances que exige la Generalitat habrá, obviamente, un amplio capítulo para las inversiones. El primer episodio en ese sentido ha salido mal por la falta de acuerdo para llevar a cabo la ampliación del aeropuerto de El Prat, apalabrada entre ambas administraciones y cifrada en 1.700 millones de euros pero, finalmente, suspendida. Los Fondos de Recuperación Europeos también están pensados para que produzcan un fuerte impacto territorial en materia de inversiones. La idea del Govern es aprovechar ese flujo de dinero para reivindicar las mejoras en infraestructuras y en financiación que vienen reclamando desde hace años. El Gobierno, por su parte, aspira a desterrar la idea de que el Estado “trata mal a Cataluña” o, simplemente, ignora sus demandas.

El catalán, oficial en la UE

Pero el objetivo de Pere Aragonès es concretar pequeños logros que vayan más allá del dinero y de las infraestructuras y le permitan explicar que la vía emprendida tiene sentido. Conscientes los republicanos de que la verdadera oposición a su gestión y a la apuesta por el diálogo la tienen en el seno de su propio Govern por la postura de sus socios, ERC va a plantear al PSOE una batería de medidas en materias como la memoria democrática o el uso del catalán.

Esta misma semana, Esquerra planteará al Gobierno en la sesión de control del miércoles la petición de que el catalán sea reconocida como lengua oficial de la Unión Europea. El grupo republicano ya ha registrado en el Congreso esta iniciativa orientada a que se incorpore al régimen lingüístico de las instituciones comunitarias y que, por tanto, pueda utilizarse en el Parlamento Europeo por parte de los eurodiputados catalanoparlantes que así lo requieran. La medida implicaría una petición formal del Gobierno español a la Conferencia Intergubernamental para la revisión de los Tratados constitutivos de la UE con el objetivo de cambiar el artículo 55.1 e incorporar el catalán en la relación de lenguas. Ahora, ERC se lo plantea formalmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Vía Laietana, centro de memoria

En las conversaciones para sacar adelante los Presupuestos, los republicanos también tienen intención de poner sobre la mesa toda una batería de medidas sobre memoria democrática que consideran “asignaturas pendientes” para Cataluña. De hecho, el grupo parlamentario en el Congreso ya se ha mostrado en contra de la ley de memoria democrática presentada por el Gobierno, que considera insuficiente, y ha presentado enmienda a la totalidad. La idea es negociar con los socialistas medidas muy concretas en materia de memoria y dignidad para la reparación de las víctimas del franquismo. Según ha podido saber infoLibre, ERC también planteará al Gobierno la conversión de la barcelonesa comisaría de Policía Nacional de Vía Laietana en un centro de información sobre lo que allí ocurrió.

Como en el caso de la actual sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, el edificio de Vía Laietana se convirtió en centro de torturas durante el franquismo. El Govern de la Generalitat ya ha planteado en varias ocasiones en la comisión bilateral la cesión de ese inmueble de Barcelona para llevar a cabo un lugar de reparación y memoria a las víctimas. De momento, sin resultados, puesto que el Ministerio del Interior ha rechazado hasta la fecha el traslado de la Policía y el abandono del edificio.

No será la única petición en materia de memoria. También reclamarán la restitución de "todos los honores, bienes y documentos" incautados por el franquismo a la Generalitat, así como los fondos destinados a indemnizar a los represaliados del franquismo y un inventario de todos los bienes incautados por el régimen. Sobre esos bienes, en su texto de enmienda ERC exige también la devolución del dinero confiscado y que se facilite el intercambio de papel moneda republicano por euros. Y pide que el Gobierno vaya un paso más allá y declare la ilegalidad de los tribunales o jurados "ilegales" de la Guerra Civil que se constituyeron por motivos de ideología, así como de las sentencias que dictaron "por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual".

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